El Gobierno aprueba la regulación del Fondo de Coinversión (Foco) en un intento de elevar la inversión extrajera en aquellas industrias consideradas estratégicas para España a través de la participación del Estado. El mecanismo estará dotado con 2.000 millones de euros procedentes de la financiación europea proporcionada por la Adenda al Plan de Recuperación aprobada por Bruselas el pasado año. El instrumento financiará -junto a fondos soberanos internacionales- parte de los proyectos que las empresas quieran implantar en territorio nacional, y servirá como aval para atraer la inversión de terceros, que podrán ser tanto instituciones financieras públicas como inversores institucionales privados extranjeros.
No obstante, el fondo pone varias condicionantes. Los proyectos deberán estar dirigidos a sectores clave para la transformación de la economía, como el desarrollo digital o la transición energética, ambos considerados determinantes para garantizar la autonomía de la industria española. Además, las empresas deben cumplir varios requisitos. Deben tener sede social en la Unión Europea, una delegación en España, estar al día en sus obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda, no ser contaminantes y contar con un informe de viabilidad financiera. El Gobierno encomendará la selección de los proyectos a un panel de expertos independientes. Ellos harán un primer cribado, pero la última palabra la tendrá un comité en el que estarán representados varios ministerios. Estará presidido por la secretario de Estado de Comercio, Xiana Méndez. Esta comisión podrá vetar las inversiones preseleccionadas por el equipo de expertos, o dar su visto bueno para que la Compañía Española de Financiación al desarrollo (Cofides) gestione la participación pública, que tendrá carácter temporal y aceptará operaciones hasta 2026.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, pone así en marcha una nueva vía para apuntalar el crecimiento económico, en un año clave en el que el PIB deberá sostenerse sobre la inversión, y en un contexto incierto en el que la deriva de la guerra en Ucrania y en Gaza, y el posible retorno del conflicto comercial entre EEUU y China -por el posible regreso de Donald Trump a la Casa Blanca- amenazan con provocar otro tsunami en las reglas del comercio internacional.
Según el documento aprobado hoy en Consejo de Ministros, el Estado tendrá un rol pasivo en la gestión de las empresas participadas, aunque se reserva la posibilidad excepcional de intervenir en la dirección. La inversión pública computará como deuda, y -aunque no pretende decidir el curso de la gestión- si compartirá ganancias o pérdidas con el resto de participantes.
La inyección de capital se realizará mediante instrumentos de capital o mediante aportaciones a fondos de inversión, actuando como un fondo de fondos. El documento deja claro que la participación del Estado no podrá rebasar el 49% del total. Es decir, “la aportación del inversor extranjero tiene que ser siempre igual o superior a la de Foco”, describe el texto aprobado por el Consejo de Ministros.
El plan, se suma a la estrategia de Cuerpo de proteger los sectores estratégicos para España. Desde su llegada al ministerio de Economía, el Estado ha entrado en el accionariado de Telefónica en una maniobra para desactivar que el 10% de la compañía acabara en manos cataríes. “Se tomó la decisión de entrar como socio estratégico de largo plazo que asegura la apuesta por las inversiones que van a ser necesarias en este ámbito que es fundamental”, dijo Cuerpo en una entrevista concedida a elEconomista.es. Además, Moncloa vetó la opa lanzada por el consorcio húngaro Ganz-Mavag sobre Talgo, con la intención de “proteger un sector estratégico”.
Economía sigue presionando para que Bruselas autorice de una vez la compra de Air Europa por parte de IAG. La operación consolidaría al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas como uno de los principales hub a nivel mundial.
