Dos grandes investigaciones, una política y otra económica por irregularidades en sus negocios, estrechan el cerco sobre el expresidente republicano
El registro que el FBI realizó este lunes en la residencia de Donald Trump en Palm Beach en busca de documentos oficiales es el último episodio de irregularidades que expone al expresidente republicano a la acción de la justicia. Dos grandes investigaciones, cada una de ellas con ramificaciones, han mostrado los flancos del magnate, en vísperas de un hipotético anuncio de concurrir a las elecciones presidenciales de 2024. La primera es de índole política: sobre el asalto al Capitolio y los intentos de revertir el resultado de los comicios de noviembre de 2020 (la insurrección se debió a la insistencia de Trump en que las elecciones habían sido un fraude). La segunda, de tipo privado y económico: se refiere a las irregularidades documentales y fiscales en su emporio, la Organización Trump, que están siendo investigadas desde 2019, con el republicano aún en la Casa Blanca, por la Fiscalía del Estado de Nueva York y la de Manhattan.
Además de la intervención del FBI en su residencia de Mar-a-Lago, en busca de documentos oficiales secretos o clasificados que no deberían estar en su poder, y que por tanto constituye un caso aparte, estas son las principales causas abiertas contra Trump, un escrutinio legal y, en el caso de la insurrección del 6 de enero de 2021, también legislativo, que constituye la ofensiva más amplia desatada contra un expresidente de EE UU.
Departamento de Justicia: responsabilidad penal
El Departamento de Justicia investiga la connivencia de Trump en la acción de una horda de seguidores suyos el 6 de enero de 2021, que constituyó un intento de golpe de Estado, en palabras del comité de investigación del Congreso. Justicia investiga sobre todo el mitin de Trump que precedió al motín y su actitud, a medias entre la inacción y la complacencia, durante las horas que duró el asalto. En volandas del movimiento que él mismo inspiró, Stop the Steal (Detén el robo), Trump asistió a la algarada como Nerón al incendio de Roma. También se escrutan sus esfuerzos para presionar al Departamento de Justicia y a algunos funcionarios estatales para que cuestionaran, sin pruebas, los resultados de las elecciones.
La gran duda es si esta investigación se sustanciará en una imputación. Ningún presidente en la historia del país ha sido inculpado, ni siquiera Richard Nixon por el escándalo Watergate o Bill Clinton por mentir bajo juramento ante un gran jurado sobre su relación con Monica Lewinsky. .
El comité de investigación del asalto al Capitolio: juicio político
Aunque el comité formado por nueve legisladores (siete demócratas y dos republicanos) no responde a los requisitos de una investigación criminal, las sesiones han arrojado la descripción más completa hasta el momento de los esfuerzos de Trump por anular los resultados de las elecciones y su papel en la violencia en el Capitolio. Se trata de un juicio político paralelo a la eventual acción de la justicia.
Los miembros de la comisión continúan hablando con nuevos testigos y es posible que haya más audiencias públicas a principios del otoño. El Departamento de Justicia acusó a dos exasesores de Trump de desacato al Congreso por oponerse a sus citaciones; el exasesor Steve Bannon fue condenado a fines de julio por obstrucción a la justicia y ha prometido apelar. El juicio del exasesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, está programado para noviembre. El comité no puede acusar a Trump de un delito aunque se demuestre su implicación en el motín. Pero a raíz de sus conclusiones, el Departamento de Justicia ha pedido copias de la transcripción de las declaraciones y otros documentos. El comité podría instar una investigación formal a Justicia solicitando que el presidente enfrente cargos específicos.
El intento de pucherazo de Georgia
Trump presionó al secretario de Estado de Georgia, el republicano Brad Raffensperger, para que “encontrara” suficientes votos para revertir la victoria de Biden. También llamó a otros tres altos funcionarios del Estado para que encontrasen irregularidades, sin base real alguna, en la votación y una lista de falsos electores del Estado que le permitiera impugnar los resultados de las elecciones. La fiscal Fani Willis, demócrata, investiga la ofensiva de Trump en el Estado y ha citado a varios senadores republicanos, además de investigar las llamadas imperativas de Trump a los representantes del Estado. Un centenar de personas está siendo investigado.
Las cuentas de la Organización Trump: el juicio económico
La muerte de su exesposa Ivana Trump impidió que Trump y sus hijos Donald Jr. e Ivanka declararan a finales de julio ante la fiscal general de Nueva York. Una comparecencia a la que el republicano se resistió con uñas y dientes pero que la fiscal Letitia James, demócrata, logró sacar adelante. La Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan y la oficina de la fiscal general de Nueva York han estado investigando las prácticas comerciales de Trump, en particular las acusaciones de que tergiversó el valor de sus activos ante los prestamistas y Hacienda para garantizarse préstamos en condiciones preferentes y obtener exenciones fiscales.
Se trata de dos investigaciones en paralelo, una civil, la de James, y otra penal, iniciada en 2019 por el fiscal de Manhattan Cyrus Vance y que continúa tras la jubilación de este Alvin Bragg. Todos ellos son demócratas, por lo que Trump considera que ambas causas tienen una motivación política. “Caza de brujas” política, las ha denominado. De las dos causas, la de la fiscalía de Manhattan ha perdido fuelle tras la renuncia de dos abogados por dudas acerca de la instrucción y podría cerrarse sin cargos, decisión que depende de Bragg. La otra causa, la civil instruida por la oficina de James, sigue adelante.
La acción judicial se ha sustanciado hasta ahora en la caída del que fuera director financiero de la Organización Trump durante décadas, Allen Weisselberg, cuyo caso, que depende de la fiscalía de Bragg, podría juzgarse a finales de año. Un cortafuegos para dejar indemnes a los miembros de la familia. James, por su parte, podría pedir sanciones financieras u otros castigos no penales. En abril, un juez declaró a Trump en desacato al tribunal por no entregar los registros a la oficina de James y ordenó una multa de 10.000 dólares al día. La sanción se levantó después de que Trump pagara 110.000 dólares y declarase bajo juramento que no había recuperado nada de lo que buscaba James. La nueva comparecencia de Trump ante James no tiene fecha.
Un caso menor, relacionado también con sus propiedades, es el relativo a un presunto fraude fiscal en el club de golf de Wetchester, un rico condado neoyorquino, que está siendo investigado por la fiscal de distrito Miriam Rocah, también demócrata. La Organización Trump había cuestionado la valoración de la propiedad del club todos los años desde 2015. El caso parece en punto muerto.
