SANTIAGO, Chile — El domingo, los votantes de Chile podrían transformar a uno de los países más conservadores de América Latina en una de las sociedades con más inclinación de izquierda.

En una sola papeleta, los chilenos van a decidir si desean aborto legal, salud pública universal, paridad de género en el gobierno, sindicatos empoderados, grupos indígenas con mayor autonomía, derechos para los animales y la naturaleza así como derechos constitucionales a la vivienda, la educación, las prestaciones de jubilación, el acceso a internet, al aire limpio, el agua, el saneamiento y al cuidado “desde el nacimiento hasta la muerte”.

Tal vez sea la votación más importante en los 204 años de historia de esta nación sudamericana de 19 millones de habitantes, un plebiscito obligatorio y nacional para decidir sobre una Constitución redactada de cero que, de adoptarse, sería una de las cartas magnas más transformadoras y amplias del mundo.

Luego de tres años de protestas, campañas y debates, el futuro del país se reduce a una única y sencilla pregunta: ¿Aprobar o rechazar?

Si los votantes aprueban el texto, Chile, que recién legalizó el divorcio en 2004, de pronto tendría más derechos consagrados en su carta magna que cualquier otro país del mundo. Si lo rechazan, Chile tendría poco que presumir respecto a lo que alguna vez se consideró como una revolución política importante.

Ahora, parece que las amplias ambiciones de la Constitución propuesta también podrían ser su perdición.

A muchos chilenos les preocupa que la nueva Constitución cambie a su país de una manera demasiado drástica. Y sus preocupaciones han sido intensificadas por la confusión en torno a los detalles, la incertidumbre sobre su impacto y una desinformación rampante

“¿Cómo demonios vas a votar sobre una Constitución con 388 artículos?”, dijo Gabriel Negretto, profesor de ciencia política en Chile que ha estudiado reformas constitucionales en todo el mundo. “Están abrumando a los votantes”.

Chile entra en una tendencia reciente de nuevas constituciones que brindan más derechos humanos que otros documentos previos, dijo Negretto. Las tres constituciones que actualmente consagran el mayor número de derechos son las de Ecuador, Bolivia y Serbia y todas entraron en vigor después de 2006.

Si los votantes rechazan la Constitución propuesta sería un revés considerable para la nueva gestión del presidente Gabriel Boric, un exlíder estudiantil tatuado, de 36 años, que tomó posesión en marzo pero que rápidamente ha enfrentado una caída en los índices de aprobación en medio de un ambiente de incremento inflacionario y criminalidad. La Constitución le permitiría a Boric ejecutar su proyecto izquierdista, mientras que el rechazo podría enredar su mandato con un mayor conflicto político en torno a los planes de su gobierno a corto plazo.

Hace un año, la mayoría de los chilenos habría apostado a que el país aceptaría el proyecto constitucional. Había un amplio y prolongado descontento con la carta magna actual, que tiene sus orígenes en la cruel dictadura del general Augusto Pinochet, quien gobernó de 1973 a 1990.

En 2019, las manifestaciones a nivel nacional que dejaron 30 personas fallecidas ocasionaron que el liderazgo político de Chile permitiera la celebración de un referéndum sobre la Constitución. Un año después, casi cuatro de cinco chilenos votaron para remplazarl.

Pero ahora las encuestas sugieren que los chilenos se inclinan a rechazar el remplazo. En mayo surgieron detalles del amplio espectro de la propuesta final y desde entonces el “rechazo” ha tenido una ventaja consistente y considerable en las encuestas por encima del “apruebo”.

“Me levanto todos los días a las 5 de la mañana. Estoy muy estresada”, dijo Claudia Heiss, politóloga de la Universidad de Chile que ayudó al gobierno a crear el proceso de redacción de un nuevo texto.

“Creo que el ‘rechazo’ ganará”, añadió. “Y todo esto no habrá servido de nada”.

