MARÍA ANTONIA SÁNCHEZ-VALLEJO
El expresidente de EE UU Donald Trump ha demandado este lunes a la fiscal general del Estado de Nueva York, Letitia James, en un intento de frenar la investigación sobre sus negocios. Hace 10 días, la Fiscalía le citó a declarar bajo juramento el próximo mes de enero. La demanda, presentada por el propio Trump y su conglomerado empresarial, Organización Trump, se basa en una supuesta violación de sus derechos constitucionales y considera que en la acción de James hay un claro intento de hostigarle por razones políticas.
En paralelo a una investigación criminal instruida por la Fiscalía de Manhattan, las pesquisas contra el entramado empresarial de Trump por parte de la Fiscalía de Nueva York intentan determinar si el expresidente cometió fraude fiscal al presentar declaraciones del valor de inmuebles y propiedades sensiblemente superiores a los del mercado, para conseguir financiación.
Según una persona cercana a la causa, en declaraciones al diario The Washington Post, James está analizando si un fraude generalizado “permeó la Organización Trump”.
Trump ha calificado reiteradamente de “caza de brujas” políticamente motivada la causa abierta por Letitia James, que se prolonga desde marzo de 2019, cuando el republicano ocupaba la Casa Blanca. La fiscal, reconocida demócrata, había anunciado recientemente su candidatura a gobernadora del Estado, pero la retiró el pasado 9 de diciembre, pocas horas después de convocar a Trump, para centrarse en su reelección como fiscal “porque hay muchos casos pendientes”. “Hay una serie de investigaciones y casos importantes en curso, y tengo la intención de terminar el trabajo”, tuiteó James ese día.
El republicano, que ha presentado su demanda en un tribunal federal de Syracuse, al norte del Estado de Nueva York, acusa a James de estar “guiada únicamente por la animadversión política y el deseo de acosar, intimidar y tomar represalias contra un ciudadano particular al que considera un oponente político”. Es decir, recoge su discurso habitual, que había referido en varias ocasiones el “acoso presidencial” de James. Se espera que sus abogados soliciten a James que anule la convocatoria a declarar, teóricamente el próximo 7 de enero, un día después del primer aniversario del asalto al Capitolio de una horda de seguidores trumpistas.
En los últimos meses, la investigación civil de la fiscal James y la investigación criminal del fiscal de Manhattan, Cyrus Vance, se han centrado en dilucidar si los empleados de la Organización Trump inflaron o desinflaron artificialmente el valor de las propiedades para conseguir préstamos o eludir impuestos, respectivamente. Si James encontrara muestras de irregularidades, podría presentar una demanda contra Trump, pero, dado que se trata de una investigación civil, no podría presentar cargos penales. La oficina de Vance, que se jubila a finales de mes, colabora en la causa abierta por James.
El equipo de Vance emitió el mes pasado nuevas citaciones para el registro de propiedades del emporio de negocios de Trump, incluidos clubes de golf, oficinas y hoteles. La mayoría de los cargos derivados de la investigación hasta el momento se basan en esquemas presuntamente fraudulentos relacionados con los impuestos. Este verano, Vance imputó por fraude fiscal a la compañía y al director financiero de la misma, y mano derecha de Trump durante décadas. El magnate y su círculo familiar han salido de momento indemnes.
