Con una abundante energía hidroeléctrica y un crecimiento acelerado en la generación eólica y solar, América Latina se encamina hacia un futuro energético más verde, pero en Perú se continúa debatiendo la viabilidad de la ley diseñada para garantizar el desarrollo eficiente de la energía eléctrica para las energías renovables.
La razón es que actualmente rige en el país la Ley N° 28832 del año 2006, la cual establece como requisito que las empresas distribuidoras de energía eléctrica cuenten con potencia (disponibilidad) durante las 24 horas del día, lo que les permite comercializar la energía producida mediante contratos de suministro eléctrico a los consumidores.
Sin embargo, las energías renovables no pueden cumplir con esta exigencia, ya que su potencia depende del recurso natural utilizado, lo que significa que solo están disponibles durante ciertas horas del día.
A raíz de ello, el Ministerio de Energía y Minas presentó el Proyecto de Ley N° 4565/2022-PE, también conocido como ‘Proyecto de Ley que modifica la Ley N° 28832, Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la Generación Eléctrica’, con el objetivo de modificar la estructura de las licitaciones de las empresas distribuidoras.
“[Este proyecto de ley] Eliminará la obligación de estar operativo durante [las horas de punta de] la noche para poder contratar energía y propone la creación de bloques horarios adaptados a las características de disponibilidad cada recurso energético, lo que incentivaría el ingreso de nuevos competidores al mercado y la inversión en infraestructura renovable, particularmente en regiones descentralizadas del país como el norte y el sur”, explicó Brendan Oviedo, presidente de la Asociación Peruana de Energías Renovables (SPR) a AméricaEconomía.
Aprobar el proyecto, que busca adecuar la regulación a las tecnologías solares y eólicas, implica diversificar las fuentes de energía, reducir los costos que millones de usuarios regulados pagan a través de las subastas de distribuidoras, y atraer nuevas inversiones, según la SPR.
En esa misma línea, Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, confirmó a AméricaEconomía que el proyecto de ley lo que busca lograr es canjear una disponibilidad de todo el día por el de unas horas; sin embargo, eso implica tener una ley que permita al consumidor comprarle a “ellos”, las empresas productoras y distribuidoras de energía eólica o fotovoltaica sin potencia para funcionar las 24 horas, y luego a “otros” que completen las horas del día que no pudieron abastecer.
“En lugar de cambiar un sistema de pagos que es sencillo, ‘ellos’ deberían cambiar. No son un verdadero sistema eléctrico si no pueden funcionar las 24 horas del día”, sentenció.
Y es que de acuerdo con Herrera Descalzi, al día de hoy las empresas productoras y distribuidoras de energía como Enel, Kallpa y Engie ya cuentan con plantas eólicas y solares, o están incursionando en las energías renovables. Por ende, lo que el consumidor peruano paga es el costo marginal de un sistema que funciona usando energía solar e hidráulica que se obtienen a costo 0, gas natural entre US$ 30 a 35 MWh, y en caso de no ser suficiente, diésel a más de US$ 200 MWh.
“El problema es con las empresas de otra naturaleza, aquellas que son solo solares o eólicas. Pretenden que con la ley el consumidor les pague por la potencia [disponibilidad] que no tienen”, afirmó el exministro de Energía y Minas.
Además, continúo Herrera, estarían solicitando el beneficio de ser consideradas prioridad aún cuando para cumplir la totalidad del servicio de 24 horas solo necesitan complementarse mediante asociaciones con otras empresas productoras y distribuidoras para no fragmentar el sistema.
Otro antecedente, según reveló a finales de 2023 el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES), es que hay un incremento en los costos generación de energía eléctrica [hasta los US$ 212 por megavatio] debido a la actual dependencia del diésel como fuente de energía durante períodos de escasez hídrica.
El mismo organismo estatal detalló en diciembre que el 47% de la energía del país proviene de fuentes hidroeléctricas y el 46% de fuentes fósiles (carbón, petróleo y gas) , mientras que las energías renovables representan aproximadamente el 5,8%.
“Tenemos potencial eólico en la costa y sierra peruana, mientras que la energía solar en el sur es una de las mejores del mundo, destacando regiones como Moquegua, Arequipa, Tacna, Puno y el norte de Chile”, contó Oviedo. “Si contamos con los recursos para que la inversión pueda llegar a todo el país y empezar así la descentralización energética que tanto necesitamos, ¿por qué el proyecto está estancado? ¿Y por qué contamos con tan poca energía renovable en el país?”, insistió.