Sin embargo, hay razones para dudar de esa percepción. Como, a diferencia de otras elecciones, el voto del domingo es obligatorio y si no se acude a sufragar se paga una multa de hasta 30 dólares, se espera que la participación rompa récords.

El rechazo a la propuesta sería una excepción histórica. En los últimos 230 años, en el 93 por ciento de los 179 plebiscitos nacionales que versaban sobre constituciones nuevas ha ganado la aceptación, según un análisis realizado por los politólogos Zachary Elkins y Alex Hudson.

“El hecho de que estemos discutiendo sobre quién va a ganar es una falla del sistema político”, dijo en una entrevista Ricardo Lagos, quien fue presidente de Chile de 2000 a 2006.

Lagos, un centroizquierdista que ha defendido con entusiasmo una nueva carta magna, dijo que los izquierdistas que controlaron el proceso se habían extralimitado. “Esta Constitución es extremadamente partidista”, comentó.

Lagos no indicó cómo votaría e insinuó que tal vez dejaría en blanco su papeleta.

El texto, de 170 páginas, convertiría al Estado chileno, que ha tenido un papel limitado en la vida de sus ciudadanos, en garante de más de 100 derechos. Ninguna Constitución nacional en el mundo incluye más derechos, según un análisis realizado por el Comparative Constitutions Project, una revisión global de constituciones realizada por Elkins y Tom Ginsburg, profesor de derecho en la Universidad de Chicago.

Los derechos van de lo profundo hasta lo prosaico y lo peculiar.

Además del derecho a la vivienda, la educación y los servicios de salud, la nueva Constitución consagraría la libertad de expresión, religión y cosmovisión. Habría derecho al tiempo libre, la actividad física, la educación sexual, la ciberseguridad, la protección a los datos personales y “a la asesoría jurídica gratuita e íntegra” para “toda persona que no pueda obtenerla por sí misma”.

Los chilenos tendrían el derecho a “una alimentación adecuada, saludable, suficiente, nutricionalmente completa y pertinente culturalmente”; el derecho a desarrollar su “personalidad, identidad y sus proyectos de vida”; y el derecho a “vivir en entornos seguros y libres de violencia” a “envejecer con dignidad” y a “una muerte digna”.

Los trabajadores tendrían el derecho a una remuneración “equitativa, justa y suficiente” y a sindicalizarse e ir a la huelga. Y los ciudadanos contarían con el derecho a elegir su identidad, “en todas sus dimensiones y manifestaciones, incluyendo las características sexuales, identidades y expresiones de género, nombre y orientaciones sexoafectivas”.

Los chilenos también tendrían “derechos sexuales y reproductivos”, que incluyen que las mujeres pudieran tener acceso a “una interrupción voluntaria de su embarazo”, una redacción que consagraría el derecho al aborto de manera más explícita que cualquier otra constitución nacional, dijo Ginsburg.

Sería un cambio crucial para Chile, que prohibía todas las formas de aborto hasta 2017, cuando legalizó el procedimiento solo en casos de violación, un feto inviable o amenaza a la vida de la madre.

Uno de los cambios inmediatos más claros que tendría la nueva Constitución sería el requerimiento de que las mujeres ocupen al menos el 50 por ciento de muchos cargos gubernamentales, sería el primer requisito de este tipo incluido en cualquier constitución, dijo Ginsbur.

La propuesta más controversial es la de definir a Chile como un Estado plurinacional, lo que significa que 11 grupos indígenas, que representan casi el 13 por ciento de la población, podrían ser reconocidos como naciones con sus propios sistemas de gobernanza y tribunales. Eso implicaría brindar derechos que estarían entre los más amplios de cualquier parte del mundo, según los expertos.

La propuesta constitucional también dice explícitamente que “la naturaleza tiene derechos” y que “el Estado y la sociedad tienen el deber de protegerlos y respetarlos”. También ordena al Estado a proteger a los animales, “reconociendo su sintiencia y el derecho a vivir una vida libre de maltrato”.

