El Ministerio de Economía y Finanzas informó que, en los primeros dos meses de gestión del nuevo gobierno, el saldo de la deuda pública de Panamá ha aumentado en US$186 millones hasta el mes de agosto del 2024, alcanzando un total de US$51,998 millones, sin embargo en septiembre ha emitió Notas del Tesoro por US$221.65 millones, para aumentar la deuda a US$407.65 millones.
Economistas advierten que esta cifra podría seguir incrementándose en los próximos meses.
“El presupuesto elaborado por el gobierno anterior incluía empréstitos. Eso no se puede echar para atrás, porque de lo contrario no puede financiar lo que estaba calculado que se iba a financiar de corriente, a menos que el gobierno toque una decisión gráfica de reducir gasto, que es lo que debería hacer, porque el presupuesto de este año está inflado en US$ 3.000 millones”, indicó el economista Felipe Argote.
En tanto que Juan Jované, economista y exdirector de la Caja de Seguro Social, indicó que para equilibrar las finanzas públicas no basta con ajustar los gastos, sino que es fundamental abordar el tema de los ingresos.
“Un problema clave en Panamá es la enorme evasión tributaria, que impacta significativamente la recaudación fiscal”, señaló.
A pesar del incremento en la relación Deuda-PIB, que ha subido considerablemente, expertos destacan que este indicador sigue siendo relativamente moderado en comparación con otros países de la región. Sin embargo, enfatizan que se debe monitorear de cerca para evitar que alcance niveles insostenibles en el futuro.
“Tenemos un nivel de deuda medio-alto, que está muy lejos de países como Argentina. Nosotros tenemos una deuda por debajo del 60%, que no es bueno, pero tampoco es malo ya que por ejemplo, Argentina está por el 90%, Estados Unidos dice que es más del 100%, y es que los países más avanzados tienen mayor carga de deuda, porque además, pueden manejarla”, complementó Argote.
El aumento de la deuda y el desafío de controlar la evasión fiscal colocan al gobierno en una posición compleja, donde deberá equilibrar la necesidad de inversión en el desarrollo del país con una gestión fiscal responsable que evite un deterioro en los indicadores macroeconómicos clave.