El presidente de Brasil reitera sus ataques a la separación de poderes en la marcha de Brasilia antes de viajar a São Paulo para otra manifestación en este Día de la Independencia
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha conseguido la exhibición de fuerza que buscaba en este 7 de septiembre, 199 aniversario de la independencia de Brasil de Portugal. Con el patriotismo y la libertad como banderas, el ultraderechista ha sacado a la calle en plena pandemia a grandes multitudes en Brasilia, São Paulo y otras ciudades. Con esta movilización busca apoyo popular para el pulso que mantiene contra el Poder Judicial, para persistir en su ataque sistemático a la división de poderes e intentar revertir las encuestas que reflejan una popularidad menguante en medio de la crisis económica y de una grave sequía.
Bolsonaro ha llegado a la protesta de Brasilia con la faja presidencial y a lo grande, a bordo de un Rolls Royce conducido por el antiguo piloto de Fórmula 1 Nelson Piquet. Su discurso, en tono mesiánico y ante una multitud, ha incluido una amenaza golpista a los jueces del Supremo que le investigan por difundir noticias falsas: “O el jefe de ese poder [el judicial] le pone firme [al juez que impulsa el caso] o ese poder puede sufrir aquello que no queremos”, ha proclamado en la plaza de los Tres Poderes, el corazón de la democracia brasileña. “Hoy es el día del pueblo brasileño, que nos va a dar un rumbo, hacia dónde debe ir Brasil. Hoy solo quiero ser su portavoz”, ha dicho. El rechazo al mandatario en las encuestas nunca ha sido tan elevado como ahora.
Organizaciones izquierdistas han convocado también protestas antibolsonaristas en ambas ciudades. Y una acampada indígena en Brasilia es otro de los posibles puntos de fricción. Miles de policías están desplegados para evitar incidentes violentos.
En la avenida Paulista, escenario de las grandes manifestaciones en São Paulo, todo es entusiasmo acrítico hacia Bolsonaro. Y el Tribunal Supremo, uno de los mayores problemas de Brasil. João Geraldo, policía jubilado de 57 años, es contundente: “Necesitamos echar al Supremo porque está corrupto. Suelta a los delincuentes y detiene a los trabajadores… Hay que hacer una limpieza general tanto en el Supremo como en el Congreso”. Es fácil dar en la multitud con jubilados de las fuerzas de seguridad o las Fuerzas Armadas. El teniente y bombero jubilado Adilson Nunes ve necesario luchar contra “el ascenso del comunismo” y añade que “el pueblo quiere que los jueces del Supremo se vayan y entren (en el tribunal) personas con visión patriótica no partidista”. Es de los que en 2003 voto por Luiz Inácio Lula da Silva y el Partido de los Trabajadores, que entonces encarnaban el cambio.
La abogada Mónica Tanure, de 52 años, ha venido desde Espíritu Santo, a 800 kilómetros, con toda su familia para pasar el puente y manifestarse. Explica que no apoya a Bolsonaro al 100%, pero lo considera la mejor opción. “Hay muchas cosas en las que estoy en contra de él, pero entre Lula y Bolsonaro me quedo con Bolsonaro”, dice esta mujer con una camiseta amarilla que lleva estampado “mi partido es Brasil”.
Como buen populista, el mandatario de extrema derecha habla constantemente del pueblo y se erige, por encima del Congreso, en el intérprete máximo de los anhelos populares. Sus constantes ataques a la separación de poderes y sus gestos autoritarios avivan periódicamente el temor a un autogolpe o a algún tipo de quiebra del orden constitucional en la tercera mayor democracia del mundo.
El presidente brasileño y sus seguidores repiten machaconamente el argumento de que otras instituciones le impiden gobernar en defensa de los intereses del pueblo. En las marchas de este martes se han vuelto a ver pancartas reclamando “una intervención militar ya” o criticando la supuesta “dictadura de la toga”. Es así como interpretan las decisiones de las instituciones que ejercen de contrapeso democrático, como el Tribunal Supremo o el Congreso.
Esta movilización viene precedida por semanas de enorme tensión, declaraciones amenazantes por parte de Bolsonaro contra jueces del Tribunal Supremo y detenciones de varios bolsonaristas acusados de proferir amenazas contra magistrados o instigar el asalto violento de instituciones, al estilo de los trumpistas en el Capitolio tras perder su líder las elecciones.
Los manifestantes consideran que el Tribunal Supremo, con su investigación contra las campañas bolsonaristas de desinformación y acoso a los magistrados, está cercenando la libertad de expresión. “Vivimos en una dictadura del Supremo. A mí me han bloqueado 10 veces. Tengo cuatro Facebook y dos Instagram. Cuando me bloquean unas cuentas, uso las otras”, confiesa Edina de Andrade, jubilada, 67 años, viuda de un policía.
Brasilia asistió el lunes por la noche a los primeros momentos de tensión de este Día de la Independencia en el que los brasileños que han podido se han ido de puente. Los bolsonaristas llegados a la capital para manifestarse forzaron la ruptura de la barrera policial que impedía circular en coche por el área por donde este martes se celebra la concentración.
El bolsonarismo lleva semanas en campaña para movilizar a algunos de los grupos que dieron un apoyo más sólido al ultraderechista en las elecciones de 2018. Entre ellos, destacan los policías militares y los evangélicos. Bolsonaro se ha ganado a los primeros con el respaldo a sus demandas salariales durante toda su carrera política y, ahora desde el Gobierno, con la sistemática flexibilización de la venta de armas. A los segundos, con la defensa de una agenda ultraconservadora para la que el Tribunal Supremo sería una amenaza.
Bolsonaro pretende reactivar a su base política en un momento en que la crisis sanitaria amaina, aunque la covid ha matado a 580.000 brasileños, pero la crisis económica es acuciante, se ceba con los más pobres y la sequía más grave en el último siglo causa estragos y amenaza la reactivación.
Otro elemento en el enfrentamiento con las principales instituciones que ejercen de contrapeso democrático en Brasil es el sistema de votación. El presidente Bolsonaro está inmerso en una cruzada para cambiarlo con el argumento de que la urna electrónica que se usa desde hace 25 años no es fiable, aunque nunca se ha confirmado un solo caso de fraude. Por el momento las autoridades electorales y el Congreso han frenado sus intentos. Con su estrategia de sembrar dudas sobre el recuento puede estar preparando el terreno para, emulando a Donald Trump, cuestionar el resultado si en octubre de 2022 Luiz Inácio Lula da Silva le derrota, en caso de que ambos confirmen su candidatura.
Mientras el ultraderechista se dedica a liderar manifestaciones e inaugurar obras, el izquierdista Lula, que encabeza las encuestas, busca alianzas regionales para construir una candidatura y aminorar los temores y el rechazo que aún genera en ciertos ámbitos, como el poder económico o la población más conservadora.
