Piñera, que detentó dos veces el poder (2010-2014 y 2018-2022), y las autoridades del Interior y Seguridad Pública durante su segundo mandato fueron citados a declarar en calidad de imputados por supuestos crímenes de lesa humanidad en el marco del estallido social de 2019, tal como ha informado este viernes el diario local La Tercera.
Estos acontecimientos siguen la línea de investigación que lidera la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, tras tomar la posta de Claudia Perivancich (Valparaíso), luego de la reorganización llevada a cabo en febrero de 2022 por el fiscal nacional Jorge Abbott.
La pesquisa intenta identificar las responsabilidades tanto de las exautoridades como de los altos mandos de Carabineros en la ola represiva que se registró entre octubre de 2019 y marzo de 2020. Todo el proceso arrancó luego de la querella que hubiera interpuesto el exsenador Alejandro Navarro en noviembre de 2019.
La querella se presentó contra Piñera y otras cuatro autoridades del Ministerio del Interior en esos meses: los que fueron titulares, Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel, y los subsecretarios de la misma Cartera, Rodrigo Ubilla y Juan Francisco Galli, que deberán declarar ante la Fiscalía en la misma calidad de imputados que Piñera.
Esta misma jornada ya ha comparecido para declarar Chadwick, a quien el Congreso lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por cinco años.
Piñera comparecería en los próximos días. Al respecto, su abogado, Samuel Donoso, libró de responsabilidades a su cliente. “Tenemos la tranquilidad y convicción de que en el actuar del expresidente siempre buscó compatibilizar el resguardo del orden público y seguridad ciudadana con el respeto a los derechos humanos de todos. En consecuencia, no se configura delito alguno”, dijo.
Donoso también destacó que el exmandatario ya prestó declaración en esta causa (julio de 2021) y “va a seguir colaborando en lo que le sea requerido”.
En aquella instancia, Piñera sostuvo que, como gobierno, “siempre buscamos que las Fuerzas de Orden y Seguridad resguardaran el orden público lo antes posible para restablecer la normalidad constitucional con pleno respeto por el Estado de derecho y los derechos humanos”.
En diciembre del 2021, la Corte Penal Internacional desestimó el requerimiento contra el expresidente Piñera por supuestos delitos de lesa humanidad y resolvió “no iniciar examen preliminar”, solicitado por el exjuez español Baltasar Garzón.
La represión a las protestas de 2019 dejaron un saldo de al menos 30 muertos, miles de heridos y 460 personas con lesiones oculares. Además, la Fiscalía ha registrado más de 1100 denuncias por tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como más de 70 delitos de carácter sexual cometidos por funcionarios públicos. Según cifras de Carabineros, ningún funcionario de la institución ha muerto y hay alrededor de 1600 heridos, 105 de ellos con lesiones graves.
