España e Italia solicitaron y obtuvieron la aprobación de la Comisión Europea para posponer objetivos clave en sus planes de recuperación post-Covid, según se desprende del último informe del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea.
España ha retrasado un año la renovación de 231.000 viviendas residenciales, reduciendo además el objetivo total de renovaciones de 510.000 a 410.000, debido al impacto de la inflación y el aumento de los precios de materias primas. En Italia, la falta de solicitudes para construir 2.500 estaciones de recarga rápida de vehículos eléctricos, causada por la escasez de materiales, ha llevado a posponer la medida correspondiente para este año 2024.
Por tanto, el TCUE advirtió que los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) están avanzando más lentamente de lo esperado en la economía real, lo que podría poner en riesgo la ejecución completa de algunas medidas previstas dentro del plazo establecido.
Cabe destacar también que España, a finales de 2023 se presentó el 80% de las solicitudes de pago de subvenciones y préstamos pendientes. Según el Tribunal de Cuentas, estos retrasos se debieron a la subidas del IPC, problemas de suministro, incertidumbre sobre las normativas medioambientales y la limitada capacidad administrativa del país.
Lejos de ser la excepción, los retrasos en el calendario de solicitud de pagos se han convertido en un problema generalizado a todos los países del bloque.
La auditora responsable del informe, Ivana Maletic, afirmó que es necesario insistir en la finalización de las medidas financiadas y, en caso de no lograrse, se requieren herramientas para recuperar los fondos, algo que actualmente no está contemplado en el reglamento. Además, instó a la Comisión Europea a elaborar un plan para mitigar el riesgo de acumulación de retrasos y evitar que medidas incompletas reciban un desembolso significativo.
Siete países de la UE aún no han recibido subvenciones
De acuerdo con el Tribunal de Cuentas, al finalizar 2023, Bélgica, Finlandia, Hungría, Irlanda, los Países Bajos, Polonia y Suecia aún no habían recibido ninguna subvención post-Covid. La mayoría de los Estados miembros han experimentado retrasos en la presentación de sus solicitudes de pago, debido a factores como la inestabilidad política, la incertidumbre respecto a las normativas o las limitaciones de su capacidad administrativa nacional, según el informe.
Países Bajos y Hungría no llegaron a firmar acuerdos operativos, un requisito inicial para acceder a los fondos de la UE, mientras que Suecia no envió ninguna solicitud de pago. Países Bajos, además, se vio afectado por las prolongadas negociaciones para formar una coalición de gobierno. De hecho, para poder realizar la implementación del Plan de Recuperación y Resiliencia se requería un consenso político y apoyo gubernamental que no tenía el país.
El nuevo gobierno de derecha en los Países Bajos se oficializó en julio con la firma de un real decreto, sorprendiendo a los analistas al llegar al poder en medio de un creciente descontento que ha fortalecido a los partidos antinmigración en Europa. Tras meses de disputas políticas, se llegó a un acuerdo para que el nuevo gobierno sea liderado por el Dick Schoof, exjefe del servicio de inteligencia.
En el caso de Hungría, el gobierno de Viktor Orbán debe cumplir 27 hitos destinados a combatir la corrupción y asegurar la independencia judicial, lo cual aún no ha logrado. Los otros cuatro países (Bélgica, Finlandia, Irlanda y Polonia) presentaron sus solicitudes de pago más tarde que los demás, por lo que a finales de 2023 todavía estaban siendo evaluados por la Comisión Europea, que administra directamente el fondo.
El Mecanismo de Recuperación y Resilencia tiene un valor total máximo de 723.800 millones de euros, de los que 338.000 millones son otorgados en subvenciones y 385.800 millones en préstamos.
