La relación comercial entre China y la UE afronta una semana clave para dilucidar si, finalmente, el bloque comunitario mantendrá los aranceles a las importaciones de baterías de vehículos eléctricos de Pekín. Está previsto que, el próximo miércoles, los Estados miembro voten si mantener estas tarifas a las importaciones del gigante asiático o si, por el contrario, se levantan. Un tira y afloja que contará con la oposición de Alemania y España.
Los Gobiernos de la UE están llamados a una votación para decidir si la propuesta de Bruselas de aplicar tarifas de hasta el 36% a las importaciones de vehículos eléctricos de Pekín entra en vigor a partir de noviembre. En esta votación se requiere de una mayoría de bloqueo de 15 Estados miembro y el 65% de la población de la UE para tumbar la medida. El procedimiento se llevará a cabo mediante voto secreto y el resultado no es vinculante.
La fecha, no obstante, podría variar. Y es que fuentes comunitarias han indicado que la votación podría verse retrasada unos días, hasta el 30 de septiembre. Las tarifas definitivas entrarían en vigor el 30 de octubre para un periodo de 5 años, de no lograrse una mayoría cualificada que rechace la medida.
Los equilibrios en el entramado comunitario son delicados y el peso de Alemania en la toma de decisiones de la UE es innegable. Su clara oposición a la aplicación de aranceles adicionales a los coches eléctricos chinos se suma a la de otros Estados miembro como España o Suecia.
Berlín se encuentra contra las cuerdas pues su industria automovilística es especialmente sensible a las relaciones comerciales con el gigante asiático, donde cuenta con una gran parte de la producción. Tanto es así que las grandes firmas de motor alemanas ya han empezado a resentirse de la propuesta arancelaria de Bruselas.
España ha decidido jugar sus cartas también. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez se alineaba con el canciller alemán, Olaf Scholz, e instaba a la UE a “reconsiderar” los aranceles, en un reciente viaje al gigante asiático. Su intención era la de persuadir al Ejecutivo de Xi Jinping para no aplicar prácticas recíprocas sobre el sector porcino comunitario, un ámbito en el que España se vería especialmente afectada.
Sin embargo, las declaraciones de Sánchez no han tenido un gran recibimiento en la capital comunitaria y han suscitado cierto malestar. Desde Bruselas le recordaban que la responsabilidad de la política comercial corresponde a la UE, no a los Estados miembro.
El primer y segundo mayores fabricantes de automóviles del bloque, Alemania y España, respectivamente, podrían contar con el respaldo de otros Estados miembro, como Suecia y Finlandia. Y es que tanto Berlín como Madrid son especialmente sensibles, además, a las inversiones del gigante asiático. De seguir la votación la tendencia del pasado julio, dos pesos pesados de la UE, Francia e Italia estarían a favor de aplicación de aranceles.
Pese al diálogo establecido con Pekín, parece que las negociaciones con Bruselas no avanzan muy favorablemente. La última reunión tuvo lugar la pasada semana cuando el ministro de Comercio chino, Wang Wentao, y el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, se vieron las caras en Bruselas sin un resultado satisfactorio para ambas partes.
El letón refirmó que, pese a las críticas de Pekín, la investigación a los vehículos eléctricos chinos se enmarca en las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y manifestó su preocupación por las investigaciones de China al cerdo, lácteos y brandy europeos.
La Comisión Europea ha llevado a cabo una investigación sobre las importaciones de baterías de vehículos eléctricos chinos a la UE al considerar que estaban dotadas de subsidios del Ejecutivo de Pekín que suponen una violación de las reglas de competencia y proporcionan a sus empresas de la capacidad de vender sus productos a precios más bajos, incurriendo en prácticas de dumping.
