Jornada intensa en el primer Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO) de la nueva Comisión Europa. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha liderado el rechazo a la propuesta húngara para la futura Directiva sobre las personas trabajadoras en prácticas con la que Europa busca frenar la figura del ‘falso becario’ porque -ha denunciado- incumple la premisa inicial de protección.
La directiva que hoy debaten los ministros de Trabajo de la UE fue presentada en marzo pasado por la Comisión Europea con el objetivo de garantizar en toda la UE que las prácticas no se utilicen para camuflar puestos de trabajo regulares, mediante controles e inspecciones, y que los becarios tengan las mismas condiciones que los empleados, incluido el pago, salvo que el trato diferenciado esté justificado por razones objetivas. En esos pasos iniciales, el plan incluía a todos los becarios, con independencia de su situación laboral, incluidas las prácticas que forman parte de los planes de estudios de educación formal y las necesarias para acceder a profesiones específicas.
El fin es acabar con la situación de abuso laboral que indican los datos de la propia Comisión Europea, que apuntan a que en 2019 había 3,1 millones de personas en prácticas, de los que solo 1,6 millones recibían una remuneración. Sin embargo, la propuesta de compromiso presentada por el gobierno húngaro de Víktor Orbán, que ostenta este semestre la presidencia de turno del Consejo de la UE, “significaría precariedad para toda una generación”, ha defendido Díaz ante sus homólogos en el EPSCO horas antes de la votación del texto.
En concreto, la ministra española subraya que la propuesta restringe el ámbito de aplicación excluyendo las prácticas que forman parte de los planes de estudios de la educación formal y formación profesional o las que se llevan a cabo en el marco de las políticas activas de empleo, entre otros. Además, abre la puerta a discriminar a las personas en prácticas estableciendo motivos justificativos de un trato diferente para becarios, dificulta la lucha contras las falsas prácticas o se eluden las referencias habituales al acervo comunitario que garantizan la aplicación plena de la normativa laboral, entre otros.
“Ir al modelo que se está desarrollando hoy por la presidencia Orbán es justamente el modelo de las relaciones laborales degradadas, es decir, ‘low cost’ y con empresas insanas. […] Es inaudito que una directiva que tiene que ver, nada más y nada menos, con propiciar derechos laborales y dar seguridad a las personas que se encuentran en las prácticas formativas vean laminados sus derechos“, ha añadido. Díaz exige una directiva que dote de derechos laborales a las personas trabajadoras en prácticas y que otorgue relevancia a la formación dentro de los periodos de prácticas: “Resulta imprescindible impedir que los periodos de prácticas puedan ser utilizados para sustituir a personas trabajadoras de la empresa”.
“¿Cómo vamos a permitir que se utilice a nuestros jóvenes como mano de obra barata escondiéndolo bajo la etiqueta de ‘formación’.[…] España no puede dar su apoyo a una normativa que no avanza en derechos laborales. Y no lo haremos hasta que no tengamos un texto que verdaderamente proteja a las personas trabajadoras, en directa aplicación del Pilar Social”, ha insistido Díaz. No sólo España comparte esta opinión. Según ha indicado el Ministerio de Trabajo, Díaz ha logrado el apoyo de Alemania, Rumania, Bélgica, Portugal, Austria, Bulgaria, Eslovenia y Chipre para evitar que prospere la propuesta húngara.
La ministra de Trabajo ha recordado que en España ya se han tomado medidas en este sentido en la última reforma laboral, que garantiza los derechos de las personas en prácticas laborales y distingue con claridad las actividades formativas de las propiamente productivas y laborales: “Con nuestra reforma laboral, protegemos a las personas con contratos formativos”.
El conflicto europeo con los falsos becarios se topa con el estancado Estatuto del Becario que lleva años preparando y que Díaz espera poder aprobar en 2025 para acabar con los abusos laborales y la desprotección que se ocultan tras esta figura. A este respecto, ha recordado a sus colegas europeos que su cartera llevará al Congreso “un proyecto que garantizará los derechos de estudiantes en prácticas terminando con su explotación, tras alcanzar un acuerdo con los sindicatos”.
