A punto estaban de llegar las navidades de 2023 cuando supimos que un importante cardenal del Vaticano había sido condenado a 5 años y medio de cárcel. Él era Angelo Becciu y su delito un caso de irregularidades financieras. En consecuencia, el papa Francisco le retiró sus privilegios como purpurado. Y sin embargo, ahora cabe la posibilidad de que Becciu ocupe un sitio en el cónclave que va a elegir al sucesor del pontífice, fallecido el lunes pasado.
Salvo decisión contraria, el cardenal Becciu no debe participar en el cónclave, e incluso en las estadísticas del Vaticano le cuentan como cardenal no elector, a pesar de tener 76 años (pueden votar los menores de 80). Sin embargo, la oficina de prensa del Vaticano aseguró que todos los cardenales pueden participar en las congregaciones, las reuniones preparatorias, pero que otra cosa es entrar en el cónclave.
Giovanni Angelo Becciu es italiano de Cerdeña, donde nació el 2 de junio de 1948. Se hizo sacerdote en 1972 y trabajó en varias nunciaturas apostólicas, entre ellas las de República Centroafricana, Nueva Zelanda, Reino Unido, Francia y Estados Unidos.
En 2001, recibió la ordenación episcopal de las manos del cardenal Angelo Sodano. Ese año, el papa Juan Pablo II lo nombró nuncio apostólico en Angola. Luego lo fue de Santo Tomé y Príncipe, y en 2009, Benedicto XVI lo traslado a la importante nunciatura apostólica de Cuba.
Tras sus servicios en el exterior, Becciu regresó a Roma en 2011. El papa lo nombra Secretario para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado de la Santa Sede. Cinco años después, fue confirmado como consultor de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
En 2017, Francisco confió en él como Delegado Pontificio ante la Orden de Malta para representarlo durante el proceso de actualización de las normas y leyes de este Estado (en segundo lugar quedó el cardenal Raymond Leo Burke). Un año después, Bergoglio nombró a Becciu cardenal de la Iglesia católica.
Las cosas no tardaron en torcerse para el prelado sardo. En 2020, salió a la luz una controvertida operación inmobiliaria en Londres, que había sido gestionada por Becciu. Se habían desembolsado millones de libras en la compra de un edificio en el corazón londinense, en Sloane Avenue, una antigua sede de las galerías Harrods en el exclusivo barrio de Chelsea.
La compra del edificio la cerró la Secretaría de Estado vaticana cuando Becciu era su sustituto de Asuntos Generales (2011-2018). La operación no sólo fue especulativa, sino que, además, salió mal económicamente: creó un agujero en las cuentas de la Santa Sede de al menos 139 millones de euros. El edificio costó a la Iglesia unos 350 millones de euros y luego se vendió por unos 214.
Además, aquella adquisición acabó siendo utilizada para extorsionar al Vaticano. El escándalo de Londres demostró la poca transparencia y las irregularidades que había en las cuentas de la Santa Sede.
Si ya era feo y censurable que la Iglesia gastara decenas de millones en una operación inmobiliaria, peor resultó cuando se descubrió que el dinero procedía de fondos de la Iglesia (incluido dinero del óbolo de San Pedro). Además, durante el proceso surgieron otros delitos financieros cometidos presuntamente por Becciu.
Se recibieron denuncias de apropiación indebida por haber, presuntamente, favorecido económicamente a sus hermanos. En concreto, eran donaciones de 125.000 euros que el cardenal ingresó en la cuenta de una asociación, vinculada a la Cáritas sarda de Ozieri, su lugar natal, y que en ese momento presidía uno de sus hermanos.
Becciu negó las acusaciones, pero en septiembre de 2020 le fue impuesta la renuncia por el papa Francisco al cargo de Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y a los derechos relacionados con el cardenalato. Es decir, retuvo el título de cardenal, pero perdió cualquier cargo y el derecho a entrar en un futuro cónclave.
También se supo entonces que se había pagado 575.000 euros a Cecilia Marogna. Se supone que esta mujer, que se presentaba como experta en asuntos diplomáticos y de espionaje, ayudó a la Santa Sede a liberar a una monja colombiana secuestrada en Malí.
El 3 de julio de 2021, un juez del Vaticano acusó a Becciu de múltiples cargos, entre ellos malversación de fondos, blanqueo de dinero, fraude, extorsión y abuso de poder. El papa Francisco aprobó personalmente su acusación. También fueron acusadas otras diez personas, cuatro de las cuales eran exfuncionarios del Vaticano.