Según el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), sería posible una reducción del 16% en las tarifas eléctricas que pagan los usuarios regulados si se disminuye la dependencia hacia las fuentes fósiles, Mientras que la SPR considera que, solo de aprobarse el proyecto de ley que apoyan y continúa estancado en la comisión de Economía y Finanzas, habría un impacto positivo en las tarifas que pagan ocho millones de familias peruanas al final de cada mes.
Lo que preocupa al exministro de Energía y Minas es que la capacidad peruana para distribuir gas que genere energía eléctrica por ahora es suficiente para sustituir las horas donde el uso de las energías renovables no alcanzan. Pero, a futuro “y con mayor demanda, el gas no se va a dar abasto”, pronosticó Herrera Descalzi.
Además, “no es cierto que las energías renovables no puedan funcionar todo el día”, se quejó. “Esto es posible mediante un sistema de almacenamiento de energía, producción de baterías, o una asociación con empresas productoras y distribuidoras de energía hidráulica”, afirmó
Lo resumió como una alianza entre “el ciego y el paralítico”, ya que las generadores de energías renovables pueden cumplir con la totalidad del servicio, pero en cambio están pidiendo privilegios que hoy pueden cargarle al gas.
“En los últimos 10 años los costos de la energía solar han experimentado una reducción del 90%, mientras que los de la energía eólica han bajado un 72%. Esto ha hecho que muchas tecnologías de energías renovables no convencionales sean viables sin necesidad de subsidios estatales”, explicó Luis Miguel Castilla Rubio, exministro de Economía y Finanzas a AméricaEconomía. “Por lo tanto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) cuestiona la pertinencia de seguir otorgando subsidios que distorsionan el mercado y podrían ser utilizados de manera más efectiva en otros sectores”.
De acuerdo con Castilla, el progreso de las energías renovables en el país está estancado porque necesitan de subsidios, es decir, lo que Herrera Descalzi señala como la solicitud de que el consumidor [persona o entidad estatal] les pague la potencia “que no pueden” ofrecer.
Sin embargo, para la SPR la postura resulta incongruente debido a que al día de hoy las energías renovables no necesitan subsidios por parte del Estado, debido a que son menos costosas tanto en instalación como en operación, lo que las hace más competitivas.
Más aún, el proyecto de ley que se está presentando al Congreso no crea ningún subsidio ni recibiría algún “beneficio tributario” distinto al de cualquier otro proyecto de infraestructura, contraargumentó Brendan Oviedo.
“La propuesta de otorgar nuevos incentivos tributarios para promover el uso de energías renovables generaría desorden en los subsidios del sector energético”, insistió el exministro de Economía y Finanzas ante las consultas de AméricaEconomía.
Preocupado, Oviedo contó que fue testigo de cómo en el Congreso se le está “desinformando” a los congresistas “para que no se apruebe el proyecto de ley”. Esto debido a que se está diciendo, entre otras cosas, que los contratos que se adjudicarían en las futuras subastas [con la entrada de competidores de energías renovables] generaría la terminación de los contratos suscritos con las empresas distribuidoras de energía eléctrica actuales [como Luz del Sur y Edelnor].
“Es falso. No hay ningún conflicto entre las energías renovables y el gas natural, pese a que las primeras son más baratas”, remarcó al respecto Oviedo.
En palabras de Castilla, a lo que se refiere es que quiere prevenir cualquier “distorsión en el mercado”. Aquello que Herrera Descalzi señaló como “fragmentación del sistema de pagos”.
“Yo remarco: ‘No resulta pertinente seguir otorgando subsidios [pedirle al consumidor que pague un mayor costo marginal por su falta de potencia] que distorsionan el mercado’”, le respondió directamente el exministro Castilla a Oviedo.
Perú consume 8.000 megavatios (MW) de los 13.600 MW de generación eléctrica existentes. En proyectos eólicos y solares el potencial es de más de 20.000 MW, el doble del consumo del país en estudios, precisó Oviedo. La propuesta de introducir una mezcla de gas natural, hidroeléctrica y energías renovables en la matriz energética busca reducir esta dependencia del diésel y estabilizar los costos del mercado eléctrico.
