Las deudas tributarias que tienen las grandes empresas con el Estado es uno de los temas más mencionados en el gobierno del presidente de la República, Pedro Castillo. También lo ha recordado recientemente el ministro de Economía, Pedro Francke , tras señalar que el pago de estas obligaciones será una de las fuentes de ingresos del país durante la crisis económica.

En agosto de este año, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) solicitó a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) la relación de las principales compañías que le deben al fisco. Para conocer estos datos, OjoPúblico presentó un pedido de acceso a la información y accedió a la relación de las 99 principales empresas que mantienen controversias fiscales por un total de S/28.897 millones.

Esta elevada cifra es superior, por ejemplo, al presupuesto que el Gobierno ha previsto asignar al sector Salud en 2022 (S/22.207 millones) y casi siete veces los recursos que se destinarán exclusivamente para atender la emergencia sanitaria el próximo año (S/3.993 millones).

El cobro de estas deudas se mantiene en disputa desde hace varios años debido a que las empresas se oponen a los montos que la Sunat les notifica cuando fiscaliza si las rentas e impuestos fueron abonados correctamente. Este debate transcurre entre apelaciones e impugnaciones, a través de diferentes instancias administrativas y judiciales.

De los cerca de S/29 mil millones en controversia, el 5,1 % puede intentar una primera impugnación y un 6,6 % se encuentra en fase de reclamación en la misma Sunat. Mientras que un mayoritario 67 % está en apelación en el Tribunal Fiscal, una entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que funciona como última instancia administrativa para este tipo de disputas.

La información a la que tuvo acceso OjoPúblico revela -con fecha de corte al 2 de agosto- que solo el 5,7 % de las deudas tributarias que persigue el Estado se mantienen a la espera de un fallo en el Poder Judicial. En esta etapa una empresa puede apelar hasta dos veces y aún después de ello le quedará el Tribunal Constitucional para seguir su demanda.

“Telefónica afronta procesos administrativos, judiciales y arbitrales por S/11 mil millones”.

Además de ello, un 7,22 % está registrada como deuda concursal por procesos seguidos ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual (Indecopi). Solo un 14,2 %, que representa S/4.117 millones, está en fase de cobranza coactiva porque ya se agotaron todas las instancias posibles y las empresas están obligadas a realizar el pago.

Siete empresas concentran el 47 % de la deuda

El 47,7 % de los millonarios tributos en disputa se concentra en solo siete compañías, algunas de ellas ya conocidas por arrastrar largos litigios. La primera que aparece en la lista es la multinacional de capitales españoles, Telefónica del Perú S.A.A., con S/6.754 millones en fase de reclamo ante la Sunat, el Poder Judicial y principalmente en el Tribunal Fiscal.

La información no incluye el recálculo de intereses moratorios que debe hacer la autoridad tributaria, luego que el Tribunal Constitucional (TC) falló a favor de la empresa respecto a la controversia que mantenía por el pago de renta de los años 2000 y 2001. Esta resolución se conoció en febrero , pero recién fue publicada el 19 de agosto.

El tribunal determinó que parte de las moras se calcularon fuera del plazo de ley, y se estimó que la Sunat debía descontar unos S/729 millones al pago pendiente. Sin embargo, en el documento al que OjoPúblico tuvo acceso, la autoridad tributaria incluye una aclaración para señalar que el nuevo importe, hasta el 30 de agosto de 2021, alcanzaría los S/ 4.912 millones. Es decir, S/ 1.842 millones menos del monto con el que se construyó la data.

La compañía de telecomunicaciones también aparece en la lista de deudoras con otras dos razones sociales que fueron absorbidas por esta hace unos años, y dadas de baja. Estas son Telefónica Móviles S.A y Telefónica Móviles S.A.C., y en total mantienen S/1.239 millones en tributos en controversia. Según su memoria anual 2020, Telefónica del Perú afronta diferentes procesos judiciales, administrativos y arbitrales en el país, que involucran pretensiones por un total de S/11.081 millones.

Algunos de estos litigios se refieren a periodos tributarios de hace más de dos décadas, por ejemplo, casos de fiscalización del impuesto a la renta y pagos a cuenta de los ejercicios fiscales de 1998 al 2010, y acotaciones al impuesto general a las ventas (IGV) del 2003 al 2010. Como medida de precaución, la compañía ha reservado S/2.887 millones en sus finanzas para hacer frente a posibles fallos en contra que le obliguen a pagarle al Estado. OjoPúblico consultó a la empresa por estos hechos, pero hasta el cierre de edición no se obtuvo respuesta.

