El escalamiento de las protestas y bloqueos de carreteras en el Perú, cometido por manifestantes que reclaman, entre otras cosas, el cierre del Congreso de la República, el llamado a nuevas elecciones generales y la renuncia de Dina Boluarte, viene poniendo en jaque a la minería y se teme que comprometan en algo el crecimiento económico del país, de acuerdo a estimaciones de agencias especializadas sobre el sector.
Desde que se retomaron las movilizaciones sociales en el país, el pasado 4 de enero, se han reportado reiterados ataques a campamentos e instalaciones mineras, así como el bloqueo del corredor minero del sur. Las compañías más perjudicadas con estas acciones vienen siendo Las Bambas, en Apurímac, y Antapaccay y Constancia, ambas en Cusco.
Aunque estas mineras no han paralizado sus operaciones al 100%, se han visto obligadas a reducir significativamente su fuerza laboral debido al desabastecimiento por las interrupciones en el tránsito de las vías y las constantes irrupciones a su propiedad privada.
El último ataque de los manifestantes reportado fue este viernes 20 de enero contra el campamento minero Antapaccay. Se supo que la empresa lanzó una alerta de que numerosas personas estaban rondando sus instalaciones, a las que lograron ingresar tras burlar sus cercos de seguridad. En un video compartido por la compañía se aprecia que prendieron fuego a los pastos del interior y saquearon algunos objetos.
Mediante un comunicado, Antapaccay ya informó que desde el 4 enero solo opera al 38% de su fuerza laboral y que se ha visto obligada a suspender de manera temporal el transporte de concentrado por los bloqueos viales en el corredor sur. El resultado ha sido que no cuentan con insumos necesarios para la operación y para la alimentación de los trabajadores, quienes se han visto impedidos de viajar a sus lugares de origen de forma segura.
“Si bien la empresa respeta el derecho a la protesta, debe condenar los actos violentos aparentemente ocasionados por infiltrados en la provincia” indicó un vocero de esa compañía. Los días 12 y 13 de enero también habían sufrido atraques que terminaron con autos incendiados y otro tipo de inmobiliaria dañada.
En la misma situación se encuentran la minera Las Bambas. Erick Ramos, secretario general del sindicato de trabajadores de esa compañía, sostuvo que en los últimos 15 días no han podido recibir los insumos necesarios para la producción, por lo que se incrementa el riesgo de la paralización completa de las actividades.
El pasado jueves 12 de enero, alrededor de 400 manifestantes se movilizaron hasta los exteriores de las instalaciones de Las Bambas. Este grupo de protestantes intentó ingresar, pero fue retenido por efectivos policiales que ya se encontraban resguardando el lugar.
En un comunicado, la compañía Hudbay también denunció que el jueves 19 de enero, luego de las movilizaciones en la zona, se produjo la quema de equipos y daño a las instalaciones de su mina Constancia.
Perder dinamismo
Según la agencia Bloomberg, las protestas en Perú amenazan con cortar el acceso a casi 4.000 millones de dólares en cobre justo cuando la apertura de China, tras las interrupciones por la pandemia, promete impulsar la demanda.
Hay quienes anticipan que en el corto plazo el efecto se verá reflejado con fuerza en el sector exportador minero, que perdería dinamismo. Y es que si bien se encuentra en terrenos negativos, esta situación de violencia golpeará más la producción y con ello los envíos, advierten expertos.
A largo plazo, los efectos se verían en el ánimo de los inversionistas que, ante el escenario de incertidumbre y violencia, podrían contener mayores desembolsos, agregan.