“[El gas y la energía hidroeléctrica] no son soluciones a largo plazo. La ventaja de ser conscientes de nuestros microclimas nos pone por delante de Ecuador, Colombia y Chile”, señaló Oviedo al recordar el potencial de la energía eólica y solar en provincias.
Además, la matriz energética de Perú se destaca en comparación con la de otros países de la región debido a su relativa limpieza al no usar carbón.
En términos financieros, continuó el presidente de la SPR, los costos de transmisión de las energías fósiles solían representar alrededor del 25% del total, pero ahora pueden ser hasta un 50% más altos que los de generación. Esto significa que los consumidores residenciales podrían estar pagando más para subsidiar a los grandes consumidores de energía tradicional.
“Aunque es importante considerar y respetar los intereses empresariales, deben prevalecer los intereses a largo plazo del país”, comentó Carlos Herrera Descalzi.
Cabe recordar que Perú se comprometió en el Acuerdo de París de 2015 a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al 40% y se propuso ser carbono neutral para 2050.
Aún así, según Herrera, el Estado peruano apenas estaría comenzando a fomentar esta transición para 2030, estableciendo metas que se extenderían en un plazo de 15 a 30 años.
ENERGÍAS RENOVABLES, ¿INSOSTENIBLES?
Tanto Castilla como Herrera consideran que sería necesario aumentar el costo de la energía tradicional a través de impuestos al carbono o tarifas que reflejen el impacto ambiental para “nivelar el juego” y así incentivar la inversión en favor de las energías renovables.
“Pero con ello industrias como la minera y manufacturera podrían llegar a ser insostenibles”, dijo Carlos Herrera, en apoyo a los dichos de Castilla.
El exministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, recordó que desde el año 2010 hasta la fecha se han otorgado subsidios a las energías renovables no convencionales por US$ 2.000 millones, a través de la Prima RER —mecanismo de incentivo económico en Perú dirigido a promover la inversión en proyectos de energías renovables— por parte de los usuarios eléctricos. Mas esta promoción resultó en una “regulación precipitada” al no aprovechar la reducción en los costos de las nuevas tecnologías y se incrementó la oferta cuando la demanda no lo exigía.
“Tenemos muchas exenciones tributarias y falta de coherencia al pretender subsidiar a las energías renovables y, a la vez, a las fuentes fósiles de energía [a través del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles o la devolución de parte del Impuesto Selectivo al Consumo de los transportistas públicos]”, sentenció Castilla.
Sin embargo, dado que las declaraciones de los exministros recuerda a los inicios de la adopción de energías renovables por parte de Chile hace un par de gobiernos, se le consultó a la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (ACERA) el camino que siguieron para llegar al primer trimestre de 2024 con una participación del 44% de energías renovables en la generación eléctrica, si bien el sistema chileno tiene divididas las funciones de generación, transmición y distribución.
Ana Lía Rojas, Directora Ejecutiva de ACERA, explicó a AméricaEconomía que el recibir una inversión internacional y nacional aproximada de US$ 20.000 millones contribuyó a que el ingreso de nuevos actores y de nuevas tecnologías al sistema en los últimos diez años condujera a una reducción de alrededor de US$ 100 MWh en los precios de la energía.
De esta manera, Rojas confirmó las perspectivas del proyecto de ley y evidenció la importancia de la participación del Estado para fomentar la diversificación y modernización del sector energético, así como el desarrollo de fuentes de energía más sostenibles y accesibles para la población.
El proyecto de energías renovables estancado en el congreso necesita el “beneficio tributario” que le otorga el Estado a todos los proyectos de infraestructura, como señaló líneas arriba Oviedo, para que así las empresas productoras y distribuidoras solo de energías renovables puedan competir. Sin embargo, como señalaron los exministros, su necesidad podría ser solucionada si se complementaran al aliarse con otras empresas.
En consecuencia, surgen la preguntas: ¿Será suficiente para aumentar la participación de las energías renovables en la matriz energética de Perú? ¿O bastará con que el gas siga siendo el colchón de su falta de potencia mientras pueda?
“Lo que falta en Perú es una figura que priorice los intereses del consumidor y del país por encima de los intereses corporativos”, aseguró Herrera. “La dependencia en Camisea [el mayor yacimiento de gas natural] para la generación de energía es evidente y está alcanzando sus límites”, concluyó.
