Un tribunal estableció que Ottawa financió de forma insuficiente programas sociales en las reservas, propiciando que miles de niños dejaran a sus familias. El monto servirá para reforzar iniciativas de protección
Ha terminado en Canadá una batalla jurídica de más de 14 años. Este martes, autoridades federales anunciaron un acuerdo alcanzado con organismos indígenas. Ottawa desembolsará unos 40.000 millones de dólares canadienses (31.000 millones estadounidenses) en indemnizaciones y apoyo a iniciativas de protección hacia estos grupos. Las negociaciones tuvieron como base una decisión del Tribunal canadiense de Derechos Humanos: el Gobierno federal discriminó a niños autóctonos al financiar de forma insuficiente servicios para la infancia y la familia durante 30 años en las reservas, provocando con ello que miles de estos menores fueran a parar a albergues o vivieran con familias de acogida.
“Ninguna indemnización puede compensar el trauma sufrido, pero este acuerdo reconoce el daño y el dolor causados a los niños sobrevivientes y a sus familias por la discriminación en el financiamiento”, declaró Patty Hadju, ministra de Servicios Indígenas. Este martes se dio a conocer que las partes llegaron a un acuerdo el pasado 31 de diciembre, fecha límite impuesta por el juez para alcanzar un arreglo amistoso. Sin embargo, Marc Miller, ministro de Relaciones entre la Corona y los Grupos Indígenas, había avanzado el 13 de diciembre que un ajuste en el presupuesto contemplaba ya un monto igual al anunciado. “Han sido 30 años de fracaso y discriminación hacia los niños autóctonos”, reconoció ese día Miller.
La mitad del dinero estará destinado a indemnizaciones, tanto a los menores afectados como a sus padres, en un periodo que comprende entre el 1 de abril de 1991 y el 31 de marzo de 2022. Al menos 54.000 niños han sufrido los impactos de este financiamiento insuficiente. El resto del monto servirá para mejorar distintos elementos del sistema de protección infantil en las comunidades. Los indígenas canadienses menores de 15 años representan el 8% del total de esta franja de edad en el país. No obstante, ocupan más de la mitad de los espacios en el sistema de albergues y familias sustitutas.
En febrero de 2007, la Asamblea de Primeras Naciones de Canadá (que reúne a más de 600 líderes de comunidades indígenas) y la Sociedad de apoyo a la infancia y a la familia de los grupos autóctonos presentaron una demanda contra el Gobierno federal ante el Tribunal canadiense de Derechos Humanos por el financiamiento insuficiente de los programas, un ejemplo para ellos de discriminación. Dicha institución judicial dio la razón a los demandantes en 2016, autorizando en 2019 las negociaciones para alcanzar un acuerdo. Ottawa hizo uso de distintos recursos de apelación. Sin embargo, un juez volvió a solicitar al Gobierno canadiense el pago de los montos. Tras apelar de nueva cuenta, las autoridades federales se comprometieron a llegar a un acuerdo a más tardar el 31 de diciembre, fecha establecida por el tribunal.
Este martes, la Asamblea de Primeras Naciones de Canadá reaccionó a través de Cindy Woodhouse, jefa de las comunidades indígenas de la provincia de Manitoba e integrante del equipo negociador de este arreglo. “Hemos esperado este acuerdo desde hace mucho tiempo. Los grupos indígenas del país han trabajado muy fuerte para alcanzarlo”, declaró Woodhouse. El ministro Miller comentó que, pese a que no pueden revertirse los daños sufridos, “las injusticias históricas requieren de reparaciones históricas”.
El acuerdo alcanzado refleja una vez más el conjunto de condiciones adversas para un importante número de indígenas canadienses. Políticas desatinadas por parte de Ottawa y acciones alimentadas por la discriminación han tenido profundo impacto en comunidades autóctonas desde hace décadas. El hallazgo el año pasado de más de 1.200 fosas sin marcar en terrenos de cuatro antiguos internados para niños indígenas mostró como nunca este rostro sombrío de Canadá. Una red de 139 centros de este tipo operó en el país norteamericano entre 1883 y 1996 para asimilar a estos menores por la fuerza. Su financiamiento provino del Gobierno federal, mientras que su administración estuvo a cargo de grupos religiosos. La negligencia, la violencia sexual, los castigos físicos y el racismo fueron comunes dentro de sus muros. Algunos expertos calculan que más de 6.000 niños fallecieron en estas instituciones.