De acuerdo con la información obtenida por este medio, la segunda empresa con mayores deudas tributarias es Minera Las Bambas S.A., que opera en las regiones de Cusco y Apurímac. La compañía tiene como matriz a la firma china MMG Limited, y registra una controversia por S/2.091 millones dentro del plazo de impugnación administrativa, en reclamo ante la Sunat y en apelación en el Tribunal Fiscal.

De este monto, unos S/ 690 millones corresponden a cuestionamientos por el cobro del impuesto general a las ventas (IGV) de los años 2011 y 2012, cuando el proyecto estaba en manos de la suiza Glencore, pero cuyo pasivo fue heredado por la minera. En octubre de 2020 el Tribunal Fiscal falló a favor de la Sunat y ordenó el pago, y el pasado mes de agosto el ahora exministro de Energía y Minas, Iván Merino, informó que la empresa empezaría a hacer los abonos. El equipo de prensa de Las Bambas indicó que no darán declaraciones sobre temas tributarios.

“Backus, filial de la belga AB Inbev, mantiene controversias con la Sunat por S/1.684 millones”.

La tercera empresa que ha emprendido acciones por el cobro de millonarios impuestos es Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A., filial de la multinacional belga AB InBev y que ostenta el monopolio de la cerveza en Perú, con las marcas Cristal, Pilsen y Cusqueña. La información archivada en la Sunat revela que Backus mantiene controversias tributarias por S/1.684 millones. Parte de este monto está dentro del plazo de impugnación administrativa, y el resto se encuentra en apelación en el Tribunal Fiscal y el Poder Judicial.

En el reporte anual de la cervecera se detallan las acotaciones, intereses y multas que están pendientes de resolver en el ámbito tributario, pero estas suman unos S/316 millones, una cifra mucho menor al monto en controversia que registra la Sunat. OjoPúblico consultó a Backus sobre estos temas, pero a través de su equipo de prensa la compañía envió un escueto comunicado donde no niegan mantener discrepancias tributarias, pero rechazan ser señalados como deudores.

“Backus es un buen contribuyente y no mantiene deudas exigibles e impagas con la Sunat, como se puede apreciar en la información pública de la administración tributaria. Por esta razón, rechazamos ser incluidos en cualquier lista de “deudores tributarios”. Tratándose de eventuales procesos que tengamos con la administración tributaria, sujetándonos al debido proceso y al principio de reserva tributaria, no brindaremos detalles específicos sobre controversias”, señalaron.

Según su memoria anual, Backus tiene reclamos pendientes en el Tribunal Fiscal por el pago de impuesto a la renta de los años 2008, 2009, 2013, 2014 y 2020, valorizados en unos S/174 millones. También ha apelado los cargos por impuesto predial del año 2010 al 2013, calculado en S/3,5 millones, y por la disposición indirecta de renta del 2013, estimada en S/ 7,9 millones.

Pero uno de los litigios más antiguos que mantiene la cervecera data de 1998, luego que Sunat detectara que los descuentos que la empresa otorgó a sus distribuidores, mediante notas de crédito, no eran válidos, y en consecuencia el pago de impuesto a la renta e IGV estaba incompleto. Por este hecho se inició un reclamo que a la fecha asciende a S/131 millones.

El caso llegó hasta la Corte Superior, luego que la empresa y el Estado presentaran sendos recursos de casación para anular todo lo actuado, y ahora se encuentra pendiente en la Corte Suprema. “De acuerdo con la opinión de nuestros abogados externos, la resolución del Tribunal Fiscal adolece de nulidad por haber transgredido diferentes normas legales, y consideran que existen sólidos argumentos legales para obtener un resultado favorable para la empresa en este proceso”, señala Backus en su reporte anual.

“Antapaccay, que tiene un Contrato de Estabilidad tributaria, litiga el pago de S/1.382 millones”.

La cuarta empresa con mayores deudas fiscales en litigio es Scotiabank, de capitales canadienses y una de las cuatro entidades financieras que concentra el mercado de créditos en el Perú, y que registra S/1.466 millones en tributos que el Estado no puede cobrar. Su principal controversia data de 1999, cuando se detectó que el entonces banco Wiese realizó presuntas operaciones ficticias de compra y venta de oro para incrementar su crédito fiscal y pagar menos IGV. La multa de S/ 48 millones que se le impuso en esos años fue bloqueada con la intervención del asesor presidencial Vladimiro Montesinos.

El proceso de sanción se retomó en 2003, bajo un nuevo gobierno, y hasta la fecha el banco impulsa recursos judiciales para evadir el pago. Su reclamo se encuentra en el Tribunal Constitucional. Este medio contactó con Scotiabank a través de su equipo de prensa de Scotiabank y de la Asociación de Bancos (Asbanc), detallando el motivo del reportaje, pero no hubo respuesta.

