La Comisión de Turismo de Diputados aprobó el proyecto de ley que busca regularizar los alquileres turísticos en viviendas particulares, una normativa que busca dar solución a la convivencia entre la industria hotelera tradicional en Uruguay y los alojamientos ofrecidos a través de plataformas como Airbnb, Booking y/o Mercado Libre.
El proyecto había sido recientemente aprobado por el Senado y ahora deberá ser tratado por Diputados para su final aprobación. El proyecto de ley, que establece un marco general para las actividades de alojamiento turístico en viviendas particulares, es un viejo reclamo de sectores vinculados al turismo, principalmente del departamento de Maldonado.
La iniciativa fue elaborada por el Ministerio de Turismo (Mintur), liderada principalmente por el entonces ministro, Tabaré Viera junto al especialista en temas turísticos, Julio Facal. Asimismo, es un proyecto que cuenta con el impulso de la Cámara de Turismo, así como también de las grandes empresas representantes de la industria hotelera tradicional uruguaya.
De forma contraria, los anfitriones de la plataforma Airbnb así como también otros propietarios de inmuebles destinados a alquiler temporario, rechazaron el proyecto ante el Parlamento por entender que la iniciativa fue elaborada “a medida” del sector hotelero.
Si bien no se oponen a una normativa que regule al sector, pidieron a los legisladores que analicen el proyecto de ley alternativo que presentaron.
Días atrás, una comisión de representantes de la Cámara de Turismo acudió a la Comisión de Turismo de Diputados para defender el proyecto de ley.
En esa instancia, el ex presidente de la gremial turística y actual integrante de la comisión directiva, Juan Martínez, señaló que la iniciativa “arrancó por imperio de la gran rapidez con que se vienen dando los cambios tecnológicos en el mundo y por cómo las plataformas y el ecommerce han invadido nuestras vidas”.
En ese sentido, defendió la postura del sector empresarial y dijo que más allá del impacto que tienen las plataformas de alquiler temporario en la competitividad de la hotelería tradicional, “hay un tema de impacto social” vinculado a la falta de seguridad ya que quienes están formalmente establecidos, además de pagar impuestos y tener las respectivas habilitaciones, están conectadas con Interpol.
Cuando alguien llega a un hotel “te preguntan el nombre y la cédula, y al minuto Interpol sabe quién está entrando al establecimiento, y nos consta porque en lo personal me ha sucedido que ha venido a buscar a alguien por estar en esa lista. Sin embargo, en los alojamientos que están por tuera no sabemos quiénes se alojan; lo desconocemos”, remarcó.
De acuerdo con el directivo de la Camtur, el objetivo final del proyecto es que “todo aquel que haga un contrato de alquiler temporario, todo aquel que haga de ese alojamiento una práctica comercial habitual, a excepción de doña María, que alquila su casita por 15 días para pagar la contribución y los impuestos del año, esté registrado, y que las plataformas de e-commerce incorporen ese número de registro en su oferta vía Internet para saber que se trata de un establecimiento formal, habilitado y que va a estar controlado en cuanto a quiénes se alojan y a la calidad del servicio que prestan”.
Por su parte, el vicepresidente de la Camtur, Francisco Rodríguez remarcó que en Punta del Este hay entre unas 10.000 a 15.000 camas hoteleras, mientras que si se incluyen este otro tipo de alojamientos hay “arriba de 120.000, no estamos hablando de algo que está pasando livianamente en el país”, señaló.
Entre otros puntos, el proyecto prevé que los inmuebles que brinden alojamiento por día y acumulen arrendamientos superiores a 120 días en el año serán considerados un prestador turístico.
En esos casos, el texto establece que el propietario, administrador o explotador de ese inmueble de uso turístico deberá realizar una declaración jurada en el registro de operadores turísticos del Mintur.
Además, el número de inscripción otorgado por el registro deberá incluirse en toda oferta que se realice a través de cualquier canal de oferta turística, tanto física como electrónica.
Por otro lado, los responsables de esos inmuebles deberán informar de manera obligatoria al Ministerio del Interior la identidad de las personas que se alojen en la vivienda.
También deberán someterse a los controles e inspecciones que determine el Mintur e informar anualmente o cuándo se determine la cantidad de turistas alojados en el inmueble; la cantidad de días en que los que se prestó el servicio de alojamiento en el régimen que establece la ley; y toda otra información que se establezca en la reglamentación.
En resumen, tendrán los mismos derechos y obligaciones que tienen los alojamientos formales del rubro hotelería que desarrollan una actividad empresarial de manera habitual.
