Bolivia presenta parte del armamento enviado desde Argentina en 2019

“Lo que pasó en territorio nacional se encuentra tipificado bajo nuestro ordenamiento jurídico nacional y se denomina ‘tráfico ilícito de armas'”, dijo en conferencia de prensa el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, al anunciar avances de las investigaciones y la apertura de procesos judiciales.

Las armas y municiones de tipo militar y pertrechos antidisturbios de uso policial llegaron a Bolivia en un mismo avión en dos lotes distintos, uno autorizado y otro clandestino, cuando se producía la instalación del Gobierno transitorio de Jeanine Áñez, tras al derrocamiento de Evo Morales.

“En el [avión] C-130 venía armamento y personal argentino autorizado por el pueblo boliviano y cumpliendo los mecanismos; no obstante, llegaron otras municiones, otras granadas, proyectiles, que no fueron solicitados ni por el gobierno ni autoridades correspondientes de turno”, remarcó Del Castillo.

Del Castillo reiteró la denuncia del presidente Luis Arce, hecha la semana pasada, de que el golpe de Estado de 2019 fue una confabulación internacional, de la cual citó provisiones militares y policiales enviadas por Argentina y Ecuador, y el respaldo del Gobierno de Estados Unidos.

El funcionario señaló que en julio de 2019 el subsecretario adjunto del departamento de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kevin O’Reilly, se reunió en Bolivia con miembros de las embajadas de Perú, Argentina y Brasil, y delegados de la Organización de los Estados Americanos y la Unión Europea.

Sobre los pertrechos enviados desde Argentina —en un avión que partió el 12 de noviembre de 2019, el día de la autoproclamación de Áñez, y fue descargado el día 13 en La Paz— precisó que parte era un cargamento cuya autorización había sido gestionada previamente y otra parte no estaba autorizada.

La nave trajo “un cargamento de forma legal, que fue autorizado en Cancillería, para brindar protección a la Embajada de Argentina, y otro material antidisturbios, no autorizado, debido a que no cuenta con ningún tipo de registro formal ni ha seguido los procedimientos establecidos en la Ley”, explicó.

Del Castillo presentó a la prensa materiales antidisturbios, que la Policía local encontró recientemente en sus depósitos sin documentación de respaldo, y aseguró que continuaban las investigaciones para dar con el paradero o precisar el uso de otros materiales, incluido armamento militar.

Estos pertrechos no registrados incluirían pistolas automáticas, cinco carabinas, dos ametralladoras y otros equipos y municiones, según informó la semana pasada la Agencia Nacional de Materiales Controlados de Argentina, que dijo haber autorizado su envío temporal a Bolivia.

La supuesta trama de tráfico de armas quedó al descubierto a fines de junio, cuando el Gobierno boliviano reveló una carta del general Jorge Terceros, comandante de la Fuerza Aérea Boliviana durante el golpe, agradeciendo al embajador argentino de entonces, Normando Álvarez, por la provisión de materiales antidisturbios.

Terceros incluyó en su nota una lista de los materiales recibidos por la FAB, que según denunciaron luego los gobiernos boliviano y argentino incluía solo una parte de los pertrechos enviados por Buenos Aires.

El actual Gobierno argentino de Alberto Fernández ha abierto procesos judiciales contra exautoridades de ese país, incluido el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), mientras en Bolivia la Fiscalía ha anunciado también el inicio de un proceso contra los implicados en el país.

Entre éstos, según Del Castillo, estarían los excomandantes Terceros, de la Fuerza Aérea, Yury Calderón, de la Policía, y el exembajador Álvarez.