El Salvador de Nayib Bukele se convirtió el martes en el primer país del mundo en adoptar una criptodivisa, el bitcoin, como moneda de circulación nacional en medio de una inminente crisis democrática, el rechazo a la medida de buena parte de los salvadoreños, dudas por la posibilidad de que el país se abra con esto al lavado masivo de dinero sucio y dificultades del gobierno para cumplir sus responsabilidades fiscales.
La jornada de entrada en vigencia de la criptomoneda estuvo marcada por la caída del precio de su valor en un 11%, fallas masivas en la aplicación electrónica para transacciones financiada por el gobierno de Bukele y las protestas callejeras más concurridas que el popular presidente salvadoreño, embarcado en una escalada autoritaria, ha enfrentado en sus dos años y tres meses de mandato.
A pesar de todas las señales de alarma que siguieron a la aprobación de la ley bitcoin, que incluso han puesto en pausa pláticas de un acuerdo entre El Salvador y el Fondo Monetario Internacional, Bukele no dio marcha atrás desde que el 9 de junio pasado, en una movida política sorpresiva e inconsulta, sus diputados en la Asamblea Legislativa aprobaron la adopción de la criptomoneda.
La ley aprobada por los diputados bukelistas establece que el bitcoin es, a partir del 7 de septiembre, moneda de circulación nacional, y que su aceptación para pagos y transacciones es obligatoria. “Todo agente económico deberá aceptar bitcoin como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio”, dice el artículo 7 del decreto aprobado en junio y basado en el expediente 73-6-2021-1 enviado por la presidencia de la república.
Pocas horas después de la aprobación de la ley, el gobierno anunció la creación de una billetera virtual, la “Chivo wallet”, para facilitar las transacciones en bitcoin y la convertibilidad a dólares, la otra moneda de curso legal en El Salvador. Para asumir los costos de convertibilidad, Bukele creó un fideicomiso inicial de 150 millones de dólares con fondos públicos.
Las dudas sobre la adopción del Bitcoin, su obligatoriedad y sus consecuencias empezaron de inmediato.
En las semanas siguientes a la aprobación de la ley, Fitch y Moody’s, dos de las casas evaluadoras de riesgos más importantes del mundo, encendieron alarmas.
Fitch advirtió en un informe del 25 de junio que el bitcoin “incrementaría los riesgos operacionales y financieros de instituciones financieras regulatorias, incluyendo el potencial de violar estándares internacionales antilavado de dinero y contra el financiamiento de terroristas”.
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) advirtió la posibilidad que El Salvador se convierta en un paraíso para el lavado de dinero debido al bitcoin “por la incapacidad legal de las autoridades para ejercer control y sancionar”. Esto debido a que, como bien advierte el instituto y reconoce el mismo gobierno, las criptomonedas “no están reguladas por ningún tipo de organización gubernamental, como pueden ser el Estado, bancos, instituciones financieras o empresas”.
Donde Fitch e ICEFI ven riesgos de lavado masivo de dinero, el gobierno de Bukele ve una oportunidad de “utilizar la moneda en cualquier parte del mundo, lo que es fundamental en el mundo globalizado (sic)… y en el que El Salvador sea referente”, según dice la iniciativa de ley que Casa Presidencial envió a la Asamblea Legislativa.
El gobierno también lista otras supuestas ventajas. Al no estar constreñida a regulaciones locales o internacionales, una economía bitcoin puede implicar ahorros en el pago de comisiones por servicios financieros internacionales, incluidas las que los salvadoreños en el exterior pagan por el envío de alrededor de 6.000 millones de dólares anuales en concepto de remesas.
Steve Hanke, profesor de economía aplicada de la universidad John Hopkins en Estados Unidos, se ha convertido en uno de los críticos más fervientes del bitcoin y su implementación en El Salvador. Para él, es una falacia que la criptomoneda traerá beneficios a los receptores de remesas porque siempre habrá una comisión que pagar, ya sea por pago de transacción o por cambio a dólares.
“Si alguien quiere mandar remesas con bitcoin, está bien, pero ¿qué hace (quién la recibe)? Va al ATM a obtener dólares porque es la única forma en que se puede comprar algo”, dijo Hanke en una entrevista reciente con un medio estadounidense. Aunque la ley establece que todos los actores económicos están obligados a aceptar bitcoin, Hanke prevé que esto no ocurrirá en el corto plazo, sobre todo en negocios pequeños e informales.
Bukele también aseguró, a través de la iniciativa de ley enviada a la Asamblea, que por ser una moneda de uso global, el bitcoin permitirá al país ampliar su portafolio de inversión directa, lo cual podría incluso favorecer la recaudación fiscal. Parece que solo el presidente y algunos entusiastas, incluidos gurús de la cripto economía, piensan así.
