El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) ha identificado un total de 300 proyectos de infraestructura pública en transporte que significan 72,166 millones de dólares de inversión bajo distintas modalidades de ejecución.
Según el IEDEP, el próximo gobierno deberá tener como reto generar las condiciones necesarias para propiciar la puesta en marcha de estas obras que, sin duda, impulsará el desarrollo económico del país.
Afirma que la ejecución de estos 300 megaproyectos de transporte, comprendidas en su Reporte Cartera de Proyectos de Inversión en Transporte – Edición 2021, representa una oportunidad para las empresas que aspiren a construir estas obras o convertirse en proveedores de bienes y servicios de las mismas.
En base al portal Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), se seleccionaron un total de 260 proyectos de inversión pública pendientes de ejecución por 43,596 millones de dólares, cuyo avance es inferior al 70% y con costo superior a los 10 millones de dólares.
Según el análisis del IEDEP, con base en información del MEF, estas obras se ubican principalmente en Lima (18), Cusco (17), Junín (15), Piura (12) y más de una región (48).
Entre las obras con mayores montos pendientes de inversión figura la rehabilitación y mejoramiento de la carretera Cerro de Pasco-Tingo María (US$ 569 millones), la construcción de la segunda calzada de la ruta PE-1N tramo Lambayeque-Piura (US$ 568 millones) y la rehabilitación y mejoramiento de la carretera ruta N° PE-08 Ciudad de Dios-Cajamarca (US$ 448 millones).
Asociación Público – Privada
Según el mecanismo de inversión, hay seis proyectos en la modalidad APP que podrían ser adjudicados en el periodo 2021- 2026 valorizados en 4,628 millones de dólares. Con ello, el Estado podría construir y operar la infraestructura en alianza con el sector privado, que podría financiar total o parcialmente dichas obras y asumir riesgos que puede gestionar mejor que el Estado.
Cabe mencionar que cuatro de estos proyectos ya figuran en la cartera de Proinversión. Empezando por el Anillo Vial Periférico (US$ 1,965 millones) y el Terminal Portuario San Juan de Marcona (US$ 520 millones). Ambos proyectos fueron iniciativas privadas, serán concesionados por 30 años y se encuentran en fase de estructuración esperando recibir la Declaratoria de Interés este año. La diferencia entre ambos es que el primero será cofinanciado (el Estado aporta recursos públicos) y el segundo autofinanciado.
También figura la Longitudinal de la Sierra Tramo 4 (US$ 709 millones) y el Ferrocarril Huancayo – Huancavelica (US$ 263 millones). Ambos proyectos son iniciativas estatales y serán cofinanciadas por el Estado. El primer proyecto, que será concesionado por 25 años, se encuentra en etapa de estructuración esperando ser adjudicado en 2022. El segundo proyecto será concesionado por 30 años encontrándose en fase de transacción esperando ser adjudicado este año.
Dos de los proyectos aún no conforman la cartera Proinversión, pues están en etapa de maduración. Se trata del Tercer Grupo de Aeropuertos (US$ 731 millones) y el Terminal Portuario de Lambayeque (US$ 440 millones). Ambos son iniciativas estatales.
Para la etapa constructiva, paralelamente a las Asociaciones Público Privadas (APP), el gobierno puede firmar con algún gobierno extranjero un contrato Estado a Estado (G2G), a través del cual este último le proveerá de una Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) especializada en determinada infraestructura.
Entre sus principales funciones destaca el revisar los estudios preliminares hasta convertirlos en expedientes técnicos y licitar internacionalmente la construcción de la obra.
Bajo este esquema hay 4 proyectos G2G estimados en 13,959 millones de dólares. Aquí se encuentra la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco (US$ 682 millones) para el cual en 2019 se firmó un contrato G2G con Corea del Sur.
Asimismo, próximamente se firmará uno similar con Francia para la asesoría en la Construcción de la Carretera Central (US$ 3.241 millones), La Línea 3 (US$ 6.537 millones) y la Línea 4 (US$ 3.499 millones) del Metro de Lima también podrían seguir el mismo sendero.
El siguiente gobierno recibirá 29 obras concesionadas a privados (16 carreteras, 8 puertos, 3 aeropuertos y 2 ferrocarriles) cuya inversión pendiente suma 6,983 millones de dólares. Según su financiamiento, 14 son auto sostenibles y las restantes cofinanciadas.
El reto para las nuevas autoridades será generar las condiciones para que las obras en etapa de construcción no tengan obstáculos en su ejecución y para que las obras en etapa de operación continúen con sus planes de inversiones.
Aquí destacan 6 obras, que representan el 89% de la inversión pendiente. La Línea 2 del Metro de Lima y Callao (US$ 3,477 millones), con un avance financiero del 35%; la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (US$ 1,516 millones), con avance del 33%; el Terminal Norte Multipropósito, en el Terminal Portuario del Callao (US$ 473 millones), con avance del 47.2%; Autopista del Sol Trujillo-Sullana (US$ 256 millones), con avance del 48%; Nuevo Terminal de Contenedores en el Terminal Portuario del Callao-Zona Sur (US$ 255 millones), con avance del 59.4%; y el Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry (US$ 234 millones), con avance del 13.3%.
Finalmente, en inversión privada el proyecto de mayor envergadura es el Terminal Portuario Multipropósito Chancay (3,000 millones de dólares), ubicado en Lima y operado por Cosco Shipping Ports Chancay Peru S.A. Hasta el momento, su primera etapa -valorizada en US$ 1.300 millones- recibió la habilitación por parte de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y se estima que el proyecto concluya en 2023.
