La iniciativa, que será discutida en el Parlamento, pretende recaudar un 4,1% del PIB: 12.000 millones de dólares
El ministro de Hacienda del Gobierno de Gabriel Boric, el socialista Mario Marcel, ha anunciado este viernes la esperada reforma tributaria de la Administración izquierdista, pieza fundamental para financiar cerca de la mitad de un ambicioso programa. La reforma detallada hoy en La Moneda por el economista y el propio presidente busca recaudar un 4,1% del PIB en cuatro años, es decir, unos 12.000 millones de dólares. Marcel, que ha realizado un importante trabajo antes de que la reforma ingrese al Congreso el lunes, habló de gradualidad, junto con anunciar las principales herramientas con las que esperan conseguir una mayor recaudación fiscal. En un momento de una compleja situación económica, con alta inflación y riesgo de recesión para el próximo año, uno de los principales desafíos del Gobierno será ordenar a sus propias fuerzas en el Parlamento –donde no tiene mayoría–, y sumar apoyos de grupos políticos no oficialistas.
“La reforma tributaria que hoy presentamos junto al ministro Marcel busca una mayor equidad y cohesión social en base a un nuevo pacto fiscal que nos permitirá avanzar en derechos sociales junto a un buen uso de nuestros recursos”, explicó el presidente Boric. Para el ministro, “responde a la idea de un pacto fiscal que aporte al desarrollo del país, que ayude a modernizar el sistema tributario, que le de más justicia al sistema y que sea eficiente tanto en la recaudación como en el uso de los recursos”. Entregó señales convocantes: “No es solamente una reforma tributaria de este Gobierno, sino que un pacto fiscal que más que separar el país entre buenos y malos, lo que busca apoyar el desarrollo del país sobre la base de un diálogo y acuerdos más amplios”, agregó el economista, que hasta antes de entrar al Gobierno presidió el Banco Central.
La reforma contempla un alza de impuestos al 3% de las personas, las de mayores ingresos, con el objetivo de mayor justicia tributaria. Afectará a los sueldos sobre cuatro millones de pesos chilenos, es decir, superiores a los 4300 dólares. Mientras, el impuesto de las empresas bajará del 27% al 25%, para incentivar la inversión en acciones que incrementan la productividad de las empresas y la economía (aunque el recorte se haría efectivo solo si la compañía demuestra que ha destinado 2% a una inversión “productiva”). En paralelo, el nuevo impuesto a la riqueza gravará a 6.300 personas y contempla una tasa de 1% sobre los patrimonios superiores a cinco millones de dólares y de un 1,8% para patrimonios por sobre los 14.500 millones de dólares. La propuesta detallada por Marcel, además, modifica el royalty a la minería, específicamente la tributación de la gran minería del cobre, es decir, la que produce 50.000 toneladas métricas de cobre fino anualmente.
Junto con descuentos tributarios enfocados en las clases medias y el fin de algunas exenciones, la reforma de Boric contempla planes para impedir la evasión y la elusión tributaria y para mejorar la fiscalización. La iniciativa se dividirá en cuatro proyectos de ley y dos de ellos ingresarán en julio al Congreso. Aunque en los últimos días ha existido un acalorado debate entre economistas sobre el lugar de Chile con respecto al mundo en su carga tributaria, el ministro Marcel aseguró que el país está ocho puntos del producto por debajo del promedio de los países de la OCDE.
El líder de uno de los principales gremios de empresarios, Juan Sutil, de la Confederación para la Producción y el Comercio (CPC), aseguró que “independiente de que pueda haber cosas que son buenas, otras que arreglar, otras que hay que mejorar, la incerteza disminuye, porque por lo menos ya sabes perfectamente cuál es la propuesta del Gobierno está haciendo”. Mientras, la oposición política a Boric ha enfocado sus críticas al momento económico por el que atraviesa el país y la ausencia de medidas que se enfoquen en aumentar la inversión y el crecimiento económico, en un cuadro de alta inflación (11,5% en los últimos 12 meses). Para las mineras, en tanto, resulta “complicado aplicar un plan tan ambicioso ante un escenario de alta inflación y señales de recesión económica”, como planteó el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), Diego Hernández.
No está despejada la pista política donde aterriza la reforma tributaria. El presidente ha caído abruptamente en popularidad. Según la última encuesta Cadem, por ejemplo, solo un 34% aprueba su gestión, el menor porcentaje desde que asumió marzo, mientras un 59% lo desaprueba. Mientras, el destino del texto constitucional que el lunes presentará la convención al país parece atado a la suerte del gobierno. De acuerdo al mismo estudio de opinión, la opción de los que lo aprueban retrocede al 33%, mientras que la alternativa de quienes lo rechazan llega al 51%, es decir, 18 puntos por arriba.
