El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, avaló este viernes con su firma la Ley 406 de 2023 que aprueba el contrato de concesión minera entre el Estado y Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), que ha ocasionado numerosas protestas en contra, algunas violentas.
La firma y la publicación en la Gaceta Oficial del Estado de la ley sobre el nuevo contrato con la empresa subsidiaria, que explota la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica, se produjo solo unas pocas horas después de ser aprobada hoy en tercer y último debate por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).
El Parlamento, de 71 escaños, la mayoría oficialista, aprobó la nueva ley con 44 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones entre los diputados presentes en una inusual sesión parlamentaria, que no suele convocarse los viernes.
El nuevo contrato, que contiene 62 cláusulas, establece un ingreso mínimo anual de 375 millones de dólares (unos 353 millones de euros) al fisco, el pago de impuestos antes exentos, y amplios poderes de supervisión estatal a la operación de la mina, que exporta desde 2019.
En ese sentido, el nuevo convenio consigna que “uno de los principales acuerdos entre las partes” para su celebración, “es el esquema fiscal que incluye un sistema de regalías, garantizando que el Estado recibirá una compensación justa de mercado por sus recursos naturales”.
Y también en material laboral disposiciones sobre “los derechos individuales y colectivos, como libertad sindical, transferencias de conocimientos y contratación de mano de obra nacional”.
El total del área de concesión estipulada en el contrato es de 12.955,1 hectáreas, de las que el proyecto de explotación Cobre Panamá ocupa cerca de 6.000 hectáreas en el distrito de Donoso en la provincia de Colón (Caribe).
La discusión del convenio regresó esta semana al Parlamento después de que el Ejecutivo le hiciera algunos cambios sugeridos por los diputados, que han sido tachados como “maquillaje” por los ambientalistas y los sindicatos, que denuncian que el documento adolece de los mismos vicios por los que el anterior fue declarado inconstitucional.
Entre los cambios aplicados al contrato ley está la eliminación de “las cláusulas de expropiación” de tierras y la condición que “permitía a Minera Panamá solicitar restricciones al espacio aéreo” a la vez que se incluyó un apartado que “reafirma que nada en el contrato restringe ni limita la soberanía de Panamá sobre su territorio”.
También se suprimió la disposición que contemplaba que el Estado otorgaría una concesión de exploración de oro, plata y molibdeno.
Algunos sectores de la Ciudad de Panamá y sus alrededores amanecieron este viernes con cierres de vías por parte de los sindicatos en rechazo a ese polémico contrato minero, generando grandes atascos.
Tras la aprobación del contrato, decenas de sindicatos, ambientalistas, estudiantes y sociedad civil protestaron frente a los predios del Parlamento, epicentro de las manifestaciones antimineras.
