IVA y subida de impuestos: Ecuador debate cómo financiar la guerra contra el crimen

El Gobierno de Ecuador ya no tiene de dónde rascar. No hay fondos para financiar la guerra interna contra los grupos terroristas que decretó el presidente Daniel Noboa el 9 de enero. Según los cálculos del Ministerio de Finanzas, se requieren 1.020 millones de dólares al año para sostener las operaciones que vienen ejecutando las Fuerzas Armadas, que en casi un mes han realizado más de 75.000 operativos. El Gobierno ni siquiera cuenta con los recursos para pagar los sueldos a funcionarios públicos que están sin cobrar desde enero, tampoco a los Municipios, ni a los proveedores del Estado. El déficit bordea los 5.000 millones de dólares y los fondos están agotados. “Atrás de ese déficit están jubilados, jubilados de la Policía y del Ejército que corren el riesgo de no recibir parte de sus pensiones y por otro lado los proveedores del Estado que tampoco han sido pagados”, explicó en una rueda de prensa Juan Carlos Vega, ministro de Finanzas.

El Ejecutivo pidió un salvavidas a los legisladores, con quienes pasaba de luna de miel y cumplían con precisión un pacto de gobernabilidad, del cual no se conocen detalles de la negociación, pero en la Asamblea ha sorprendido la armonía con la que han recibido a las principales autoridades, sin pugnas, ni gritos, y aprobado dos leyes propuestas por Noboa, que tuvieron el respaldo casi unánime. Pero las buenas relaciones se tensionaron cuando llegó el último proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica. En el documento, Noboa propone un aumento temporal al impuesto de valor agregado (IVA), de tres puntos: es decir, al 15%, con el que espera recaudar 1.300 millones de dólares al año, destinados a pagar la guerra interna. Este martes, sin embargo, recibió el rechazo de sus aliados del movimiento de Revolución Ciudadana y del Partido Social Cristiano y el proyecto no se aprobó.

A la oposición no le convence “meterle la mano al bolsillo a los ciudadanos”, entre los que ocho de cada 10 no están de acuerdo con el incremento del IVA, según una encuesta de Perfiles de Opinión. Para quienes viven de cerca la guerra, el alza al IVA sería un doble impuesto a la seguridad, porque ya pagan la llamada “vacuna” o extorsión. “Son dos dólares que pagamos cada domingo desde hace ocho meses”, relata Silvia, una mujer que vive encerrada en casa por el miedo, cuidando a sus siete nietos. Que los militares estén en las calles no ha cambiado mucho su vida. Vive en el sector de Nueva Prosperina, que aglomera cientos de barrios al norte de Guayaquil, a los que les hace falta de todo. Agua, alcantarillado, calles asfaltadas y por supuesto, seguridad.

Es el distrito más violento de la ciudad, solo ahí se registraron 537 asesinatos en el último año. Cada casa y negocio de la zona son extorsionados. Todos los domingos dos sujetos tocan la puerta de su casa para recolectar la “vacuna” que, según ellos les da seguridad, explica Silvia, a quien no le quedó otra opción que pagar. “Sabemos lo que pueden hacer si no lo hacemos”, añade. Aún así, prefiere pagar el IVA en algunos productos que a los criminales. Pero aunque se apruebe un paquete de impuestos, lo que se recaude no se destinará a cambiar la situación de su entorno, porque hasta ahora ninguna de las propuestas para el combate del crimen contempla la inversión social.

La contrapropuesta de los legisladores para financiar la guerra es cobrar más impuestos a la banca privada y cooperativas, también a las utilidades que generan las empresas más grandes y aumentar el impuesto a la salida de divisas, pero entre los tres apenas se recaudaría la mitad de lo que obtendrían con el aumento al IVA en un año y sería un impuesto por una sola vez. El problema económico de Ecuador no se resolverá en poco tiempo, analiza José Hidalgo, director de la Corporación de Estudios para el Desarrollo, Cordes. “Nos hemos acostumbrado a este tipo de reformas tributarias que incorporan impuestos temporales que en algo ayudan a sortear la situación durante uno o dos años pero luego volvemos a caer en lo mismo. La situación debe ser estructural y debe contemplar otras medidas permanentes”, añade.

La situación fiscal es grave, alerta el ministro de Finanzas. “Por cada dólar que hay en caja fiscal, hay 25 dólares en deuda. Tenemos un déficit similar que en la pandemia”, añade. Lo que pone en riesgo toda la cadena de servicios del Estado sobre todo en las áreas más sensibles como salud y educación a los que no pueden pagar. “El impacto social es muy preocupante porque genera desempleo, pobreza, desigualdad e inseguridad, que es lo que estamos combatiendo”, dijo Vega.

Sin tiempo que perder, en cuestión de horas, Noboa vetó la propuesta del legislativo y volvió a enviar otro proyecto de Ley en el que acoge la propuesta de los asambleístas e insiste en el alza del IVA. Los legisladores deberán debatir nuevamente en un máximo de 30 días, de lo contrario se aprobaría automáticamente el documento que envió el mandatario y sería una salida para mantener las relaciones internas entre las bancadas de la Asamblea y sostener por más tiempo el pacto.

El ajuste económico no se quedaría en un paquete de impuestos. El Gobierno también evalúa tocar los subsidios a los combustibles que en el 2023 sumaron 3.000 millones de dólares, pero se abriría otro frente con los movimientos indígenas que son los principales opositores de la medida. Sería el tercer intento de eliminar ese subsidio en cinco años, los expresidentes Lenin Moreno y Guillermo Lasso enfrentaron violentas manifestaciones sociales que terminaron por revocar la medida. Pero Noboa tiene una ventaja, explica Hidalgo: “El presidente cuenta con una popularidad del 80% y no es igual enfrentar a un Gobierno con una aceptación del 15%, como era el caso de Moreno y Lasso”, además de que la medida se aplicaría en un contexto de estado de excepción por un conflicto armado interno.

Las opciones son limitadas y cada día que pasa los operativos que ejecutan 15.000 militares en las calles y en las cárceles generan gastos, así como los 6.127 personas que han sido detenidas y que van a empujar por un espacio en las cárceles que tienen un alto nivel de hacinamiento. Las deudas se acumulan y no hay recursos para pagarlas.