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Economía

Gremio de generadoras eléctricas de Chile descarta perdón de intereses a la deuda del Estado

El director ejecutivo de la asociación gremial Generadoras de Chile, Camilo Charme, sostuvo que “la condonación de los intereses de la deuda (que mantiene el Estado) no es una vía práctica”.

Eso, tras la petición de parlamentarios de la Mesa de Estabilización Tarifaria que apelaron a un “perdonazo”.

En paralelo, la polémica por lo que podría ser un alza de hasta un 10% extra en las cuentas de la luz, por la reliquidación de las tarifas del Valor Agregado de Distribución (VAD), ha endurecido la discusión; y desde el comité técnico pidieron al Ministerio de Energía exponer todos los antecedentes.

 

En una nueva sesión de la mesa técnica por las cuentas de la tarifa eléctrica, parlamentarios plantearon las posibilidad de condonar parte, o la totalidad de los intereses de la deuda, que el Estado tiene con las Generadoras.

Camilo Charme, director ejecutivo de Generadoras de Chile, sostuvo que la condonación no es “una vía práctica” y que esto ya fue estipulado previamente por el Ministerio de Hacienda.

En paralelo, se abrió un nuevo flanco de polémica por lo que podría ser un alza de hasta un 10% extra en las cuentas de la luz, asociada a la reliquidación del VAD que acumulan una deuda de 600 millones de dólares extra.

Juan Meriches, director ejecutivo de Empresas Eléctricas Chile, explicó la diferencia entre la variación de tarifa de distribución que ya empezó a regir, y la deuda pendiente, asegurando que “es un poco de ficción” hablar de alzas tan anticipadamente.

Hay otro proyecto que anunció el Ejecutivo que buscará reducir en un 7% el costo total de la energía, permitiendo a los Pequeños Medios de Generación entrar al mercado.

Exrepresentantes de las empresas aseguraron que el proyecto es inconstitucional y que significa la expropiación del 20% de los contratos vigentes.

Matías Cox, director ejecutivo de la Asociación Gremial de Pequeños y Medianos Generadores, rechazó esta aseveración, pero compartió el argumento de que hay un conflicto legal que deberá discutirse una vez ingrese el proyecto.

Sobre ese punto, las grandes empresas presentes en la sesión aseguraron que esperarán conocer en detalle la propuesta antes de emitir una opinión.

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