Luis Arce anunció la fecha en un mensaje presidencial emitido el viernes, en el que también estableció el mes de septiembre de 2024 como fecha para redistribución de los recursos presupuestarios conforme a los resultados de este censo.

Cargó contra la oposición derechista por intentar politizar la cuestión del censo y utilizarla como un pretexto para incitar a la violencia y el odio en el país andino, donde un paro declarado desde hace 21 días en Santa Cruz, bastión de la oposición y motor económico del país, ha afectado las actividades económicas en toda Bolivia.

“Ya no podemos seguir demorándonos, sobre todo cuando dirigentes que representan a una parte de Santa Cruz, no a toda, mantienen la posición de no alcanzar acuerdos”, dijo Arce en referencia al gobernador cruceño, Fernando Camacho, y varios dignatarios más que hicieron fracasar esta semana el diálogo sobre el censo

El mandatario dijo que “en democracia conviven diferentes posiciones, pero también democracia es la toma de decisiones en beneficio de las mayorías”.

Arce reveló que el censo de 2012 se hizo sin la actualización cartográfica, que consiste en un barrido general de pueblos y ciudades para conocer el número de viviendas y familias que viven en cada manzana, y actualmente ese complejo proceso está en plena realización en las ciudades capitales.

Con esta decisión, el Gobierno de Arce ha adelantado la fecha del censo respecto lo sugerido por organismos internacionales. A su vez, la redistribución de recursos, designada para septiembre de 2024, se implementará un mes antes de lo que el Gobierno tenía programado.

Al fijar la fecha del censo, el mandatario buscó poner fin al paro en el departamento de Santa Cruz, donde los actos de caos y la violencia sucedidos causaron la muerte de cuatro personas y el bloqueo forzoso de carreteras.

La oposición derechista buscaba adelantar el censo, pidiendo que se realice en 2023 para que sus datos se apliquen en 2025, cuando están previstas las próximas elecciones presidenciales.

Las tensiones se desataron en julio cuando el Gobierno pospuso el censo para 2024, argumentando cuestiones técnicas derivadas de la pandemia de coronavirus.

Los sectores críticos con la huelga, incluida la Cámara de Diputados, consideran la derecha como “lacayos del imperialismo” y la acusan de usar el censo solo como un pretexto para desestabilizar al Gobierno nacional, y lanzar otro golpe de Estado para derrocar a Arce.

Fuente: Hispantv.