El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha aprobado un acuerdo de dos años para Chile bajo la Línea de Crédito Flexible (LCF) por un monto de alrededor de US$ 13.800 millones, equivalente al 600% de la cuota, al tiempo que ha tomado nota de la cancelación del acuerdo anterior de Chile.
Las autoridades chilenas manifestaron su intención de tratar el nuevo acuerdo como precautorio y continuar reduciendo gradualmente el acceso, condicionado a la evolución del riesgo externo.
Este es el tercer acuerdo FCL de Chile desde 2020, en el que el acceso se ha reducido gradualmente. El primer acuerdo FCL se aprobó el 29 de mayo de 2020, equivalente al 1.000% de la cuota. El segundo acuerdo, aprobado el 29 de agosto de 2022, fue equivalente al 800% de la cuota.
El director general adjunto del FMI, Bo Li, ha apuntado que las perspectivas a corto plazo han mejorado, respaldadas por un repunte de las exportaciones mineras y una recuperación del consumo.
Sin embargo, la economía chilena sigue expuesta a elevados riesgos externos vinculados a la incertidumbre en torno a un entorno de tipos de interés potencialmente más altos durante más tiempo en Estados Unidos, una desaceleración en China y otros socios comerciales clave, y una intensificación de los conflictos regionales en el mundo.
“En este contexto, las autoridades han seguido aplicando políticas muy sólidas que han resuelto en gran medida los desequilibrios macroeconómicos generados durante la pandemia. Las ambiciones de reforma del gobierno apuntan a agregar dinamismo a la economía, al tiempo que la vuelven más inclusiva y más ecológica”, ha añadido.
Los sólidos marcos de política institucional de Chile respaldan la resiliencia de la economía y su capacidad para responder a los shocks.
Entre ellos se incluyen un marco creíble de metas de inflación con un tipo de cambio flexible, un ancla de deuda y una regla de equilibrio fiscal estructural, y una regulación y supervisión eficaces del sector financiero.
En este contexto, la Línea de Crédito Flexible (LCF) seguirá proporcionando “un valioso amortiguador” contra los riesgos extremos y una señal de la fortaleza política e institucional de Chile. Las autoridades siguen comprometidas a tratar la LCF como una medida precautoria y a reducir gradualmente el acceso, en el contexto de su estrategia de salida, en función de la evolución de los riesgos externos.
