El especialista en temas de minería ilegal, César Ipenza, mencionó a La República que, según el Colegio de Economistas de Tarija (Bolivia), el 80% de las exportaciones de oro de Bolivia tienen origen peruano. Esta cifra coincide con lo revelado previamente por el expresidente de Perumin, Miguel Cardozo, quien afirmó que más del 50% de la producción ilegal de oro en Madre de Dios y Puno es contrabandeada a Bolivia sin pagar impuestos.
Respecto al proceso de salida del oro, Ipenza explicó que el oro enviado a Bolivia proviene de las plantas procesadoras de mineral ubicadas en Chala (Arequipa) y Nazca (Ica). “Estas plantas no son de pequeña minería, sino más bien de mediana minería disfrazada como pequeña, y procesan oro no solo de Arequipa, sino también de Pataz y otras regiones”, sostuvo
El experto indicó que tras el procesamiento, el oro se envía por la frontera hacia Bolivia, donde no existen restricciones para su compra, e incluso hay mecanismos legales para adquirirlo de privados. Además, resaltó la alta comercialización de mercurio que es vendido desde Bolivia hacia Perú y otros países, lo que facilita aún más el comercio ilegal de oro.
Según Ipenza, las autoridades peruanas deben intervenir utilizando herramientas y unidades de inteligencia para incautar el mineral, determinar su procedencia y asegurar su devolución al Estado, permitiendo que este último tome las acciones correspondientes.
El especialista también señaló la falta de capacidades adecuadas en los gobiernos regionales e incluso a nivel nacional para abordar el problema de la minería informal. Aunque la Ley N° 27651, conocida como la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, regula la formalización de los mineros informales, los avances en este proceso son limitados.
Hasta octubre de este año, el Gobierno Regional de Arequipa informó que aproximadamente 17.000 mineros artesanales operaban al margen de la formalización, mientras que solo 1.500 estaban formalizados. Ipenza enfatizó que aunque las normas pueden mejorarse, lo preocupante es la constante ampliación de plazos.
El Congreso extendió el plazo de formalización hasta diciembre de 2024, lo que, según él, desalienta la verdadera voluntad de formalización entre los mineros, ya que muchos confían en que los plazos seguirán ampliándose. Además, el hecho de iniciar el proceso de formalización e inscribirse en el Registro Integral de Formalización Minera no garantiza el cumplimiento de las normas por parte de los mineros informales.
