Dos de las empresas públicas de la Generalitat Valenciana que se formaron durante la última legislatura del Botànic de Ximo Puig y que fueron moldeadas por sus socios de Compromís se han convertido en un quebradero de cabeza para el actual Gobierno autonómico. Se trata de Feria Valencia, la heredera de la institución ferial de la capital, y Societat Valenciana d’ ITV (Sitval), que asumió la gestión de la inspección técnica de vehículos.
En el caso de la primera, la sociedad pública ya está en el foco del Tribunal de Cuentas, que ha abierto diligencias formalmente por sueldos y dietas indebidos según se desveló la semana pasada. Unas irregularidades que destapó la última auditoría de la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat, que incluyó “17 incumplimientos significativos de la normativa” de Societat Valenciana Fira Valencia, como se denomina formalmente a la empresa pública, en las cuentas de 2023. Ese ejercicio fue el mismo en que se produjo el relevo en la Generalitat tras las elecciones de mayo.
El órgano fiscalizador refleja que los salarios de seis directivos de la entidad sobrepasaron los límites que marcaba la Ley de Presupuestos de ese año. Lo mismo ocurre con lo que cobró el director general, que rebasó el límite que la normativa valenciana impone por la que ningún alto cargo o puesto de la Generalitat y el sector público puede superar en un 15% el sueldo del propio presidente autonómico.
Pero además de esos casos concretos, el informe recoge que las condiciones laborales generales no cumplen las exigencias de la propia Administración valenciana para sus empresas públicas. Feria Valencia pagó complementos retributivos que no están recogidos en el convenio colectivo a la gran mayoría de sus trabajadores, en total a 106 de sus 118 trabajadores, por un importe que sumó más de 360.000 euros. Unos pagos que según la auditoría no están documentados en ningún acuerdo entre la plantilla y la sociedad, que perdió 14 millones de euros en 2023.
La otra gran irregularidad detectada en el pago a los trabajadores afecta a las dietas y los gastos de transporte, además de a otras indemnizaciones, ya que las cantidades fijadas superan también los límites de la ley autonómica.
El origen de ese cúmulo de incumplimientos se encuentra el largo y complejo rescate de Feria Valencia, que se transformó de una institución ferial con una regulación similar a las fundaciones privadas a una empresa pública después de que fuese la Generalitat Valenciana la que asumiese la deuda y los intereses de cerca de 1.000 millones de euros que costó su ampliación. Un proceso que culminó en 2023 y fue dirigido por la Conselleria de Economía, en manos de Compromís durante las dos legislaturas del Botànic.
Precisamente una de las patatas calientes de esa conversión fue la subrogación de la plantilla y el compromiso de mantener sus derechos. Según el actual Gobierno del PP, en el caso de las retribuciones por encima de los límites “se han congelado desde noviembre de 2023” y que está negociando regular los complementos salariales para adecuarlos al sector público. En el caso del kilometraje y dietas, los considera que son derechos laborales adquiridos y por ello intocables.
Los problemas laborales y legales que conlleva asumir como trabajadores públicos a empleados procedentes del sector privado se repiten en la que fue otra de las medidas estelares impulsadas por Compromís en el Gobierno de Ximo Puig: la reversión de las concesiones de la inspección técnica de vehículos (ITV). La Generaliiat creó en 2022 la Societat Valenciana d’ ITV (Sitval) para asumir las estaciones que se repartían varias empresas, tras optar por no ampliar los contratos y ‘nacionalizar’ esa actividad. En su caso, la subrogación de la plantilla se ha visto agravada por que sus cerca de 1.000 trabajadores procedían de empresas con convenios distintos.
El descontrol y la precariedad en ese proceso ha llevado a la Sindicatura ha considerar que “los acuerdos retributivos de Sitval son nulos de pleno derecho”, puesto que no cuentan con los informes favorables preceptivos de la propia Administración autonómica. Su auditoría también advierte de 1,2 millones de coste extra para homogeneizar salarios y reclamaciones judiciales de trabajadores por pagas extra de las antiguas concesionarias que debería asumir Sitval por más de medio millón de euros.
Las estaciones de ITV valencianas están en el foco de la polémica desde hace años. Las comisiones ilegales para su concesión hace más de 25 años fueron parte del juicio que condenó a Eduardo Zaplana a 10 años de cárcel el año pasado. El proceso para recuperar el servicio en Sitval ha estado marcado por las huelgas y la saturación de los centros. Tanto el auditor Faura-Casas, como la Sindicatura, que constató que se incluía como patrimonio una estación en que Sitval está en alquiler, denegaron su opinión a las cuentas.