Las otras empresas que concentran los mayores montos tributarios en litigio son Compañía Minera Antapaccay S.A., subsidiaria de la gigante suiza Glencore y que extrae minerales de la provincia de Espinar, Cusco. La empresa posee un Contrato de Estabilidad tributaria hasta el 2026 y según la Sunat mantiene en controversia el pago de S/1.382 millones en impuestos.

Le siguen Agropucala S.A.A., una de las más importantes azucareras de la región Lambayeque, que desde hace unos 25 años mantiene disputas por su administración y ha dejado enfrentamientos con muertos y heridos. De acuerdo con la autoridad tributaria, esta compañía adeuda S/1.106 millones. Por último, aparece la multinacional de capitales chilenos, Latam Airlines Perú S.A., con S/1.075 millones en controversia en el Tribunal Fiscal.

Los sectores que más litigan: Minería y construcción

De las 99 empresas más influyentes del Perú que cuestionan el pago de tributos, el 32 % (37) opera en dos sectores económicos que generan importantes recursos al Producto Bruto Interno (PBI): minería e hidrocarburos y construcción. Además de las mineras Las Bambas y Antapaccay S.A., aquí aparece también la productora de zinc Nexa Resources (S/476 millones), cuya matriz está en Luxemburgo; y Minera Chinalco Perú S.A (S/ 342 millones), vinculada a una subsidiaria constituida en las Islas Caimán.

También destacan Minera Yanacocha (S/ 314 millones), la mina de oro más grande de América del Sur y que tiene como matriz a la estadounidense Newmont; Sociedad Minera Cerro Verde (S/184 millones), subsidiaria de la estadounidense Freeport McMoran, la japonesa Sumitomo Metal Mining y la peruana Minas Buenaventura; y Volcan Compania Minera (S/ 205 millones), controlada también por el conglomerado suizo Glencore.

En la lista aparece, además, Compañía de Minas Buenaventura, una de las principales compañías de extracción de oro, plata y cobre en el Perú, con S/ 93 millones pendientes de pago. Cabe recordar que el 30 de julio, la minera pagó por anticipado S/2.134 millones que adeudaba a la Sunat por los ejercicios fiscales del 2007 al 2010, pero anunció que seguiría litigando para intentar recuperar el dinero. Este medio consultó a la empresa cuáles son los otros casos tributarios que están en disputa, según los archivos de Sunat, pero no obtuvimos respuesta.

Son 20 las empresas mineras que aparecen como principales deudoras de impuestos al Estado, pero entre ellas llaman la atención dos compañías acopiadoras de oro y vinculadas al lavado de dinero de la minería ilegal en el sur del Perú. Estas son Veta de Oro del Perú S.A.A. y Minerales del Sur S.R.L.

El sector construcción es el segundo con mayor número de empresas que mantienen controversias fiscales con el Estado. Entre ellas se encuentran ocho compañías vinculadas a las investigaciones penales por los casos Club de la Construcción, Interoceánica Sur y Lava Jato, y que en total registran S/ 1.948 millones en deudas al fisco.

Estas son Aenza, antes llamada Graña y Montero; el consorcio Gasoducto Sur Peruano, donde participó la mencionada empresa y que fue dada de baja; e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales. Además, las brasileñas Constructora Norberto Odebrecht (CNO) S.A, Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, Odebrecht Latinvest, Andrade Gutierrez Engenharia y Constructora OAS.

En el caso del Gasoducto del Sur, el monto principal corresponde a una deuda concursal ante el Indecopi por S/837 millones, debido a las obligaciones que arrastra con sus acreedores tras el cierre del proyecto, cuando se reveló la red de corrupción de la brasileña Odebrecht. En el caso de OAS, la empresa mantiene deudas en fase de impugnación y reclamo, pero S/360 millones se encuentran ya en fase de cobranza coactiva.

Los pendientes de la banca peruana

Las entidades financieras también aparecen entre las empresas con mayores controversias tributarias, con un total de S/2.253 millones en litigio. Además de Scotiabank (S/1.466 millones), aparece Interbank, subsidiaria del Grupo Intercorp que dirige uno de los hombres más ricos del país, Carlos Rodríguez Pastor.

“Además de Scotiabank, en la lista de bancos con obligaciones pendientes está el BBVA e Interbank”.

De acuerdo a la Sunat, Interbank mantiene S/ 491 millones en apelación en el Tribunal Fiscal y Poder Judicial. Al respecto, la empresa dijo a OjoPúblico que todas sus controversias se encuentran en la vía judicial y que no las reconocen como deuda, sino como “reparos tributarios” porque discrepan sobre su aplicación.

