Jeanine Áñez fue detenida en la madrugada en su ciudad natal de Trinidad y fue trasladada en avión a la capital, La Paz, donde compareció ante un fiscal.

“Esto es un abuso”, dijo a los periodistas después de la aparición. “No hubo golpe de Estado, sino una sucesión constitucional” cuando asumió el cargo y no respondió cuando le increparon  que fue ella quien emitió un Decreto por el que daba carta libre a los militares para reprimir con fuerza la protesta popular, lo pero se lo dijeron que seria responsable de la muretes que se produzcan por esa orden y no le importo las advertencias, ahora reclama por las accione judiciales en su contra.

La detención de Áñez y las órdenes de arresto contra muchos otros exfuncionarios son noticia en los principales medios del país y el extranjero, la mayoría  con titulares y aseveraciones  que supuestamente se estaría atentando contra los derechos humanos y sorprende esa doble moral, el silencio, durante el mandato de la hoy detenida, cuando se produjeron innumerables abusos de derechos humanos, como persecución generalizada a todos los militantes representativos del partido de Evo Morales, muchos tuvieron que salir al exilio, otros asilarse  en las embajadas de México, España y miles de detenidos con procesos judiciales por sedición, terrorismo.

El actual gobierno respeta la separación de poderes y no es el responsable de las medidas coercitivas en marcha, son disposiciones del Ministerio Público, el Poder Judicial es el mismo que dispuso las medidas de aprensión a los partidarios del ex presidente. Los procesos van avanzar y los que cometieron delitos tendrán que cumplir su sanción, por ningún lado se ve  persecución generalizada, tampoco puede darse la impunidad, por el solo hecho de cuidar la paz social.

Hace poco la población del Alto, una de las ciudades mas importantes de Bolivia,  se movilizaron en la capital exigiendo sanción a los culpables de la masacre de sus pobladores, y precisaron que no aceptaran impunidad de estos hechos graves.

“Esto no es justicia”, dijo el expresidente Carlos Mesa, quien ha terminado segundo frente a Morales en varias elecciones. “Están tratando de decapitar a una oposición creando una falsa narrativa de un golpe de Estado para distraerse de un fraude”.

Morales, por su parte, envió un tuit diciendo: “Los autores y cómplices de la dictadura deben ser investigados”.

Se emitieron otras órdenes de arresto para más de una docena de otros ex funcionarios. Entre ellos figuran varios exministros del Gabinete, así como el ex líder militar William Kaliman y el jefe de policía que habían instado a Morales a renunciar en noviembre de 2019 después de que el país fuera barrido por las protestas contra el primer presidente indígena del país.

Después de que Morales renunció – o fue empujado – y se fue al extranjero, muchos de sus principales partidarios también renunciaron. Áñez, una legisladora que había estado varios peldaños por la escalera de la sucesión presidencial, fue llevado a la presidencia interina, ante el impedimento de parlamentarios del Mas, de ingresar al palacio legislativo y solo pudieron hacerlo luego de la juramentación de Jeanine Añez

Una vez allí, desgarró abruptamente las políticas de Bolivia hacia la derecha y su gobierno denunció y procesó a Morales y a una serie de sus partidarios por cargos de terrorismo y sedición, alegando manipulación electoral y represión  de protestas.

Pero el Movimiento Morales hacia el socialismo seguía siendo popular. Ganó las elecciones del año pasado con el 55% de los votos del candidato elegido por Morales, Luis Arce, quien asumió la presidencia en noviembre. Áñez había abandonado tras hundirse en las urnas.

Dos ministros del gobierno de Áñez también fueron detenidos el viernes, entre ellos el exministro de Justicia Álvaro Coimbra, quien había ayudado a liderar el procesamiento de los asesores de Morales. Un ex ministro de Defensa y otros también han sido acusados.

El nuevo ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que Áñez, de 53 años, enfrenta cargos relacionados con sus acciones como senadora opositora, no como expresidenta.

El ministro del Interior, Eduardo del Castillo, negó que se trata de un acto de persecución, diciendo que el caso surgió de una denuncia penal de conspiración y sedición presentada en su contra en noviembre, el mes en que dejó el cargo.

El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo desde Washington que las órdenes de arresto contra Áñez y sus ministros “no contienen ninguna evidencia de que hayan cometido el delito de terrorismo”, pero no puede negar que si es responsable de la masacre de Zencata , en la ciudad del Alto. Allí Vivanco no se pronuncio, como si los derechos humanos tienen color político.