bajo el amparo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
convencidos de la necesidad de poner el bienestar del pueblo venezolano en el centro de la atención,
atendiendo a los valores superiores del ordenamiento jurídico del Estado venezolano y de su actuación, que son los de la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político,
comprometidos con el fortalecimiento de una democracia inclusiva y una cultura de tolerancia y convivencia política,
convencidos de la importancia de promover una cultura de respeto a los derechos humanos y de investigar y sancionar su violación,
dispuestos a acordar las condiciones necesarias para que se lleven a cabo los procesos electorales consagrados en la Constitución, con todas las garantías,
entendiendo la necesidad de que sean levantadas las sanciones contra el Estado venezolano, reivindicando como derechos irrenunciables de la nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional,
rechazando cualquier forma de violencia política en contra de Venezuela, su Estado y sus instituciones,
comprometidos con la estabilización y defensa de la autonomía nacional, productiva, diversificada y solidaria,
saludando las iniciativas humanitarias tomadas, particularmente la Mesa Nacional de Vacunación y el Programa Mundial de Alimentos,
reconociendo la necesidad de construir una visión de un futuro conjunto para todas las venezolanas y todos los venezolanos, e
invitando a los miembros de la comunidad internacional a acompañarnos en estos propósitos.
Derechos políticos para todos.
Garantías electorales para todos. Cronograma electoral para elecciones observables.
Levantamiento de las sanciones. Restauración de derecho a activos.
Respeto al Estado Constitucional de Derecho.
Convivencia política y social. Renuncia a la violencia. Reparación de las víctimas de la violencia.
Protección de la economía nacional y medidas de protección social al pueblo venezolano.
Garantías de implementación, seguimiento y verificación de lo acordado.