A finales de julio, la evaluadora de riesgo Moody’s degradó la calificación crediticia de El Salvador al nivel Caa1, reservado para los llamados bonos basura. No es poca cosa para un país que ha financiado buena parte de su presupuesto con venta de deuda soberana a corto plazo en los mercados doméstico e internacional.
Moody’s cree que la intempestiva adopción del bitcoin es parte del “deterioro en la calidad de la elaboración de políticas públicas”, lo que ha aumentado “la incertidumbre en los prospectos de financiamiento del país”.
Además, Moody’s advierte que la llegada del bitcoin pone en riesgo un acuerdo final de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo cual puede limitar la capacidad crediticia de El Salvador. ICEFI coincide: la adopción de la medida, dice el instituto, ha provocado una caída en el precio de los bonos salvadoreños y ha aumentado en los inversionistas la percepción de riesgo… La falta de acuerdo con el FMI limitaría conseguir préstamos de apoyo presupuestario con otros organismos multilaterales, lo que agravaría los desafíos que el país ya enfrenta para estabilizar su situación fiscal”, apunta el instituto.
La crisis de financiamiento interno ya era evidente antes del bitcoin. En junio, cuando la Asamblea Legislativa aprobó la ley, el gobierno debía alrededor de 153 millones de dólares en transferencias directas a las 262 municipalidades del país. Para hacer frente a la deuda, el Ministerio de Hacienda anunció la reorientación de fondos asignados a la atención a la pandemia por Covid-19.
No son solo los organismos internacionales y los tanques de pensamiento regionales quienes han mostrado dudas. También los salvadoreños. Según una encuesta de la casa LPG Datos, el 72% no piensa aceptar bitcoin como pago por transacciones, y según otro sondeo, de la Universidad Centroamericana (UCA), 6 de cada 10 salvadoreños están en desacuerdo con la aprobación de la ley.
“Las personas que no aprueban el uso del bitcoin señala que no saben de tecnología, que no tienen toda la información al respecto, que prefieren el efectivo y que tienen miedo a estafas”, asegura Edwin Segura, jefe de LPG Datos, en entrevista con Infobae.
El Bitcoin, de hecho, ha marcado el primer revés de opinión pública para una política pública impulsada por Bukele, un presidente que aun hoy, casi a la mitad de su mandato, mantiene un nivel de aceptación por arriba del 80%.
Segura afirma que la desaprobación del Bitcoin no ha afectado directamente la imagen de Bukele aún. “La gente, por ahora, rechaza la política, pero no al presidente. La razón es que el presidente ha insistido mucho en que el uso del bitcoin será opcional, entonces la mayoría cree que le pasará de largo, que el bitcoin no entrará en sus vidas financieras”, dice. Bukele y sus funcionarios han enviado mensajes contradictorios sobre la obligatoriedad del uso de la criptomoneda; la ley, sin embargo, dice que todos los agentes económicos “deben” aceptar el bitcoin.
A pesar de todo, Nayib Bukele no ha retrocedido un ápice en la implementación del bitcoin y está utilizando buena parte de su saludable capital político en el empeño.
Comienzo complicado
El debut de la criptomoneda como divisa oficial este martes no fue como lo esperaban Nayib Bukele y sus operadores. Las grandes tiendas virtuales no habían habilitado la bajada del “Chivo Wallet”, la aplicación financiada con 205 millones de dólares provenientes de fondos públicos para facilitar las transacciones con bitcoin. La aplicación, de hecho, tuvo que ser desconectada temporalmente por algunos fallos. Parte del dinero utilizado para desarrollar la billetera virtual fue sustraída de fondos originalmente destinados a salud y educación, según confirmó el Ministerio de Hacienda.
Entre las 2:36 p.m. del 6 de septiembre y las 12:36 p.m. del 7 de septiembre, el presidente había escrito o reproducido desde su cuenta de Twitter 60 tuits, relacionados todos al bitcoin. En algunos pidió paciencia por los atrasos en la activación de la Chivo Wallet, en otros anunció comercios de comida rápida que ya aceptaban la criptomoneda o retuiteó publicaciones especializadas que destacaron la llegada del bitcoin a El Salvador.
La noche del 6 de septiembre, Bukele había anunciado, también a través de Twitter, que El Salvador había comprado 200 bitcoins, en una operación que rondaría los 20 millones de dólares, según la cadena CNN.
