La noticia de la detención de la expresidenta de facto Jeanine Áñez (2019-2020), dos de sus exministros y otros vinculados al golpe de Estado de 2019, subleva amores y odios en la sociedad boliviana.

En las calles de La Paz y en varias ciudades se reunieron víctimas y detractores del anterior Gobierno. Celebraron que se iniciaran estos procesos y exigieron que haya justicia. Pero en el bando opositor al Movimiento Al Socialismo (MAS) convocaron a reorganizarse para defenderse ante lo que consideran una “persecución política”.

Pero “esto no es venganza/ es justicia”, coreaban cientos de personas el domingo 14 de marzo cuando se iba a realizar la audiencia de medidas cautelares a Áñez, su exministro de Energía Rodrigo Guzmán y su exministro de Justicia Álvaro Coímbra. Los tres declararon vía on line ante la jueza Regina Santa Cruz, desde una oficina de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en la ciudad de La Paz.

En la mañana de este 15 de marzo fueron trasladados a sus celdas, donde permanecerán en principio cuatro meses, mientras se desarrollen las investigaciones. Coímbra y Guzmán fueron a la cárcel de San Pedro. Áñez fue enviada al Centro de Orientación Femenina (COF) del barrio paceño de Obrajes, pero antes escribió un tuit lamentándose de su situación.

Además hay cuatro militares implicados: el excomandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman; el también excomandante Sergio Orellana; el excomandante de la Policía, general Vladimir Yuri Calderón; y el excomandante de la Armada Boliviana, almirante Flavio Arce. Este último es el único que hasta ahora fue detenido e imputado por los delitos de terrorismo y sedición. Se desconoce el paradero de los tres primeros uniformados.

Durante los días previos y posteriores al golpe de 2019, un grupo irregular llamado Resistencia Juvenil Cochala, con base en la ciudad de Cochabamba, violentó y amedrentó a decenas de personas, la mayoría proveniente de áreas rurales, quienes por ese motivo eran identificadas como “masistas”, es decir partidarios de Evo Morales (2006-2019).

El líder de esta banda de motoqueros, Yassir Molina, fue detenido en la madrugada del domingo en Quillacollo, Cochabamba, y trasladado a la ciudad de Sucre (centro), donde es la sede del Órgano Judicial. Se lo acusa por los delitos de organización criminal, afectación contra bienes del Estado, tenencia y portación ilegal de arma de fuego, informaron desde el Ministerio de Gobierno.

El ministro de Justicia, Iván Lima, dijo en conferencia de prensa que había radicado en la ciudad de Sucre cuatro acusaciones de juicio por responsabilidades contra Áñez. Uno de ellos es por el préstamo de 346,7 millones de dólares otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual ya fue devuelto por el Gobierno de Luis Arce.

Se considera que este préstamo ilegal habría ocasionado un daño económico al Estado de 30 millones de dólares.

Otra causa es por la prórroga de la concesión de Fundempresa, que es una fundación encargada de operar el Registro de Comercio de Bolivia. Mediante decreto, Áñez le extendió ilegalmente el negocio por 15 años más, indicó Lima.

Una tercera denuncia es por la vulneración de derechos humanos de bolivianos residentes en Chile, a quienes no se les permitió ingresar a su país cuando brotó la pandemia de COVID-19 en la región, en abril de 2020.

La cuarta causa es por persecución a quienes compartieron memes o mensajes de WhatsApp en rechazo a la presidencia de Áñez.

El único obstáculo es que para motorizar estos juicios el MAS necesitará de dos tercios de votos de la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo cual actualmente no tiene. Posee la mayoría, sí, pero simple.

Si hay alguien interesado en obtener justicia, son las familias de las 37 víctimas del golpe de 2019. La Asociación de Familiares de Víctimas de la Masacre de Senkata estuvo entre las organizaciones que exigieron en la calle, ante la FELCC, que se ampliara la acusación contra Áñez y sus ministros.

La expresidenta de facto y los integrantes de su gabinete fueron detenidos bajo los cargos de “terrorismo, sedición y conspiración”. Pero los familiares de las víctimas de Senkata exigen que también se los juzgue por “asesinato, homicidio, lesiones graves y leves”.

Entre los cuatro juicios por responsabilidades que se pretende iniciar en Sucre, no hay mención de ninguna de las masacres cometidas durante el gobierno de Áñez. En este sentido, el ministro Lima indicó que esperan a que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), presente su informe a finales de mayo. Entonces, aseguró, se impulsaría ese juicio.

Pero las familias de las víctimas pidieron que se inicie a la brevedad esta demanda. “Hemos dado nuestros testimonios no solamente al GIEI. También le hemos dado nuestras declaraciones al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía. Por eso hemos pedido que se avance en nuestro proceso de justicia”, dijo a Sputnik la presidenta de la Asociación de Familiares de Víctimas de la Masacre de Senkata, Gloria Quispe.

Por su parte, la secretaria ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa (CNMCIOB-BS), Segundina Flores, ofreció a Sputnik un balance de los últimos días, en los cuales el Gobierno y el Órgano Judicial avanzaron abruptamente sobre varios cabecillas del golpe y del consiguiente Gobierno de facto.