López Obrador dijo en su conferencia matutina que no quiere que se deje de investigar el caso que consideró un “asunto de Estado”.
“Yo no voy a dar un carpetazo a un asunto así”, afirmó el mandatario al expresar su respaldo a las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la República que la víspera revivió la hipótesis de un supuesto segundo tirador que habría participado en el homicidio de Colosio y que fue descartada poco después del asesinato ocurrido en marzo de 1994.
Luis Donaldo Colosio, hijo del político asesinado y alcalde de la ciudad norteña de Monterrey, pidió el lunes a López Obrador que indulte a Mario Aburto, quien en marzo de 1994 se declaró autor material del homicidio de Colosio, que era el entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y favorito para las elecciones.
Aburto, quien se encuentra en una cárcel de máxima seguridad, confesó que actuó en solitario para asesinar a Colosio, pero tiempo después denunció que fue víctima de torturas reiteradas en medio de versiones de que el magnicidio pudo tener connotaciones políticas y ser alentado desde el poder.
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La sorpresiva petición del hijo de Colosio coincidió con el anuncio que realizó la Fiscalía General de que apelaría la decisión de un juzgado local que hace 20 días desechó las pruebas para procesar a Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) quien era escolta de Colosio y se encontraba en el lugar en el momento del ataque.
Sánchez Ortega fue detenido tras el asesinato del candidato y liberado poco después. La Fiscalía solicitó una orden de detención del exagente, pero un juez negó la medida.
La Fiscalía indicó que tiene pruebas y testimonios que revelan que el exagente “disparó un arma” y que huyó del lugar del tiroteo y no ayudó a transportar a Colosio.
El Ministerio Público identificó como presunto encubridor de Sánchez Ortega al entonces subdirector operativo del Cisen, Genaro García Luna, quien 12 años después fue nombrado secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012). García Luna está presó en Estados Unidos desde 2019 y el año pasado fue declarado culpable de aceptar sobornos para proteger a cárteles del narcotráfico.
Colosio, quien figuraba como el favorito para ganar las elecciones presidenciales y parecía preparado para llevar al PRI a un giro más a la izquierda, fue asesinado el 23 de marzo de 1994 de dos disparos durante un mitin de campaña en la ciudad fronteriza de Tijuana, estado de Baja California, desencadenando una fuerte crisis política en México.
Un tribunal colegiado invalidó en octubre pasado una sentencia de 1994 sobre el caso de Colosio alegando que el asesino debió ser juzgado por el delito de homicidio con base en el Código Penal del estado Baja California, que contempla una pena máxima de 30 años de cárcel por ese delito y no de acuerdo con el Código Penal Federal.
Según la sentencia del tribunal colegiado Aburto debe ser sentenciado nuevamente bajo el Código Penal de Baja California, señaló en un comunicado el Instituto Federal de Defensoría Pública y agregó que espera que el tribunal declare purgada la pena puesto que este año Aburto completará 30 años de cárcel.