“Los montos a los que se hace referencia no corresponden a deudas, sino a reparos tributarios efectuados por la Sunat en los períodos 2000, 2006 y 2013, y sobre los cuales discrepamos. Por este motivo, mantenemos procesos en el Poder Judicial. El reparo tributario que Sunat se pretende cobrar corresponde, principalmente, a intereses en suspenso por deudas que no fueron pagadas por nuestros clientes, las cuales son consideradas como pérdidas”, respondieron a través de un escrito.

Interbank también indicó que el importe en discusión es de S/489,2 millones, pero que este se habría reducido en cerca de S/200 millones debido a que, en marzo y mayo pasado, la Corte Suprema declaró improcedentes dos recursos de casación que presentaron la Sunat y el MEF. Este descuento, dice la empresa, se encuentra pendiente de ser actualizado. “Desde el año 2000 Interbank ha pagado más de S/3.792 millones por concepto de impuesto a la renta”, añadió.

Otro banco en la lista es uno de los grupos financieros más importantes del país: el BBVA, empresa financiera de capitales españoles y que registra S/250 millones en controversias fiscales. Consultado por OjoPúblico, la compañía informó que estas corresponden a fiscalizaciones por el periodo tributario del año 2000 hasta el 2014. “De este importe, es de resaltar que S/ 36,5 millones corresponden a tributos, S/ 18,9 millones a multas, y S/ 195,2 millones se atribuyen a capitalizaciones e intereses”, precisaron.

Según el BBVA, el trámite de los expedientes que determinaron la mayor parte de este monto (S/ 144,5 millones) fue irregular, por lo que el Tribunal Fiscal anuló lo resuelto por la Sunat y los expedientes fueron devueltos el año 2012. “Desde entonces, y hasta la fecha, no hemos recibido ninguna nueva notificación sobre estos casos (…) El valor de los litigios en curso del BBVA (desde el periodo 2000) representa menos del 5 % de las aportaciones que ha realizado en el último quinquenio”, respondió la financiera.

Sector alimentos y bebidas

En el sector alimentos y bebidas, aparece también la embotelladora y multinacional fundada por la familia Añaños Ajeper S.A. (Ajegroup), Cervecería San Juan S.A., absorbida por Backus, y la líder en el sector alimentos Alicorp S.A.A, empresa del Grupo Romero. Además, Leche Gloria S.A., de los hermanos arequipeños Jorge y Vito Rodríguez Rodríguez. Esta última registra S/90 millones en controversias tributarias.

Al respecto, la empresa Gloria señaló que el monto corresponde a las fiscalizaciones que realizó la Sunat, pero consideran que la entidad se equivocó al hacer sus cálculos. “Por un error de interpretación de los inspectores o por una falta de rigor en el análisis de la documentación proporcionada, vinculada a diversos tributos y correspondiente a diferentes años, han surgido ciertos reparos con los cuales discrepamos por lo que han sido sometidos a apelación ante el Tribunal Fiscal”, indicó la empresa.

Se trata de controversias sobre el pago de impuesto general a las ventas (IGV) del año 2014, en el cual la Sunat “pretende desconocer las facturas emitidas y entregadas por los ganaderos de la cadena láctea de la compañía en la compra de leche (materia prima)”, y por el impuesto selectivo al consumo (ISC) del 2014, para gravar los jugos que vendieron “sin considerar que la partida arancelaria” que corresponde a este tipo de producto”, señala la empresa.

En una entrevista con Latina, el ministro de Economía, Pedro Francke, señaló que ya hay avances para la creación de juzgados especializados en materia tributaria, que ayuden a acelerar la resolución de estas controversias fiscales. Este planteamiento ya lo había hecho ante al Congreso, durante la presentación del anterior Gabinete que lideró Guido Bellido, y se mantiene en la actual gestión de Mirtha Vásquez.

“Hay una serie de procesos de reclamación de los impuestos, a Sunat, Tribunal Fiscal, Corte Superior, Corte Suprema, todo el proceso judicial. A veces eso se prolonga demasiado y ese es uno de los temas en el cual queremos incidir. Una buena noticia es que, en coordinación con el Poder Judicial, se está abriendo una sala suprema especializada en temas tributarios y aduaneros Para darle celeridad y por la complejidad [de estos temas]”, señaló.

El MEF ni el Poder Judicial han brindado más detalles sobre la composición de estas Sala Suprema que, en teoría, deben vincularse a las actuales Salas Contenciosas Administrativas con subespecialidad tributaria y aduanera que funcionan en la Corte Superior. Tampoco se conoce qué reformas se aplicarán en el Tribunal Fiscal, entidad adscrita a dicho ministerio, y que es donde se acumula el 67 % de casos en apelación, como se revela en este reportaje de OjoPúblico.