La Unión Europea ha dado el último empujón para sacar adelante las nuevas reglas fiscales. El pleno del Parlamento Europeo ha respaldado este martes la reforma de la gobernanza económica que establece las bases para que los países cumplan con un límite de déficit del 3% sobre el PIB y una deuda del 60% sobre el PIB. Una revisión que ha salido adelante con los votos en contra de la izquierda y los verdes y que obligará a España a recortar unos 15.000 millones de euros anuales para rebajar su deuda.
La reforma de la gobernanza económica tenía como objetivo dar luz a unas nuevas reglas fiscales más realistas, aplicables y menos rígidas. Con más margen para las inversiones. El texto mantiene el punto de partida de la Comisión Europea, que planteaba planes individualizados para cada país a
cuatro años, que serán extensibles a siete años en caso de que se comprometan reformas e inversiones que lo justifiquen. Se produce, no obstante, un cambio de óptica respecto a las reglas fiscales anteriores: Bruselas tendrá en cuenta la senda de gasto público para analizar la sostenibilidad financiera de cada Estado miembro.
El texto refrendado este martes en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo deberá ser respaldado por los Veintisiete Estados miembro el día 29 de abril. Un punto para el que no se prevé debate. Una vez aprobada, la norma entrará en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial. Los Estados miembros deberán remitir sus primeros planes de ajuste plurianuales antes del 20 de septiembre de 2024.
El debate de este martes entre los eurodiputados evidenció las críticas de los Verdes y la izquierda europea que consideran que el nuevo Pacto de Estabilidad y Crecimiento supondrá un nuevo corsé para la fiscalidad de los países y una vuelta a la austeridad. “En dos horas se producirá el voto más importante de la legislatura”, ha indicado el eurodiputado de los Verdes, Philippe Lamberts, que consideró que la decisión determina si la UE “está a favor o en contra de la austeridad”.
La UE se sumergió en la revisión de la gobernanza económica, después de que la crisis financiera probara que la anterior eran poco realistas. Lejos de impulsar el crecimiento sumió a los Estados miembro en años de austeridad. La pandemia obligó a la UE a suspender las reglas fiscales, que han vuelto a aplicarse este año, aunque de una forma transitoria. Será 2025 el ejercicio que marque el nuevo periodo de aplicación de la reforma.
Desaparece el requisito del anterior Pacto de Estabilidad y Crecimiento que fijaba una reducción anual de la deuda de un veinteavo anual para los países que superaran niveles del 60% del PIB. Pero hay dos cifras que sí se mantienen: ese umbral de la deuda que no se debe superar, el 60%, y el 3% sobre el PIB en el caso del déficit.
