La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado este martes en el Senado que el Gobierno ha acordado con Euskadi y Navarra rebajar una parte de su aportación al Estado para compensarlas al no estar incluidas en el anteproyecto de ley de condonación de una parte de la deuda de las comunidades de régimen común.
La ministra ha respondido a una pregunta de la senadora de Geroa Bai Uxue Barcos en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta sobre las medidas que tomará para que la condonación de la deuda «no afecte» a Navarra y afirmó que tiene previsto un mecanismo para compensar a las regiones forales.
Las Comisiones Mixtas con País Vasco y Navarra establecieron que la parte que asume el Estado de deuda que correspondía a las comunidades autónomas «no tendrá que ser participada en la parte correspondiente de abono por parte de ambos Gobiernos». «Se efectúa de ese cálculo que aportan las comunidades forales a la deuda estatal el cómputo de la quita de la deuda que se haya hecho sobre comunidades autónomas de régimen común», explicó la ministra de Hacienda. «En ningún caso van a ser perjudicadas», garantizó Mª Jesús Montero a la senadora navarra.
El reparto aprobado por el Gobierno arroja que Andalucía y Cataluña serían las comunidades autónomas más beneficiadas en términos absolutos, con más de 18.000 millones de euros la primera y más de 17.000 millones la segunda. A continuación, se encuentran Comunidad Valenciana (11.210 millones); Madrid (8.644 millones); Castilla-La Mancha (4.927 millones); Galicia (4.010 millones); Castilla y León (3.643 millones); Murcia (3.318 millones); Canarias (3.259 millones); Aragón (2.124 millones); Baleares (1.741 millones); Extremadura (1.718 millones); Asturias (1.508 millones); Cantabria (809 millones) y La Rioja (448 millones de euros).
De todas maneras, para que la condonación de la deuda autonómica se haga realidad y, por lo tanto, País Vasco y Navarra aporten menos al Estado, falta un largo camino. Cualquier modificación en las finanzas de las comunidades autónomas, requiere de la reforma de la Ley Orgánica de Financiación Autonómica (LOFCA). Al tratarse de una ley orgánica, en la que se regulan temas esenciales, su tramitación es más rigurosa. Necesita para su aprobación una mayoría absoluta frente a las leyes ordinarias, a las que sirve una mayoría simple. Es obvio que el Gobierno no tiene mayoría absoluta en la Cámara Baja, que es de 176 diputados.
