La Unión Europea ha zanjado el último paso formal para aprobar la revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que fija las normas para que los países mantengan su déficit por debajo del 3% sobre el PIB y del 60% en el caso de la deuda. Este lunes, los ministros de Agricultura de la UE han dado su visto bueno a la reforma de las reglas fiscales en un punto para el que no se esperaba discusión. La norma entrará en vigor mañana, el día de su publicación en el Diario Oficial de la UE.
Los países deberán ponerse las pilas para cumplir con esta nueva gobernanza económica después de los años de manga ancha de gasto que han venido con y tras la pandemia. El próximo 19 de junio será una fecha clave para los Gobiernos, pues la Comisión Europea presentará su paquete de primavera en el que se desvelará los Estados miembro que entrarán en procedimiento por déficit excesivo.
Bruselas tendrá en cuenta los datos publicados la pasada semana por Eurostat para realizar los cálculos así como los niveles de déficit de los Estados miembro a la hora de aplicarles este proceso correctivo. Ya en la primavera del año pasado, el Ejecutivo comunitario avisó que de miraría las cuentas de la segunda mitad de 2023 con lupa en este análisis de junio, pese a que la suspensión de las reglas fiscales como tal se extendía hasta finales del pasado ejercicio. Finalmente, el 2024 será como una especie de transición en la aplicación de la nueva gobernanza económica.
España podría librarse por los pelos de que Bruselas le aplique un procedimiento por déficit excesivo. “Si hay un país cuyo déficit excesivo se acerca al 3%, pero de forma temporal, podríamos decidir no utilizar el procedimiento de déficit excesivo. Entraría en juego el presupuesto de 2024″, ha indicado el vicepresidente económico, Valdis Dombrovskis en una entrevista reciente con el Financial Times.
España cerró el pasado ejercicio con un déficit del 3,6% sobre el PIB, en línea con la medida de la eurozona. La cifra supera el límite del 3% que fijan las reglas fiscales y pone a Madrid en la palestra para que Bruselas le aplique un procedimiento por déficit excesivo el próximo junio. La Comisión Europea estimó que España rebajará su déficit al 3,2% en 2024. No obstante, el Gobierno fue más optimista y auguró que llegará a ese umbral del 3% sobre el PIB, por lo que quizás Bruselas podría dar a España cierto margen por considerar que se trata de ese incumplimiento “temporal”, al que se refería Dombrovskis. En todo caso, la prórroga de los presupuestos de 2023 podría desequilibrar tales perspectivas.
Los países que tienen todos los números de verse sometidos a un procedimiento por déficit excesivo el próximo junio son Francia, Bélgica e Italia, cuyos déficits se han visto incrementados en este último año de llamada a la contención fiscal y que no esperan un descenso de estos niveles hasta dentro de cinco años. Pero si estos son los casos más evidentes, en la palestra están un total de Estados miembro con números para entrar en este grupo.
El objetivo de la reforma es reducir las ratios de deuda y los déficits de forma gradual, realista, sostenida y favorable al crecimiento, dando espacio, al mismo tiempo, a reformas y las inversiones en ámbitos estratégicos como el digital, el ecológico o el de defensa. De hecho, los países tendrán que presentar antes del 20 de septiembre sus planes estructurales a 4 años, que serán ampliables a 7 años si se comprometen reformas e inversiones adicionales. Posteriormente, cada Gobierno deberá remitir a Bruselas sus borradores presupuestarios para 2025 antes del 15 de octubre y la Comisión Europea verificará que éstos cumplen con la senda presupuestaria pactada.
Los nuevos planes pretenden dar más espacio a los países para tener el control sobre sus cuentas, frente a unas reglas fiscales anteriores que probaron ser poco realistas y muy estrictas. Uno de los cambios principales es que las nuevas reglas fiscales tendrán en cuenta como indicador la senda de gasto. No obstante, la reforma contenta la ambición de los países frugales, especialmente de Alemania, que durante todo el proceso reclamó salvaguardias para que se fijase un ritmo de reducción anual de deuda y objetivos para el déficit.
Si finalmente Bruselas incluyera a España en un procedimiento, el Gobierno tendría que recortar unos 15.000 millones de euros anuales para rebajar su deuda. Según la nueva gobernanza económica, los Estados miembro con niveles superiores al 90% sobre el PIB deberán realizar un ajuste anual del 1%, y del 0,5% aquellos Estados miembro que se sitúen en una horquilla entre el 60% y el 90% del PIB.
Con las nuevas reglas fiscales, los Estados miembro deberán crear colchones ante futuras crisis y, para ello, alcanzar un objetivo déficit del 1,5%. Una condición con la que en diciembre se contentó a Berlín. Para caminar hacia este objetivo, los países deberán realizar un ajuste anual del 0,4% del PIB en los planes de cuatro años y del 0,25%% en los que se extiendan a siete años.
En todo caso ambas salvaguardas se traducirán al gasto primario neto ya que las nuevas fiscales tienen en cuenta este indicador, excluyendo los intereses de la deuda y otros gastos considerados cíclicos. Los países que incumplan las exigencias de Bruselas se enfrentan a un nuevo sistema de multas crecientes desde el 0,05% del PIB.
