A lo largo de la campaña electoral, es poco lo que se ha dicho de manera propositiva en torno a la minería y cómo aprovechar los recursos minerales que tiene el Perú. Ello pese a que la crisis económica y social que atraviesa el país amerita mecanismos y alternativas que contribuyan de manera sostenible al bienestar de los peruanos.

El estudio “Minería: oportunidad de desarrollo frente a la crisis nacional”, realizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y el Centro para la Competitividad y Desarrollo, como parte de las actividades de Rumbo a PERUMIN, señala que la ejecución de la cartera de proyectos mineros (valorizada en US$ 56,000 millones) permitirá disminuir la pobreza nacional a un 15% al 2031. Es decir, 12 puntos menos respecto a la tasa de pobreza actual.

Asimismo, el análisis señala que al 203, la minería alcanzaría a beneficiar a un 36% de la población nacional, a través de 3.8 millones de puestos de trabajo directos e indirectos. A ello se suman los recursos fiscales adicionales, estimados en más de S/ 80,000 millones para los próximos 10 años, con la ejecución de dicha cartera.

Las cifras son alentadoras, y más frente al creciente precio del cobre, que desde hace 40 años representa más del 50% de las exportaciones totales del Perú. El mismo está alcanzando niveles superiores a los del 2011 y 2012, periodo conocido como el boom mundial del cobre, donde la cotización por tonelada métrica (TM) superó los US$ 8,800. Fueron años en los que la economía peruana alcanzó crecimientos por encima del 6%.

Adicionalmente, hace pocos días Goldman Sachs Group Inc. redobló su perspectiva alcista del cobre para proyectar que los precios alcanzarán los US$ 15,000 por tonelada para 2025, a medida que la transición global hacia la energía verde impulsa la de manda.

Frente a esta oportunidad real de retomar la senda del desarrollo, necesitamos mecanismos de impulso a la industria. De igual manera, debemos recuperar nuestra competitividad.

La inestabilidad política y social de los últimos años, agravada por las limitaciones legales para el desarrollo de la exploración minera, así como la complejidad de los trámites ante las entidades del Estado, nos han hecho perder atractivo como un buen destino para las inversiones, tal como lo demuestra el estudio del IIMP y Macroconsult, y el hecho de que el Perú haya caído 10 posiciones en la última encuesta global del Fraser Institute.

Como país, nos toca definir el rol que debe desempeñar la minería para fomentar el desarrollo territorial y el bienestar de la gente. Desde el sector privado, se vienen promoviendo espacios de diálogo y debate como Rumbo a PERUMIN, con la finalidad de buscar consensos entre autoridades, empresa privada, representantes de las comunidades, organizaciones civiles y la academia. Pero es necesario que los aspirantes a la Presidencia de la República sean también partícipes de ello, pues serán sus decisiones, en un eventual Gobierno, las que determinarán el rumbo del Perú.