Las manifestaciones, que registran una participación levemente más baja que el sábado anterior, empiezan a inquietar al Ejecutivo que vivió el desgaste de los ‘chalecos amarillos’
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Decenas de miles de personas volvieron a salir este sábado en toda Francia a protestar contra las medidas del Gobierno de Emmanuel Macron para impulsar la vacunación contra el coronavirus, especialmente el certificado covid que lleva ya una semana en vigor y la vacunación obligatoria del personal sanitario. Según el Ministerio del Interior, casi 215.000 personas salieron a la calle por quinto sábado consecutivo a mostrar su oposición a lo que consideran una “dictadura sanitaria”, pese a que el recrudecimiento de la pandemia ha llevado a nuevos confinamientos y ha provocado una saturación hospitalaria en territorios de ultramar, donde la tasa de vacunación es mucho menor que en la Francia metropolitana.
La participación fue algo menor de lo que se había vaticinado —la prensa había citado fuentes oficiales que calculaban un aumento hasta los 250.000 participantes— y, también, más baja que la semana pasada, cuando se registró un pico de 237.000 manifestantes. Aun así, los observadores han destacado la capacidad de movilización de una protesta social sin líderes claros y en pleno periodo de vacaciones.
El Gobierno lleva días insistiendo en que el número de personas que van a vacunarse cada semana son muchas más que los que salen a la calle a protestar. Macron incluso reiteró esta semana su objetivo de llegar a los 50 millones de ciudadanos que hayan recibido al menos una dosis antes de que acabe agosto. No obstante, según la prensa francesa, el hecho de que las manifestaciones no solo no disminuyan sino que siguen ganando fuerza empieza a generar inquietud en un Ejecutivo que conoce de primera mano el desgaste de protestas de largo plazo, como las que vivió con los chalecos amarillos entre finales de 2018 y 2019 y que mira ya, como el resto de los partidos, a las presidenciales en menos de un año.
Las nuevas protestas —había alrededor de dos centenares de convocatorias en todo el país— se producen cuando el certificado sanitario ya lleva casi una semana en vigor y en los territorios de ultramar, nuevamente confinados, la situación se agrava por momentos. El lunes comenzó a exigirse la prueba de que se está totalmente vacunado, un test negativo o que se ha pasado el coronavirus, para entrar en bares y restaurantes —incluso en terraza—, abordar un vuelo interno o un tren de larga distancia e incluso para visitar o acompañar a alguien al hospital. La medida ya funcionaba desde el 21 de julio para museos, cines y teatros y, a partir de este lunes próximo, se exigirá también para acceder a centros comerciales de más de 20.000 metros cuadrados en las regiones donde la tasa de incidencia supere los 200 casos por 100.000 habitantes. La medida también afectará a nueve centros comerciales en París, entre ellos las icónicas Galerías Lafayette, según anunció este sábado la Prefectura de Policía. En total, en todo el país, 104 centros comerciales y tiendas tendrán que exigir el control sanitario desde el lunes, según la Agencia France Presse.
En una rara alocución pública al comienzo de un consejo de defensa sanitaria —que generalmente se celebran a puerta estrictamente cerrada, muestra también de la preocupación que generan las protestas—, Macron advirtió el miércoles de que el certificado covid es un mal menor. “Es esto o el cierre del país, un nuevo toque de queda o confinamiento”, declaró, a la par que subrayó que la crisis sanitaria no ha sido aún superada y que las vacunas “son un seguro a todo riesgo contra las hospitalizaciones”. Lo prueba, según el Gobierno, la situación crítica en territorios de ultramar como Guadalupe o Martinica, nuevamente confinados y adonde se ha tenido que enviar personal médico extra para hacer frente a los hospitales colapsados con nuevos casos de coronavirus.
