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Los manifestantes salen a las calles de la capital catalana para protestar contra el arresto del rapero Pablo Hasél, condenado a nueve meses de prisión por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona.
Actualmente afronta una pena de dos años y medio de prisión que podría sumarse a los nueve meses que ya comenzó a cumplir.
Es la quinta jornada de movilizaciones en favor del artista arrestado el pasado 16 de febrero en Lleida (Cataluña).
Cientos de personas se concentraron desde las 19:00 (hora local) en la céntrica Plaza Universidad de Barcelona, donde colectivos antifascistas y de izquierda convocaron a la población para exigir la libertad de Hasél.
En paralelo están llamadas a movilizarse localidades de todo el territorio como Lleida —ciudad natal del rapero—, Girona, Tarragona, Vic, Reus, Mataró o Sabadell; en lo que se prevé la mayor jornada de protestas en Cataluña.
El encarcelamiento de Hasél desató un debate sobre la libertad de expresión en España, ya que su condena se basa en el contenido de decenas de tuits y algunas canciones que publicó en internet.
Los altercados registrados en los días posteriores a su arresto dejan más de medio centenar de detenidos en Cataluña por acciones violentas como lanzamiento de objetos a la policía, quema de contenedores o saqueos a tiendas, bancos y concesionarios.
También hubo incidentes de menor gravedad en otros lugares de España como Madrid, donde se produjeron una veintena de detenciones, Valencia o Granada.
Los incidentes en todo el país se saldaron además con un centenar de heridos, un tercio de ellos policías.
En Barcelona una joven perdió la vista de un ojo por el impacto de un proyectil de foam disparado por policías, mientras que en Girona un diputado del partido independentista CUP recibió golpes de los agentes mientras trataba de dialogar sobre una detención.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó como “inadmisibles” los disturbios de los últimos días y achacó el malestar en las calles a manifestantes violentos cuya actuación debe ser respondida “con contundencia” desde los cuerpos de seguridad.
No compartieron la visión otros sectores políticos como los socios de Gobierno de Sánchez, Unidas Podemos, que criticaron la actuación de la Policía catalana —Mossos d’Esquadra— y otros cuerpos del país.
Por parte del Gobierno de Cataluña, el departamento de Interior convocó para el 21 de febrero una reunión urgente con todos los sindicatos de Mossos para evaluar la situación de los últimos días.
El Ayuntamiento de Barcelona ya ha cifrado en más de 315.000 euros el costo de los destrozos causados en la ciudad en las últimas noches.