La Comisión Europea dejará atrás el año que viene la cláusula de escape que permite a los países sobrepasar el límite del 60% de deuda pública sobre el PIB y el déficit 3% del PIB, retomando la disciplina fiscal tras un periodo transitorio, ya en 2026. España es uno de los países señalados por sus comprometidas cuentas públicas. Con un nivel endeudamiento que supera el 113% del PIB, también tiene un nivel de déficit considerado “excesivo” por Bruselas. Para cumplir con el objetivo del 3%, España deberá esforzarse para bajar en unos 19.500 millones -1,5 puntos del PIB- los números rojos si se toma la estimación de déficit de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para el cierre de 2022, del 4,5% del PIB.
Esta casilla de salida quedaría aún más atrás si se observa el déficit previsto por el propio Gobierno para el cierre de 2022, en el 5% del PIB, según el ‘Plan de Estabilidad 2022-2025’. Desde ese nivel, debería reducir los números rojos más de 26.000 millones su déficit, el equivalente a 2 puntos del PIB nominal de 2022.
Con la reforma del Pacto de Estabilidad encima de la mesa, la Comisión Europea aún no aclara si levantará la mano con los expedientes que emitirá en primavera de 2024, con carácter retroactivo desde otoño de 2023, que elaborarán desde este otoño a países con alto nivel de endeudamiento como España, Francia o Bélgica.
Lo cierto es que las propias previsiones que trasladó a Bruselas el ministerio de Asuntos Económicos que dirige la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, también recogidas en el Plan Presupuestario, cumplen con la senda de consolidación fiscal que exigiría el retorno a la disciplina fiscal. Y llegaría antes de tiempo, pues las arcas españolas cerrarían 2025 ya con un déficit del 2,9% del PIB.
Echando la vista atrás, la proyección del pasivo de 2022, el punto de partida de una consolidación fiscal más férrea exigida por Europa, se mantiene calcada al menos desde los Presupuestos Generales de 2021.
Desde aquella previsión, la economía ha afrontado una recuperación del mercado laboral, la crisis de precios y ahora las subidas de tipos que enfriarán la inflación y la propia actividad económica de forma aún desconocida.
Ante un crecimiento del PIB más contenido, el director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Gregorio Izquierdo, señala la mayor dificultad para cuadrar las cuentas y el mayor esfuerzo para financiar la propia deuda ante el aumento de los tipos de interés.
De hecho, desde CaixaBank Research explican a elEconomista.es que el coste de financiación de la deuda pública española escalará a 41.000 millones anuales para 2025. Una financiación 12.000 millones más cara que en la actualidad, si bien el efecto de los tipos de interés elevará ya en 2023 este coste hasta los 34.000 millones.
“La reducción del déficit del Gobierno es factible en un entorno de responsabilidad presupuestaria y fiscal”, explica Izquierdo, que apunta al “fuerte” incremento del gasto público durante los últimos años, especialmente asociado a las mayores transferencias sociales y, en concreto, a la revalorización de las pensiones por valor de unos 13.500 millones de euros.
El consenso que recoge Bloomberg también señala a otras importantes economías. Una de las más saneadas, la portuguesa, contrasta con la previsión de cara a 2024 de países como Francia (4,7% de su PIB) o Italia (4,2% de su PIB), que aún tendrían recorrido para sanear sus cuentas. Grecia, en su caso, también sería una sorpresa.
