El ministro de Economía y Finanzas de Perú, José Arista, señaló hoy que la deuda de la filial nacional de Telefónica con el Estado peruano, por más de 1,000 millones de soles (US$ 262 millones), ya tiene que cobrarse de manera inmediata.
“La cobranza ya tiene que ejecutarse porque son cartas de garantía. La deuda que se tiene que cobrar a Telefónica supera los 1.000 millones de soles (US$ 262 millones)”, indicó en TV Perú.
Cabe indicar que, después de una larga controversia de casi 20 años iniciada por el contribuyente Telefónica de Perú, el Estado peruano, a través de la Sunat, obtuvo una resolución del Poder Judicial que falla definitivamente a su favor y dispone la ejecución de cartas fianzas para el pago de la deuda tributaria, correspondiente a una controversia por el Impuesto a la Renta de los periodos 2000 y 2001.
“Déjeme explicar acá un poco el proceso. Sunat hace una resolución de determinación de la deuda, el contribuyente puede estar de acuerdo o no. Si no está de acuerdo tiene al Tribunal Fiscal y si el contribuyente no está de acuerdo con la sentencia del Tribunal Fiscal acude al Poder Judicial, pero para acudir al Poder Judicial tiene que poner una fianza”, explicó José Arista.
“Eso es lo que ha pasado en el caso de Telefónica, después de 20 años (culminó el proceso), fíjese lo largo que es la justicia, porque pasó por el Tribunal Fiscal y el Poder Judicial”, agregó.
Hace unas semanas Telefónica del Perú informó que procederá al pago de 1.361 millones de soles (US$ 357 millones) a la Sunat, en cumplimiento de lo resuelto por el Poder Judicial en última instancia por la declaración del Impuesto a la Renta de los ejercicios fiscales de 2000 y 2001.
El ministro sostuvo que, tomando como referencia este caso de Telefónica de Perú, el Estado peruano ha logrado avanzar en varios aspectos relacionados a las controversias tributarias.
“En primer lugar, como hemos visto que los procesos son largos en el proceso judicial, gracias a la colaboración del presidente del Poder Judicial, hemos instalado salas exclusivas para resolver temas tributarios”, afirmó.
“De esta manera, el plazo y el tiempo de resolución de aquellos contribuyentes que no están de acuerdo con la sentencia del Tribunal Fiscal, van al Poder Judicial y se hace mucho más expeditiva la sentencia final”, añadió.
Sin embargo, José Arista reconoció que todavía no se ha avanzado mucho en el fuero del Tribunal Fiscal porque aun existen demoras en los procesos.
“Ahí encuentro que todavía los plazos de demora de las resoluciones son de 5 a 7 años. Es un plazo muy largo”, manifestó.
“Lo que estamos haciendo ahora es meter más gente, tecnología e inteligencia artificial, cambiar de locales, poner registros digitales. Nuestra meta es resolver estos expedientes, no en 5 o 7 años, sino en un año. Eso es lo que aspiramos al final”, dijo.