Los expertos en derecho constitucional dijeron que esas disposiciones probablemente estén encaminadas a impulsar al Congreso Nacional de Chile a adoptar leyes de protección ambiental, pero que también permitirían que los abogados presenten demandas en nombre de un bosque o una especie en peligro de extinción.

Los economistas chilenos estiman que implementar la nueva carta magna costaría al gobierno entre el 9 y el 14 por ciento del producto nacional bruto de Chile, de 317.000 millones de dólares. “Es el costo de satisfacer las necesidades básicas de los chilenos y chilenas: que se eduquen bien, que tengan acceso a la salud, a una pensión digna, a una vivienda”, dijo Álvaro García, exministro de Economía de Chile.

La Constitución también reestructuraría el gobierno, al eliminar el Senado, fortalecer a los gobiernos regionales y permitir que los presidentes chilenos se postulen a un segundo mandato consecutivo.

La propuesta es tan audaz y poco convencional en gran medida porque fue redactada por muchos constituyentes que no pertenecen al sistema político tradicional y que pudieron postularse a la convención.

Poco después de las protestas contra la clase política, los chilenos votaron a favor de que candidatos independientes ocuparan más de la mitad de los 155 escaños. Eligieron abogados, académicos, periodistas, dos actores, un dentista, un mecánico, un maestro ajedrecista y una bandada de activistas de izquierda, incluida una que se hizo famosa por protestar con un disfraz de Pikachu. Diecisiete escaños fueron para personas indígenas.

Los izquierdistas consiguieron más de dos terceras partes de los escaños de la convención, lo que les dio el control total del proceso, ya que para añadir medidas se requería una mayoría de dos tercios.

En algunas ocasiones, el variopinto grupo que decide el futuro de Chile llamó la atención de manera indeseada. Una mujer dio un discurso con el pecho descubierto y un hombre dejó prendida su cámara mientras se daba una ducha durante una votación remota. Muchos votantes sintieron que la convención no se tomaba en serio el proceso.

A la gente, “yo creo que más la ha distanciado lo que fue el comportamiento de la convención”, dijo Patricio Fernández, un escritor de izquierda que formó parte de la convención.

En meses recientes, los chilenos han sido bombardeados con publicidad de las campañas del apruebo y el rechazo, en ocasiones engañosa: se ha afirmado, por ejemplo, que la Constitución permitiría el aborto en el noveno mes de embarazo y prohibiría ser propietario de una vivienda.

La noche del jueves, ambos bandos organizaron mítines de cierre. Cientos de miles de partidarios del apruebo llenaron el centro de Santiago y asistieron a conciertos de músicos chilenos famosos, desde rap al folk andino.

“Yo ya he vivido, pero quiero un cambio profundo para los niños de Chile”, dijo María Veloso, de 57 años, quien regenta un puesto de comida.

En una zona más adinerada de la ciudad, en un anfiteatro que lleva el nombre del poeta Pablo Neruda, un grupo mucho más reducido se reunió con motivo de su campaña para rechazar el texto. (Neruda, irónicamente, era un comunista). Cientos de personas ondearon banderas chilenas y bailaron con la actuación de un imitador del extravagante cantante mexicano Juan Gabriel.

“Aquí en Chile, están defendiendo más a los perros que a los bebés”, dijo Sandra Cáceres Ríos, de 50 años, vendedora de productos de herbolaria.

Sin importar el resultado, aún queda más negociación política por delante. En caso de aprobarse, el Congreso de Chile, que está dividido ideológicamente, tendrá la tarea de averiguar cómo implementar muchos de los cambios. Los legisladores podrían intentar limitar significativamente el alcance o el impacto de algunas políticas, como el aborto o los derechos indígenas, con la aprobación de leyes que interpreten la redacción de los artículos de forma limitada.

En última instancia, el efecto real de muchas de las disposiciones sería probablemente determinado por los tribunales.

Si el texto es rechazado, el presidente Boric ha dicho que le gustaría que una nueva convención constitucional prepare y proponga otro documento.

En otras palabras, le gustaría volver a intentarlo de nuevo.