El ministro de Economía y Finanzas, José Arista, informó hoy que a la fecha hay 46 proyectos de gran envergadura que están paralizados y que representan inversiones por 8,500 millones de soles.
“Son 46 proyectos de infraestructura de gran tamaño que necesita el país, pero están paralizados por diversas razones”, sostuvo durante su presentación en el Congreso de la República para sustentar la creación del nuevo ministerio de Infraestructura.
En tal sentido, refirió que la brecha en infraestructura en el Perú supera los 100,000 millones de dólares.
Arista detalló que de los 46 proyectos paralizados, 3 corresponden al sector Educación, 13 a Salud, 2 a riego, 5 a vías urbanas 18 a obras de agua y saneamiento.
“¿Por qué hay tantas obras paralizadas? Por ejemplo, en salud se transfirió a los Gobiernos Regionales la responsabilidad de hacer los hospitales, pero al no tener ellos ni la experiencia, el expertise, ni las espaldas financieras se terminan haciendo malos contratos lo que termina generando grandes retrasos”, comentó.
Asimismo, dijo que lo mismo sucede con obras de agua y saneamiento, entre otros sectores, lo cual termina causando un gran problema a la población. “Se inician las obras, pero estas no concluyen”.
Por ello, resaltó que falta toda la sinergia que puede generar un buen ente ejecutor, en clara alusión a la propuesta para la creación de Ministerio de Infraestructura.
Propuesta del ejecutivo
Arista enfatizó que en el proyecto enviado por el Ejecutivo para la creación de este nuevo ministerio hay un concepto fundamental que es la separación.
“Lo que se pretende con este Ministerio de Infraestructura es hacer un órgano ejecutor, más no un órgano normativo. La parte normativa la va a decidir cada uno de los sectores”, dijo.
A modo de ejemplo, mencionó que en el caso de una escuela, temas como el tamaño del colegio, las dimensiones de las puertas, de los salones son establecidos por el sector al que corresponde, en este caso Educación. “El ejecutor se dedica a desarrollar la obra”, dijo.
Comentó, asimismo, que la recientemente aprobada Ley de Contrataciones Públicas da suficiente espacio para combinar diferentes tecnologías y otras formas de hacer contrataciones, lo cual permite una ejecución mucho más rápida y económica.
Refirió que en la actualidad las obras desde su concepción hasta su ejecución demoran alrededor de 6 a 7 años. “Se trata de un plazo demasiado largo para solucionar una necesidad de la población”, dijo.
