La explotación de los bienes del satélite terrestre plantea desafíos normativos y éticos
La nueva edad de oro de los viajeros del espacio encierra un negocio multimillonario: la explotación de los recursos celestes. Un estudio de 2018, citado por la Agencia Espacial Europea (ESA) en el documento ESA Space Resources Strategy, augura ingresos de entre 73.000 y 170.000 millones de euros hasta el año 2045. En un futuro más cercano, la NASA quiere que el hombre y, esta vez, la mujer vuelvan a pisar la Luna en 2025. Después, el agua de los polos lunares y otros minerales serán imprescindibles para las bases permanentes. Más adelante, la tecnología podría abrir una nueva ruta de la seda para comercializar con tesoros como el helio-3 (componente estrella de la fusión nuclear). Estados Unidos, por un lado, y Rusia y China, por otro, lideran una carrera más veloz que la regulación internacional. Los expertos advierten: sin un orden, la galaxia puede convertirse en el salvaje Oeste.
La primera duda legal sobre el aprovechamiento de estos recursos es la de si los Estados o las compañías privadas pueden adueñarse de ellos. Los tratados internacionales en vigor (aprobados en plena Guerra Fría) prohíben la apropiación nacional del espacio ultraterrestre, de la Luna y de otros cuerpos celestes. Según el Tratado del Espacio de 1967 (el marco internacional básico), explica Víctor Barrio, asociado sénior en Hogan Lovells, “no pertenecen a nadie”.
Sin embargo, esto no implica necesariamente que esté prohibida la explotación de sus recursos naturales. Rafael Harillo, abogado especialista en derecho espacial, define así la situación: “El mar es de todos y los peces de quien los pesca”. Una visión que no es del todo pacífica. Como expone Efrén Díaz, responsable de las áreas de tecnología y de derecho espacial del Bufete Mas y Calvet, el espacio exterior es de incumbencia de toda la humanidad, pero habrá que ver hasta qué punto los tratados internacionales permiten la patrimonialización de todo o parte de este y de sus astros “pues sigue en vigor el principio de no apropiación”.
Los problemas surgen cuando se pasa de la teoría a la realidad: “Y eso va a suceder enseguida”, augura Harillo. Tanto la NASA como China planean levantar hogares permanentes en la Luna para los que se necesitarán agua, minerales (como el regolito para la construcción) y fuentes de energía como el helio-3. Para amparar la minería de asteroides, los países mejor posicionados se han lanzado a legalizarla unilateralmente. Estados Unidos rompió el hielo en 2015 con la aprobación de la conocida como Asteroid Act, que permite a sus nacionales obtener licencias para comerciar con estos recursos. Siguiendo su estela, Luxemburgo blindó por ley estas actividades en 2017. Más tarde, se han sumado otros países como Emiratos Árabes Unidos y Japón. España, pese a ser un actor destacado en la industria, carece de una ley espacial nacional. Un hándicap que, según la presidenta de la Asociación Española de Derecho Aeronáutico y Espacial (AEDAE), Elisa González, debe solventar la recién creada Agencia Espacial Española.
Acuerdos bilaterales
El espaldarazo definitivo a esta corriente más liberal, opina Víctor Barrio, “ha venido por los acuerdos bilaterales Artemisa” [diosa helena de la caza y hermana melliza de Apolo] que la NASA ha firmado ya con casi una treintena de socios internacionales para que participen en las próximas misiones a la Luna. Los pactos, que son una clase de guía sobre la cooperación en la exploración del espacio, contemplan y justifican la extracción de recursos por no constituir “intrínsecamente apropiación nacional”, indica el experto. España se convirtió el pasado mes de mayo en el vigésimo quinto país en unirse al bloque.
Y es que, agrega Harillo, esta regulación consensuada “está sumando más voluntades que el Tratado de la Luna de 1979″. Dicho acuerdo, indica Elisa González, fue ratificado apenas por una veintena de países y dejó sin resolver el régimen de uso de los recursos en el satélite terrestre, que el citado instrumento considera patrimonio común de la humanidad. De él huyeron las grandes potencias espaciales porque prevé la “participación equitativa” de todos los firmantes en los beneficios obtenidos con su explotación, razona. “¿Es justa esta participación cuando hay un Estado, organización o entidad privada que arriesga mucho capital?”, deja caer la experta.
El bum de la economía espacial está en el horizonte. Ya hay varias compañías pioneras que están apostando fuerte. Algunas han explorado la posibilidad de extraer recursos de asteroides ricos en minerales, como el platino, el oro y otros metales valiosos. Ocurre que son proyectos para los que “siendo optimista” habrá que esperar 20 años, apostilla Víctor Barrio. Lo que sí resulta más cercano, avanza, es la explotación de la Luna, que puede despegar con la próxima década. Entre las múltiples iniciativas enumeradas por los expertos llama la atención la de Green Moon Project, una empresa española que busca desarrollar la agricultura lunar.
El germen de la economía cislunar abre múltiples interrogantes para los que, de momento, no hay una respuesta clara. Uno de los debates más intensos es el de si se debería compensar y cómo a los países sin hueco en este negocio. Víctor Barrio es partidario de crear una tasa destinada a los programas de desarrollo tecnológico que resarza a estas naciones. Una fórmula que rechaza Elisa González: “Toda la humanidad se está beneficiando desde hace años de la tecnología desarrollada por Estados espacialmente activos”.
Mientras se alumbra una nueva norma internacional, Efrén Díaz subraya la importancia de garantizar un uso responsable y sostenible del cosmos, y apunta: “La insuficiencia de recursos fósiles terrestres puede ser un referente a aplicar en la utilización de recursos minerales espaciales”.
