La reactivación de la economía del país y de las familias debe ser la gran prioridad en el 2023. Solo con crecimiento podremos generar empleo y recursos para cerrar las brechas sociales y disminuir la pobreza. La inestabilidad política de los últimos años generó un crecimiento por debajo de nuestro potencial. Debemos recobrar la paz social y la estabilidad como país. Además, el Gobierno debe reconstruir la confianza para atraer nuevas inversiones y considerar al sector empresarial como un gran aliado para mejorar la condición de vida de los peruanos. Con inversión privada y empleo formal, el Perú podrá retomar la senda del desarrollo.
Es necesario que haya un reordenamiento pesquero y mayor supervisión sobre Imarpe. En el año 2020, se emitió el Decreto de Urgencia 015 para reestructurar la entidad, pero hasta hoy no se ha implementado porque hay mucha corrupción. Salimos a pescar en esta temporada con una resolución de pesca exploratoria, cuando debió haberse hecho una buena evaluación. Dicen que hay 10 millones de TM de stock de anchoveta; sin embargo, llevamos tres días navegando y recién estamos entrando a puerto con 70 toneladas. Se debería crear el Ministerio de Pesquería y sacar una nueva ley general de pesca porque la que tenemos ya tiene más de 30 años.
La conflictividad social de las últimas semanas ha puesto frente a nosotros el principal desafío para el siguiente año: integrar el diálogo efectivo entre los actores sociales en búsqueda de la gobernabilidad del país. El sector minero energético es especialmente sensible a la inestabilidad política, ya que se sostiene en la confianza del empresariado sobre el desarrollo de las actividades productivas y la correcta gestión del Estado. Hoy más que nunca se requiere de un clima adecuado para retomar con fuerza el crecimiento del sector minero energético. El próximo año será complejo y no se prevén inversiones al nivel que deberían.
