Siete años después de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC, las críticas de diferentes sectores se acrecientan por el lento avance de su implementación. El presidente del país, el izquierdista Gustavo Petro, ausente en el evento de conmemoración, recibió diversos cuestionamientos por no dar continuidad al acuerdo y por la forma como adelanta nuevos procesos de paz. Aunque el acuerdo con las FARC buscaba dar fin a uno de los conflictos más antiguos del mundo, la violencia se mantiene debido al auge de otros actores armados. En ese marco, han sido asesinados cientos de antiguos guerrilleros y defensores de derechos humanos.
24 de noviembre de 2016. Juan Manuel Santos, entonces presidente de Colombia, y Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, exlíder de la guerrilla de las FARC, estrechaban sus manos en el Teatro Colón, uno de los más icónicos de la capital colombiana.
Un amable apretón de manos que anuncia la exitosa culminación de los diálogos en la búsqueda de acabar con el conflicto armado, que dejaba hasta ese momento unos 450.000 muertos, según un informe de la Comisión de la Verdad.
Siete años después, Santos y “Timochenko” volvieron a estrechar sus manos, esta vez en el Centro de Memoria de Bogotá, donde realizaron un balance sobre lo que ha sucedido en Colombia en temas de paz desde ese entonces, a lo que Santos dijo que ha sido un proceso “de cal y de arena”, refiriéndose a sus logros y fracasos.
Los fracasos del acuerdo de paz
En lo negativo, Santos aseguró que el acuerdo se ha implementado con gran lentitud, inicialmente por el Gobierno del derechista Iván Duque, al mando del país entre 2018 y 2022, y, posteriormente, en el de Gustavo Petro, quien asumió la Presidencia el 7 de agosto de 2022.
A junio de 2023, tan solo el 31 % de los 578 compromisos pactados entre las dos partes se ha cumplido, el 36% está en estado mínimo, el 20% en intermedio y el 13% ni siquiera se ha iniciado, según estimaciones del Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame de Estados Unidos, encargado de la vigilancia independiente del acuerdo de paz.
Mientras que la organización Somos Defensores asegura que, desde la firma del acuerdo, 406 exguerrilleros han sido asesinados, así como 1.015 defensores de derechos humanos han perdido la vida, debido a la reconfiguración del conflicto y de aquellos insurgentes que decidieron no acogerse al acuerdo.
Los logros de los que se enorgullecen tras la firma
Santos aseguró que el reconocimiento de víctimas y que sus testimonios hayan estado en el centro de las negociaciones, “incluso antes de firmar”, es uno de los logros más grandes para la reparación y la verdad del conflicto con las FARC, que se extendió por más de medio siglo.
Uno de los puntos más importantes que dejó el acuerdo fue el establecimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un tribunal de justicia restaurativa que aún escucha testimonios, tanto de las víctimas como de los perpetradores de la violencia, incluyendo a excombatientes de las FARC, así como a exintegrantes de las Fuerzas Militares y la Policía.
También la publicación del informe final de la Comisión de la Verdad es visto como un logro, ya que se documentaron de manera oficial los asesinatos, secuestros, agresiones sexuales, entre muchos otros, que convirtieron a Colombia en uno de los países más violentos del mundo durante el siglo XX.
Mecanismos que llamaron la atención de la comunidad internacional y que llevaron al expresidente Santos a ganar el premio Nobel de Paz en 2016, además de convertir al país suramericano en un referente en cuanto a la resolución de conflictos y del cual se ha buscado tomar su ejemplo en Ucrania, Etiopía y Afganistán.
Críticas a Petro por la poca implementación del acuerdo durante su Gobierno
El actual presidente, Gustavo Petro, canceló su participación en el evento de la conmemoración de la firma del acuerdo. En su representación envió al ministro de Exteriores, Álvaro Leyva, quien aseguró que el Gobierno tiene como prioridad hacer cumplir el acuerdo.
Mientras que la Cancillería publicó un mensaje referente al tema en su cuenta de X:
Sin embargo, el expresidente Juan Manuel Santos criticó al Gobierno de Petro tras asegurar que el año pasado solo se avanzó en un 1% en la implementación del acuerdo, tras la gran expectativa que había generado la llegada del primer mandatario de izquierda a Colombia.
El también Nobel de Paz dijo que actualmente no hay “estructura ni presupuesto” para la implementación del acuerdo que fue negociado en Cuba, además de tildar como el “peor error estratégico” el hecho de autorizar a que grupos disidentes, que siguieron combatiendo tras la firma de la paz, se presenten como integrantes de las FARC.
“Yo creo que el peor error estratégico que ha cometido este Gobierno fue darle patente de corso a la intención de las llamadas disidencias de presentarse como las FARC-EP, como el Estado Mayor de las FARC-EP”, alegó Santos.
No obstante, Santos invitó al presidente Petro a que dé continuidad al acuerdo de 2016 y a que no dejé atrás los logros alcanzados por el desarrollo de su política de “paz total”, un ambicioso plan que busca el desarme de todos los grupos armados, criminales, paramilitares y narcotraficantes del país.
Una política que tiene dos procesos abiertos: uno con el autodenominado Estado Mayor Central (EMC), integrado por miembros de las extintas FARC que no se acogieron a los acuerdos de 2016 y del que las dos partes anunciaron un nuevo ciclo de diálogos hace una semana.
El otro es con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el cual sufre una fase crítica luego del secuestro durante 12 días del padre de Luis Díaz, jugador de la selección colombiana y del club inglés Liverpool.
Un hecho que produjo el enfriamiento de los diálogos con el grupo subversivo, que está activo desde 1964 y con el que Gustavo Petro ha sido el séptimo mandatario colombiano en intentar un desarme.
El Gobierno colombiano exige al ELN la liberación de aquellos que mantienen en cautiverio, que según la agencia AP asciende a 19 personas, así como dar fin a la práctica del secuestro, la principal fuente de financiación del grupo armado.
