En el sector de telecomunicaciones causa particular preocupación el futuro de la licitación de las bandas 2.3 GHz y AWS-3 para 4G. La asignación de las frecuencias estaba prevista inicialmente para el 15 de diciembre de 2021, luego se pasó para el 31 de enero de 2022. Posteriormente se volvió a aplazar para el 28 de febrero.

¿Qué está pasando? Este proceso -según se indica en la página web de ProInversión– permitirá la conectividad de 1,171 localidades con la banda AWS-3 y de 390 con la 2.3 GHz, la mayoría ubicada en zonas rurales.

Las operadoras que logren la adjudicación -indica ProInversión– brindarán servicios públicos de telecomunicaciones, en especial de banda ancha móvil, “ofertando mejores características de cobertura, mayor capacidad para el tráfico de datos y masificando el uso de la tecnología 4G” con una inversión estimada de US$ 289 millones.

Virginia Nakagawa, exviceministra de comunicaciones del MTC, explicó  las razones por las que esta licitación no es atractiva y -por lo tanto- es posible que no genere el interés de los operadores del mercado de telecomunicaciones.

“Este concurso tiene un afán no recaudatorio, ya que se colocó desde un inicio -en las bases- que el factor de competencia iba ser cobertura. El problema radica que cuando se coloca cobertura se aplica la definición que tiene de ella el regulador de telecomunicaciones que es el Osiptel. Lo que genera un riesgo regulatorio, ya que no se sabe cómo lo va a medir (la cobertura) ni las sanciones que va imponer”, detalló.

Desde su experiencia, la exministra consideró que debió añadirse -en vez de cobertura- obligaciones de conectividad.

“Por ejemplo conectar a 10,000 comunidades o localidades, que es más tangible y viable. No obstante, el añadir cobertura implica que está va ser supervisada por el Osiptel, lo que obliga a las operadoras a cumplir con el reglamento de cobertura del regulador en áreas rurales y ser objetos de multas y/o sanciones de la que hay precedentes”, precisó.

Pero no es el único factor -en opinión de Nakaragua que la hace poco atractiva esta licitación– ya que se añade la ley promulgada el año pasado por el parlamento y que establece una velocidad mínima garantizada del servicio de banda ancha (Internet), la cual no podrá ser menor a 70% de la velocidad contratada.

“Mientras que en países como Argentina, Colombia, México y hasta Estados Unidos están promoviendo concursos de banda ancha vía satelital para conectar a sus áreas rurales, en Perú se las castiga (a las áreas rurales) con esta ley de velocidad mínima garantizada”, agregó.

Vale recordar que antes de que esta ley obtuviera luz verde en el parlamento la organización de operadores móviles GSMA Latinoamérica ya alertaba que “elevar la velocidad mínima garantizada de internet al 70% es técnicamente inviable y puede generar un estancamiento en la penetración de servicios”.

Es más, para la GSMA dicha exigencia representa una nueva barrera a la expansión de los servicios móviles y se sumaría a las que ya existen como las trabas municipales para la instalación de infraestructura o las dificultades geográficas y mayores costos de despliegue y operación en zonas remotas.

-Más razones-

Carlos Huamán, de DN Consultores, añadió que un hecho que llama la atención de esta licitación -en particular- es la cantidad de consultas que ha generado, ya que a diferencia de otras licitaciones en las que hay una ronda para absolver dudas, en esta hubo hasta tres.

“Lo que fue atípico es que ha habido hasta tres rondas de consultas cuando -por lo general- solo es una ronda. La principal preocupación gira en torno a las obligaciones de los adjudicatorios -ya que está claro que el propósito es la expansión de la cobertura- sin embargo hay una serie de obligaciones regulatorias asociados a los centros poblados beneficiados lo que origina costos onerosos”, precisó.

Al igual que Nakagawa, Huamán detalló que otro elemento que hace poco atractiva esta licitación es la obligación de una velocidad mínima garantizada no menor a 70% de la velocidad contratada. “En el ámbito rural es muy complejo cumplirlo”, subrayó.

Otro elemento que la hace poco atractiva, en el caso de la banda AWS-3, es que tiene “menos ecosistema de dispositivo, lo que implica -en la práctica- que no es tan sencillo encontrar dispositivos habilitados comercialmente para esta banda. Lo que causa que su valor para los operadores sea menor”.

A lo que se agrega -aclaró- que el precio base de la licitación de la banda AWS-3 es superior al precio de la adjudicación de la banda AWS del 2013. “Lo que no tiene sentido, ya que para la banda AWS del 2013 sí habían dispositivo habilitados comercialmente”.

-Soluciones-

Para el especialista de DN Consultores una solución o salida a esta situación podría ser que se integren la licitación de las bandas 2.3 GHz y AWS-3 para 4G con la bandas para el 5G que deberá lanzarse este año, tomando en cuenta que para esta última existe una mayor interés por parte de los operadores.

Mientras que la exviceministra Nakagawa se mostró en contra de esta posibilidad dado que no está claro si está año será la licitación de las bandas para 5G.

“Esto -incluso- podría tomar tres años”, mencionó. La solución para que salga la licitación de la banda 4G -dijo- pasa por modificar la cobertura por obligaciones de conectividad y la derogación de la ley que establece una velocidad mínima garantizada no menor a 70% de la velocidad contratada.

–Nota–

  • Hasta el momento -acotó Huamán– hay tres postores calificados, pero aún es incierto si continuarán en el proceso tomando en cuenta que el 21 de febrero deben presentarse ante ProInversión los sobres 2 y 3.