La decisión británica de autorizar nuevas licencias de prospección de petróleo y gas en el mar del Norte se sometió el martes a escrutinio en el Tribunal Superior de Londres, ya que Greenpeace alegó que el Gobierno no había evaluado las emisiones producidas por la combustión del combustible extraído.
La organización ecologista afirma que el hecho de que Reino Unido no evalúe los gases de efecto invernadero producidos por el consumo de petróleo y gas —las llamadas emisiones de uso final o “downstream”— hace que su plan energético en alta mar sea ilegal.
Pero los abogados que representan al Ministerio de Seguridad Energética y a Net Zero afirman que los ministros no estaban obligados a evaluar las emisiones finales, aunque las tuvieron en cuenta.
El año pasado, Reino Unido celebró su primera ronda de concesión de licencias de exploración de petróleo y gas desde 2019, con vistas a impulsar la producción nacional de hidrocarburos a medida que Europa se aleja del combustible ruso.
Reino Unido dice que la producción nacional de petróleo y gas es clave para su plan de mejorar la seguridad energética, y que hacerlo es coherente con su objetivo de cero emisiones netas para 2050.
Sin embargo, Greenpeace argumenta que el Gobierno debería haber evaluado las emisiones aguas abajo, ya que el objetivo de las nuevas rondas de concesión de licencias es proporcionar un suministro energético nacional seguro mediante la extracción y posterior consumo de petróleo y gas.
Este caso se enfrenta a otro similar presentado por el grupo de campaña Uplift, que sostiene que Reino Unido se equivocó al no considerar la posibilidad de no conceder nuevas licencias de petróleo y gas.
Los abogados que representan al Departamento de Seguridad Energética y a Net Zero sostienen en sus escritos ante el tribunal que “cualquier emisión de uso final de la producción nacional de petróleo y gas sería probablemente coherente con los objetivos de Net Zero del Reino Unido”.
