El Tribunal de Sentencia Anticorrupción 1º de La Paz sentenció a tres años de cárcel a Palmiro Gonzalo Jarjury Rada, excomandante general de la Armada Boliviana y a Jorge Gonzalo Terceros Lara, ex comandante general de la Fuerza Aérea, por los delitos de Resoluciones contrarias a la Constitución y a las Leyes e Incumplimiento de Deberes en grado de complicidad.

La sentencia judicial fue emitida luego de que los exjefes militares solicitaron un juicio abreviado, es decir admitieron su culpabilidad sobre los hechos ocurridos en 2019, durante el golpe de Estado de ese año.

“Por Resolución de 14 de febrero de 2022, los representantes del Ministerio Público aceptan la solicitud de los 2 imputados, de someterse a la salida alternativa del juicio oral, proponiendo someterse a procedimiento abreviado, admitiendo la culpabilidad por la comisión de los ilícitos de 153 (Resoluciones contrarias a la Constitución y a las Leyes) y 154 (Incumplimiento de Deberes) en grado de complicidad, con la imposición de condena sancionatoria de 3 años de reclusión, de PALMIRO GONZALO HARPURI RADA en el Centro Penitenciario de Patacayama y de JORGE GONZALO TERCEROS LARA en el Centro Penitenciario de Palmasola (sic)”, indica un reporte de la audiencia de procedimiento abreviado.

En la audiencia, el Juez decidió que “se acepta el procedimiento abreviado, con la imposición de condena sancionatoria de 3 años de reclusión, de PALMIRO GONZALO HARPURI RADA en el Centro Penitenciario de Patacayama y de JORGE GONZALO TERCEROS LARA en el Centro Penitenciario de Palmasola (sic)”, agrega el informe.
A la audiencia acudió el abogado de la defensa, Eusebio Vera; los fiscales Eddy Junior Flores, Omar Mejillones y otros representantes judiciales.

Según la imputación fiscal, Terceros facilitó el traslado de diputados y senadores de la oposición para la eventual instalación de las sesiones de la Asamblea Legislativa con el objetivo de promover la sucesión de Áñez, además de avalar la “ilegal concreción de la investidura e imposición de símbolos patrios a la supuesta presidenta”, informó La Razón digital.

Mientras que Jarjury fue imputado por también permitir la imposición de símbolos patrios a Áñez, la noche del 12 de noviembre, y de incumplir con el mandato de garantizar el ejercicio de un presidente electo, es decir de Evo Morales.

También están acusados Williams Kaliman, excomandante de las Fuerzas Armadas; Flavio Gustavo Arce, exjefe del Estado Mayor; Pastor Mendieta, excomandante del Ejército; además del excomandante de la Policía Yuri Calderón. Kaliman y Calderón están prófugos.

El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) estableció que el Alto Mando Militar, donde estaban Terceros y Jarjuri, dieron un ultimátum al entonces presidente Evo Morales para que renuncie a su cargo.

El GIE determinó que la “sugerencia” de las FFAA y la Policía para que Morales renuncie, se trató de un ultimátum que debilitó el respeto a la Constitución.

“Las instituciones militares o policiales no deben hacer sugerencias o recomendaciones de índole política a gobernantes, especialmente en tema tan delicado como la renuncia a funciones públicas, pues sus comandantes, más allá de no tener legitimidad para tales actos, contribuyen a debilitar el respeto a la norma constitucional que define al poder civil como superior a las corporaciones que esos jefes lideran. La capacidad de actuación armada de esas instituciones demuestra que la diferencia entre una sugerencia y un ultimátum puede no ser más que una cuestión semántica”, indica el documento del GIEI.