Cuando Bolivia sufre una explosión de contagios de Covid-19 sin precedentes, la política de vacunación del Gobierno de Luis Arce ha tropezado con la resistencia de varios dirigentes y sectores sociales del partido gobernante que son contrarios a la inoculación y a los decretos que fijan la obligación de portar un carnet de vacunación para ingresar a instituciones públicas y privadas, lo que ha provocado la amenaza de protestas y disparado nuevas tensiones.
El Gobierno había puesto en vigor dos decretos para impulsar la campaña de vacunación fijando la obligación desde el 1 de enero de presentar el carnet de vacunación o una PCR negativa para acceder a varios espacios, pero cinco días después las medidas fueron aplazadas al 26 de enero tras las reacciones de descontento y el colapso de los centros médicos donde se aplican las vacunas.
La exigencia del carnet fue retrasada pese al resultado exitoso de registrar casi medio millón de personas vacunadas en tres días, cuando previamente se llegaba apenas a entre 2.000 y 3.000 diarias, según datos oficiales.
Sin embargo, sectores afines al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), entre ellos los comerciantes informales, los maestros rurales y agrupaciones vecinales de El Alto, ciudad aledaña a La Paz, han criticado públicamente los decretos y anunciado protestas para que sean derogados.
“La primera protesta contra el Gobierno en 2022 va a ser la gran marcha por la defensa de la vida por la abrogación de esos decretos. No pueden obligar a la población a vacunarse”, dijo a France 24 Toño Siñani, dirigente de los comerciantes informales de El Alto, que prevén marchar hacia la ciudad aledaña a La Paz para protestar.
Dirigentes políticos y legisladores se resisten a la vacunación
Pero la resistencia a la vacuna también se ha dado a nivel de altos dirigentes, como en el caso del vicepresidente del país, el aymara David Choquehuanca, quien esta semana aceptó por presiones públicas la primera dosis de la vacuna Sinopharm, que le fue aplicada de la mano del propio ministro de Salud, Jeyson Auza.
Choquehuanca se había defendido de las críticas afirmando que superó la enfermedad en dos ocasiones con tratamientos médicos indígenas y comiendo pasto, pero también reveló que llegó a ingerir dióxido de cloro, sustancia considerada peligrosa por la OMS/OPS para tratar el Covid 19, pero que en Bolivia está autorizada por una ley aprobada por el MAS en 2020.
Además, en las últimas horas, la prensa nacional ha revelado que el presidente del Senado y alto dirigente cocalero del MAS, Andrónico Rodríguez, y otros 23 parlamentarios -la mayoría oficialistas- tampoco están vacunados.
Mayor confianza en la medicina ancestral y mitos sobre las vacunas
Al contrario, y para escenificar que sí hay sectores sociales que apoyan la campaña, la líder de la agrupación campesina femenina Bartolina Sisa, Flora Aguilar, aceptó ser inoculada en estado de gestación, si bien pidió que se revalorice la medicina tradicional indígena para enfrentar la pandemia.
La preferencia por las plantas medicinales y la desconfianza con la ciencia parecen ser la causa del rechazo a las vacunas en sectores indígenas, campesinos y populares del MAS, pero también se mezclan con mitos y teorías conspirativas sobre las vacunas, como que estas provocan la esterilidad en las mujeres y cambios genéticos, tópicos ampliamente desmentidos en el mundo.
Auza ha defendido el viernes que Bolivia apuesta por la complementariedad entre la medicina científica y el saber indígena, pero también ha subrayado que las vacunas salvan vidas porque la letalidad de la enfermedad ha bajado del 6,2 % en la primera ola a 0,7 % en la cuarta.
Exministro lamenta retroceso y “mal ejemplo” de líderes
El ex ministro de Salud y experto en salud pública, Guillermo Cuentas, cuestionó que el Gobierno haya retrocedido temporalmente con la aplicación del carnet de vacunación debido “a una falta de planificación integral”, según dijo a France 24.
A su juicio, para que la exigencia del carnet funcione hace falta aumentar masivamente el número de puestos y de personal de vacunación, una campaña intensa de comunicación, educación y orientación y un acuerdo “de todos contra el Covid” para sumar la colaboración de las universidades y las empresas.
También lamentó lo que considera “el mal ejemplo” de algunas autoridades del Estado y líderes políticos que se resisten a vacunarse y, peor, la conducta de algunos dirigentes sociales que sí han recibido la vacuna, pero apoyan las protestas de sus sectores populares contra el carnet de vacunación.
Recordó que con una buena planificación Bolivia ha logrado erradicar varias enfermedades contando con la participación de campesinos e indígenas en los planes de inoculación.
Disputas ideológicas en medio de una cuarta ola con contagios sin precedentes
Además de los sectores afines al MAS mencionados, otros grupos minoritarios de cristianos evangelistas y de la derecha conservadora también se han pronunciado contra los decretos que obligan a la vacunación.
Las disputas ideológicas respecto a las vacunas se producen en medio de la cuarta ola de contagios con un número de infectados nunca antes vistos en la pandemia que ha llegado al pico de 11.190 casos diarios y que, según el Colegio Médico de Bolivia, podría duplicarse en diez días.
En los últimos días, el número de muertes ha rondado los 40 fallecimientos diarios y el viernes llegó a 45, que aún así es una cifra menor a las registradas en anteriores olas.
La gravedad de las infecciones ha hecho que el presidente Luis Arce, junto a varios líderes sociales, anuncie el viernes la suspensión de los actos masivos para celebrar el 22 de enero la fundación del Estado Plurinacional, fecha que conmemora la refundación del país con una Constitución promulgada por Evo Morales en 2009.
El Gobierno ha confirmado que en el país ya circula la variante Ómicron, aunque considera que la Delta es la causa de la inesperada explosión de casos en Bolivia.
Según el Ministerio de Salud, se han aplicado 10,5 millones de vacunas de primeras, segundas, terceras y únicas dosis sobre una población total de 11,8 millones de habitantes.
Desde que comenzó la pandemia, Bolivia ha reportado 664.009 infectados y 19.933 fallecidos.
