Más de dos años después de que el Reino Unido abandonara la UE, el último fleco del acuerdo del Brexit parece haberse cerrado esta tarde. El Parlamento británico ha aprobado, por una amplísima mayoría de 515 votos a 29, el llamado “Protocolo de Windsor” para regular el comercio europeo y británico con Irlanda del Norte, un territorio que está a la vez dentro y fuera del Reino Unido y del Mercado Común europeo.
Con este acuerdo, se facilitará el comercio de bienes entre Gran Bretaña (Inglaterra, Gales y Escocia) e Irlanda del Norte, retirando los controles aduaneros a los productos destinados a la venta minorista en la provincia y a medicamentos aprobados por el regulador británico, entre otras cosas. A la vez, la provincia deberá seguir la regulación europea para todo lo demás, y habrá controles marítimos entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte apara asegurarse de que todos los bienes mayoristas o destinados a la exportación cumplan con las regulaciones europeas. Así, la ensangrentada frontera entre las dos Irlandas seguirá sin existir, a cambio de trasladarla parcialmente al mar de Irlanda.
A cambio, el parlamento norirlandés podrá vetar regulaciones europeas si su aplicación causaría un “grave y permanente daño” real y demostrable y no hay ninguna posible alternativa, una cláusula similar a la que tiene Noruega, otro país externo a la UE que participa en el Mercado Común.
Para el primer ministro, Rishi Sunak, esta es una “posición privilegiada” que hace de Irlanda del Norte la zona más “atractiva” del Reino Unido, al ser la única que no ha abandonado la UE en la práctica. Un argumento que los contrarios a la marcha apuntan a que no habla muy bien de los efectos del Brexit, si la única zona que no lo ha aplicado resulta ser la más atractiva para las empresas precisamente por haberse mantenido en el Mercado Común europeo.
Aun así, la situación política en la provincia no tiene visos de arreglarse a corto plazo. Los unionistas norirlandeses, que abandonaron el Gobierno autonómico hace un año y se niegan a permitir que el Parlamento regional vuelva a reunirse, votaron en contra del acuerdo, alegando que sitúa a Irlanda del Norte fuera de las leyes británicas y bajo control de Bruselas.
Junto a ellos, una veintena de conservadores rechazaron el acuerdo, liderados por los dos anteriores primeros ministros, Boris Johnson y Liz Truss, que proponían romper el tratado comercial del Brexit con la UE por completo y entrar en una guerra comercial con su principal socio económico y político. Además, varias decenas de diputados conservadores se abstuvieron, demostrando que el partido sigue dividido sobre las consecuencias del Brexit entre los que abogan por llevarse bien con la UE y los que prefieren una ruptura total y absoluta con Bruselas, incluso a costa de provocar una crisis comercial o jugarse la paz en Irlanda del Norte.
Mientras se celebraba la votación, el Comité de Ética del Parlamento comenzaba la primera sesión de su investigación sobre si Johnson mintió durante el llamado ‘Partygate’, el escándalo por la celebración de fiestas ilegales en Downing Street durante los confinamientos estrictos durante la pandemia.
El antiguo primer ministro se defendió alegando que “en aquel momento” no sabía que la celebración de fiestas iba contra las normas, y que nadie le avisó de ello. Además, alegó que las fiestas eran parte de su trabajo y, por lo tanto, estaban permitidas según las reglas que él mismo aprobó.
Si el comité considera que mintió al Parlamento al asegurar que “se han respetado todas las reglas” en aquel momento, podría suspenderle y obligarle a defender su escaño en una elección especial en su circunscripción. De ocurrir, las encuestas indican que podría suponer el fin de su carrera política.