Y mientras Twitter bullía en torno a la agenda presidencial, en la calle San Salvador servía de escenario a una de las primeras manifestaciones con convocatoria nutrida desde que Bukele asumió al poder. Tres marchas distintas se juntaron para terminar frente al Palacio Legislativo. Unas 2.000 personas en total, que suenan a poco pero parecen marcar un cambio de tendencia en la protesta callejera contra Bukele, hasta ahora muy rala.
“Esto es la suma de varias violaciones a la Constitución. El tema de la destitución del fiscal, la Sala (de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia… Pero el bitcoin es el resorte inicial del descontento ya fuera de lo virtual”, dijo a Infobae desde la marcha Carlos Clará, un editor literario salvadoreño.
La primera reacción de los mercados fue mala: con la vigencia del bitcoin en El Salvador, el precio de la criptomoneda cayó hasta un 15% el 7 de septiembre, aunque luego se recuperó levemente.
En los mercados europeos los bonos de El Salvador cerraron con una baja entre entre el 3 y el 4%, según cifras reveladas por intermediarios de la bolsa local. Es pronto para atribuir la baja directamente a la entrada en vigor del bitcoin, pero un corredor salvadoreño, que habló con Infobae desde el anonimato por temor a represalias, cree que se debe “a que llegó el día, la app ni está disponible, la gente no sabe nada de nada, la posible reelección (presidencial)… Es lo que más se escucha”, dijo.
Lo cierto es que la llegada del bitcoin a El Salvador ocurre mientras Nayib Bukele afianza su control absoluto del Estado y su permanencia en el poder.
La debacle democrática
Los diputados oficialistas, que desde el primero de mayo pasado son mayoría absoluta en el congreso salvadoreño, solo sirvieron como pasapapeles en este asunto: toda la iniciativa Bitcoin se cocinó en Casa Presidencial y los principales arquitectos han sido los hermanos del presidente y un grupo de asesores venezolanos que forman parte del círculo íntimo del presidente, según dos investigaciones periodísticas recientes.
No hay, en esto, Banco Central, instancias reguladoras o estudios técnicos, al menos de carácter público. Solo el presidente y sus deseos.
La opacidad ha rodeado todo lo relacionado al bitcoin, como ha ocurrido en otros casos de políticas públicas, pero parece claro que ha sido un tema recurrente de conversación en las esferas más altas del gobierno. “Todo lo que ves, las medidas, el tema constitucional, las cortinas de humo, todo tiene que ver con que no hay marcha atrás en lo del bitcoin… El gobierno no tiene plata y muchos ven esto como una forma rápida de traer “cash”, sobre todo porque el tema del Fondo (FMI) está parado”, dijo a Infobae un contratista del gobierno que habló bajo condición de anonimato por razones de seguridad.
La propuesta presidencial llegó a la Asamblea apenas un mes después de que la recién inaugurada supermayoría del bukelismo en el congreso diera un golpe constitucional al destituir ilegalmente a magistrados de la Sala de los Constitucional de la Corte de Justicia y al fiscal general, para nombrar en sus lugares a funcionarios totalmente afines a la agenda presidencial.
Como jefe de la Fiscalía General, Bukele nombró a Rodolfo Delgado, ex empleado del conglomerado Alba Petróleos, una red de empresas financiadas con el petróleo venezolano con la que el presidente estuvo implicado y que es objeto de una investigación por lavado de dinero.
Después de eso, Bukele se enfrentó a una tímida reacción internacional, que incluyó el nombramiento de varios de sus funcionarios más cercanos en una lista de personas señaladas por actos criminales y de corrupción que elaboró el Departamento de Estado de Estados Unidos. Bukele respondió metiendo en la cárcel a varios exfuncionarios opositores a los que acusó de corrupción y, luego, su policía detuvo temporalmente a un informático que fue voz líder en la crítica a la política Bitcoin.
Poco antes de la llegada de la criptomoneda, además, una investigación periodística había arrojado más detalles sobre el pacto que el gobierno Bukele mantiene con las pandillas MS13 y Barrio 18 para que estas reduzcan los homicidios a cambio de beneficios carcelarios y de otros tipos.
El viernes 4 de septiembre, tres días antes de la entrada en vigor del bitcoin, la Corte Suprema controlada por Bukele hizo una interpretación de la Constitución que abre la posibilidad a la reelección del presidente, algo que le ha valido la reacción más fuerte que ha recibido hasta ahora de la comunidad internacional. Los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido hablan ya de un declive democrático en El Salvador.
El bitcoin, la moneda presidencial, circula ya en forma legal en El Salvador, el país sobre el que Nayib Bukele aprieta el puño cada vez más fuerte.
