A través de un comunicado emitido el lunes, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) rechazó la solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos de incautar la mencionada aeronave después de que una corte del distrito estadounidense de Columbia emitiera el mes de julio la orden de su confiscación.

“La ilegítima e ilegal orden de incautación del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia es consecuencia de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos que atentan contra la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela”, reza el documento.

El bloque regional enfatiza que los embargos del país norteamericano violan los principios de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y las normas del derecho internacional, pues ha llamado a la comunidad internacional que exija el “levantamiento inmediato” de las sanciones impuestas contra Venezuela.

Un avión Boeing 747-300, cargado de piezas para compañías del sector automotriz y cubría la ruta Ezeiza (Argentina)-Montevideo (Uruguay)-Caracas (Venezuela), ingresó en Argentina el pasado 6 de junio procedente de México y dos días después despegó para ir a Uruguay, pero aterrizó nuevamente en el aeropuerto argentino de la localidad bonaerense de Ezeiza porque el país vecino no habilitó su aterrizaje, esto mientras necesitaba cargar combustible.

Las petroleras argentinas, a su vez, no cargaron combustible al avión, so pretexto de las sanciones de Estados Unidos. Unos días después, un juez ordenó retener los pasaportes e impedir la salida del país de los miembros de la tripulación —cinco iraníes y 14 venezolanos— en el marco de una causa sin base por posibles vínculos con el terrorismo internacional.

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A principios de este agosto, la Justicia argentina anuló la prohibición de salida del país y autorizó la partida de 12 de los 19 tripulantes del avión. No obstante, decidió retener todavía a cuatro iraníes y tres venezolanos, considerando que aún hay elementos para investigar.

El avión pertenece a la empresa Emtrasur, una filial de la venezolana Conviasa, bajo sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Fue comprado hace un año a la aerolínea iraní Mahan Air, sancionada también por EE.UU. desde 2011.

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En declaraciones ofrecidas el lunes en el Congreso de la Nueva Época, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, informó del inicio de una campaña para exigir la devolución del avión de carga venezolano retenido por las autoridades argentinas.