El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sorprendió esta semana al abogar abiertamente, en su discurso de investidura, por una prolongación de las medidas antiinflación en España, aun cuando la tensión provocada por la guerra de Ucrania bajó de intensidad. La posición de Feijóo, sin embargo, es generalizada en Europa, tanto en políticos de izquierda como de derecha. Y pese a que las medidas estaban llamadas a ser extintas a final de año, ningún Gobierno se aviene a poner plazos de retirada definitiva de sus escudos sociales.
Los Estados miembro pusieron en marcha acciones a nivel nacional con las que suavizar el alza de precios. Pero ya se cuentan varios meses desde que Bruselas emplaza a los países a retirarlas. Lo hizo ya en sus previsiones de primavera. Pasados los peores temores de un invierno con altos niveles de precios de la energía, la Comisión Europea incidió en la necesidad de que el apoyo de los Gobiernos no debía ser amplio. En su lugar debía dejar paso a medidas más “específicas” y “localizadas” en los hogares y empresas más vulnerables.
El tono se ha ido endureciendo. Aunque el mandato del Ejecutivo comunitario dista de verse traducido en una política fiscal más restrictiva en los Estados miembro. Fue en el último encuentro de ministros de Economía y Finanzas de la UE que tuvo lugar en Santiago en septiembre que el mensaje adoptó un tono más severo. A su llegada a la reunión el comisario de Economía, Apolo Gentiloni, arrojaba mayor negatividad al referirse a la “ralentización del crecimiento económico”. Y de puertas para adentro la cita se zanjó con una llamada a una fiscalidad más restrictiva para cierre de este año.
Por mucho que Bruselas insista, la política fiscal es un asunto de competencia nacional. Lo explica el CEO del Centro de Estudios de Política Europea, Karel Lannoo, que, si bien apunta que existe una unión monetaria, “hay cierta divergencia en la respuesta nacional a la inflación y la Comisión puede dar ciertas guías”. Es así que el Banco Central Europeo y la subida de tipos de interés para paliar los altos precios se articula como una medida armonizada a nivel comunitario, pero no sucede lo mismo con la política fiscal.
“Las respuestas están determinadas por las circunstancias nacionales, poco por las circunstancias europeas”, contextualiza Lannoo. Las cifras de inflación divergen entre países. Y aunque sus niveles se mantienen por encima de lo deseado, la Comisión Europea solo puede emitir recomendaciones a las políticas nacionales. Eso sí, siempre y cuando los países cumplan con las normas que limitan el déficit sobre el PIB a niveles inferiores al 3% y la deuda sobre el PIB al 60%.
Es en este punto donde las advertencias de Bruselas toman fuerza pues en enero de 2024 volverán a aplicarse las reglas fiscales, tras su suspensión a causa de la pandemia y la posterior prórroga. Es cierto que la reforma de la gobernanza económica se encuentra, de momento, en plena negociación, pero la ambición es zanjar tal revisión antes de que termine el año, a tiempo para su puesta en marcha.
El Ejecutivo comunitario, en sus recomendaciones por país de primavera, encomendó a España realizar un ajuste presupuestario de casi 10.000 millones de euros si el gasto crece más del 2,6% en próximo ejercicio. Bruselas estimó que el aumento del gasto público español el año que viene será del 1,4%.
Sin embargo, no contaba entonces con la extensión de las medidas anticrisis en los mismos términos en los que se diseñaron a finales de 2022 cuando el IPC se situaba en dos dígitos. Es así que, en este momento, instó a España a iniciar la retirada de ayudas por la crisis energética en un intento por controlar el gasto. Un proceso “gradual” en 2023 que derive en su eliminación completa en 2024.
La medida estrella de España, junto con Portugal, fue bautizada como “excepción ibérica”. Una fórmula por la que se limita el precio del gas en el sistema de formación de precios de la electricidad para contener el alza de los precios de la luz. Una medida que se vio extendida hasta finales de año tras la prórroga aprobada por Bruselas en abril.
Pero España puso en marcha otras acciones como la bonificación al carburante, limitada posteriormente a profesionales del transporte, las ayudas al transporte público o la rebaja al IVA de los alimentos. La última prórroga de junio elevaba la factura en 9.000 millones de euros adicionales, incluyendo rebajas e incentivos fiscales. Con lo que todas estas medidas se cuantifican en unos 47.000 millones de euros de fondos públicos, según los últimos datos del Banco de España.
Desde septiembre de 2021, Alemania concentra más de la tercera parte de las medidas dispuestas por la UE, mientras Francia cuenta la mitad, según un informe del think tank belga Bruegel. Y ya son varios los países que han avanzado más de una prórroga o medida adicional.
